Drogas
Regular la cocaína para frenar el dolor y la sangre en América Latina

“La culpa no es ni de los cultivadores ni de los consumidores, la culpa es del prohibicionismo”, aseguraba Isabel Pereira, coordinadora de política de drogas de la organización colombiana DeJusticia. “La política de drogas lo que busca es exterminarnos”, sentenció por su lado Elcy Mesa, lideresa indígena nasa del Cauca, una de las regiones con más hectáreas de cultivo de coca de Colombia. “La guerra contra las drogas produce mucho más daño que las sustancias en sí. La mejor reducción de daños es la posibilidad de una regulación”, añadía Graciela Touzé, activista argentina de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños. Todas son afirmaciones alejadas de los imaginarios colectivos estándar y verbalizadas en el marco de la Conferencia Internacional de Política de Drogas, Derechos Humanos y Corresponsabilidad Global celebrada en Barcelona a principios de junio.

El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, viene planteando este cambio de paradigma sobre la política mundial de drogas desde su llegada al poder en 2022 y uno de sus lemas más habituales es que “la guerra contra las drogas ha fracasado”. Pero su liderazgo a nivel internacional para avanzar o al menos dialogar multilateralmente sobre una posible regulación no ha estado a la altura de la urgencia y las expectativas. Y, a menos de un año de las próximas elecciones, no ha cumplido aún con uno de los compromisos que nace de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y los Acuerdos de Paz de 2016: convocar una Conferencia Internacional de Drogas, prevista teóricamente para este 2025. 

Convocada por la Taula Catalana Por Colombia

La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, empujada por una diáspora colombiana en Catalunya muy bien organizada, sí ha hecho los deberes y ha juntado durante cuatro días representantes de cultivadores, de consumidores, expertos de México, Bolivia, Perú, Argentina, Portugal y Estados Unidos en políticas de drogas y reducción de daños, cooperación, ONG y miembros de instituciones públicas, con el objetivo de “promover cambios en la legislación internacional respecto a la política de drogas basados en la protección de los derechos humanos y la construcción de paz sostenible”, según predica la página web de la conferencia.

El prohibicionismo es responsable, desde la perspectiva instalada en esta conferencia, del asesinato de 1.800 lideres sociales y defensores de derechos humanos y del territorio y la vida

“Esta conferencia ha sido histórica porque por primera vez se entra desde la perspectiva de los derechos humanos para pensar las políticas prohibicionistas y los mercados de sustancias ilegalizadas desde una mirada latinoamericana y también catalana”, asegura Estefanía Ciro, ponente de la conferencia, economista e investigadora sobre narcotráfico, economías y políticas de las drogas y conflicto armado.

Según Ciro, originaria del Caquetá, Colombia, y residente en México, “la izquierda comparte esta mirada y hablan públicamente de regulación”, pero “lo que no es común, es abordar política de drogas y política de derechos humanos junto: cruzar estas dos dimensiones de la guerra y la paz no solo en Colombia sino en el mundo, es una tarea urgente y afortunadamente la Taula Catalana la está encabezando”.

“En México hay dos guerras: una contra el narco y otra contra las mujeres”

Coral Salvador Soy María Asensio López Pozuelo

Feminismos

“En México hay dos guerras: una contra el narco y otra contra las mujeres”

Coral Salvador Soy ,  María Asensio López Pozuelo

Las mujeres chiapanecas continúan alzando sus voces. Muchas de ellas organizadas en colectivos feministas con el objetivo de denunciar y combatir la violencia machista en San Cristóbal de las Casas así como en el resto de la región

Del discurso a la realidad

Otros países golpeados fuertemente por la violencia generada por el narcotráfico como México, han reconocido abiertamente que el camino de la prohibición y la estigmatización no ha sido eficaz y por ejemplo en la Conferencia Latinoamericana y el Caribe sobre drogas celebrada en 2023, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, afirmó, “no podemos pensar solo en medidas coercitivas”. Sin embargo esto no se trasladó a la práctica y, según un informe de la organización Elementa DDHH (basada en Colombia y México) la militarización se profundizó en el gobierno de López Obrador, así como la prisión preventiva por delitos relacionados con drogas.

Paula Aguirre, investigadora de Elementa y ponente de esta conferencia en Barcelona, asegura que desde Elementa “apostamos por difundir información basada en evidencia y derechos humanos y así transformar poco a poco el imaginario colectivo que tiende a asumir que, por ejemplo, regular el uso adulto del cannabis, va a aumentar el consumo de drogas en el país”.

Durante la conferencia se ha hecho evidente la distancia abismal entre las necesidades y la agenda de las comunidades y los territorios y la de las instituciones, gobiernos y organismos internacionales

El prohibicionismo es responsable, desde la perspectiva instalada en esta conferencia, del asesinato de 1.800 lideres sociales y defensores de derechos humanos y del territorio y la vida, de 459 firmantes del acuerdo de paz y de las más de 640 masacres perpetradas en Colombia desde la firma del acuerdo, con 2.354 personas asesinadas en todas ellas.

Cifras desgarradoras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que se repiten en otras geografías del continente. Pero también es responsable de los encarcelamientos de personas vulnerabilizadas involucradas en tráfico de drogas, de miles de casos de violencia sexual en los territorios en disputa y en las zonas de frontera, de buena parte de los exilios de decenas de miles de personas que se han desplazado de América Latina a causa de la violencia de grupos o bandas armadas vinculadas al narcotráfico, y un largo etcétera.

Durante la conferencia en Barcelona se ha hecho evidente la distancia abismal entre las necesidades y la agenda de las comunidades y los territorios y la de las instituciones, gobiernos y organismos internacionales. “En las regiones productoras el día a día es prácticamente negociar cómo el mercado, el Estado y los actores armadas no siguen aplazando los proyectos de vida de las comunidades, sus gobernanzas: esto se practica cotidianamente en unas posiciones de enorme desventaja, una desventaja que a veces significa muerte”, explica Estefanía Ciro.

Colombia: los caminos de la vida, los sonidos de la guerra

Pablo Elorduy

Acuerdos de Paz de La Habana

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Pablo Elorduy

Dos periodistas de El Salto han formado parte de la misión internacionalista de verificación de derechos humanos que durante nueve días ha recorrido tres focos del conflicto que vive hoy Colombia. Mil días después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la voz de los grupos armados legales e ilegales sigue entonando el presente político del país. Los movimientos sociales exigen justicia y reparación y alertan del incremento de la violencia contra el campesinado y el hostigamiento de los movimientos sociales.

Adrianus Koetsenruijter, enviado especial para el Proceso de Paz en Colombia de la Unión Europea, participó muy interesado de una plenaria que llegó a amplios consensos o faros como la necesidad de regularizar o la de fortalecer la autonomía de las comunidades en los territorios para que puedan sembrar lo que deseen con garantías de vida y condiciones dignas de trabajo. Koetsenruijter, quien en el marco de la conferencia se ha reunido con representantes de las comunidades campesinas e indígenas más golpeadas por el prohibicionismo, veía muy lejos esas opciones.

¿Por dónde empezamos?

Es por eso que en las cuatro mesas de trabajo de la conferencia y también en el acto público final celebrado en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), se han buscado soluciones prácticas desde lo local, fisuras y brechas, desde las que empezar a trabajar. “En el Cauca, desde los gobiernos propios, estamos hablando ya de industrializar: en el momento en que tengamos listos productos derivados de la coca, como harina de coca, o infusiones de coca, para exportar, ¿quién de ustedes nos los va a comprar? Porque no queremos que ese negocio caiga también en manos de las grandes multinacionales”, preguntaba Elcy Mesa, lideresa indígena nasa, poniendo en el debate otro de los grandes retos de este paradigma.

Según la experta Estefanía Ciro, “los altos funcionarios piensan que hablamos de la legalización de Viena y eso no va a pasar, no. La regulación no es un artefacto legal, sino que son formas distintas de hacer cosas, y lo primero que se plantea con la regulación es cambiar las formas de relacionamiento de los actores centrales organizados como los movimientos indígenas, negros y campesinos —atados a las dinámicas territoriales— con otros actores como el Estado, las ONG y esos otros actores de poder que están decidiendo sobre la vida de los pueblos”, asegura.

La ONU reconoce los efectos medicinales del cannabis

Redacción El Salto

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En una votación realizada este mismo miércoles en Viena, la ONU ha reconocido las propiedades medicinales del cannabis.

“Es cambiar la manera en que nos relacionamos los pueblos, las organizaciones, con el poder: los poderes económicos, políticos y los poderes armados. Y que también las formas en cómo nos relacionamos América Latina y Europa, desde estas lógicas coloniales, hacia las horizontalidades, las escuchas y los caminos a escoger”, sentencia Ciro. “Esta conferencia es muy importante porque ha reunido organizaciones claramente comprometidas y con deseo de hacer incidencia en cuanto a la necesidad de redirigir el trabajo de drogas en armonía con los derechos humanos. Además asegura lazos y alianzas que seguramente darán frutos”, asegura Aquiles Arrieta, ponente de la conferencia y defensor delegado para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Durante la conferencia han salido innumerables temas polémicos alrededor de esta temática: ¿a dónde se desplazaría el poder que ahora ejercen los grupos armados vinculados al narcotráfico si se regulariza?, ¿si existe el consumo descriminalizado en países como Portugal, o la dosis personal, legal en países como Colombia desde 1994, porque no expandir la producción legal?, ¿cómo ejercer corresponsabilidad global entre países consumidores como España y países productores como Colombia, Perú y Bolivia? ¿se ha roto realmente el consenso de Viena, o en realidad sigue todo igual?,¿Cómo deconstruir el estigma que cargan tanto cultivadores como consumidoras de drogas, en la opinión pública de países productores y países consumidores, para dar realmente estos debates? Aparte de caminar hacia la regulación, otro gran consenso de la conferencia ha sido que el espacio y la discusión abierta estos días en Barcelona, tenga continuidad.