Editorial
Que se jodan los bares

Desde una perspectiva estrictamente epidemiológica, la mejor respuesta frente a la epidemia es reducir al máximo el riesgo de contagios, bajar los ingresos hospitalarios, aplastar la curva y salvar vidas. En su versión más drástica, toque de queda incluido, supone cerrar casi todo a cal y canto: administración, centros de estudio, fábricas, oficinas, tiendas, transporte público... y, por descontado, bares y terrazas.

Pero, en cualquiera de las variantes del confinamiento, se olvida que la epidemiología es la menos científica de las ciencias médicas. Tucídides, a cuenta del tifus que asoló Atenas en el año 430 antes de Cristo, señalaba que las condiciones de vida de las personas más pobres de la polis eran uno de los principales vectores de transmisión. Cualquier omisión de que la epidemiología es, también, una ciencia social enfocada al control de poblaciones —no solo de enfermedades— responde a ideologías reaccionarias.

El marco del debate lo ponen los sectores con capacidad de agencia, representación política, y participación en los medios de comunicación: clase media, pequeña burguesía y élites. Ello explica que, en el debate sobre “abrir” o “cerrar” la hostelería, se soslaye que es un sector precarizado con un alto porcentaje de contratos falseados, y donde es habitual que las horas extras no se cobren: de ahí que las medidas compensatorias actuales no estén garantizando la reproducción digna de la vida. Y ello explica, también, la ausencia de personas migrantes en las manifestaciones en defensa de la hostelería, cuando son una gran parte de la masa laboral en cocinas, comedores, barras y mesas. ¿Dónde están? ¿A cuánto ascienden sus ingresos? ¿Han sido despedidas o, simplemente, no les han renovado sus contratos? La izquierda responsable, tanto da en Euskal Herria como en el Estado español, no está para perder el tiempo con la emergencia vital de esos centenares de miles de personas precarias.

Ante este panorama desolador, las medidas de la democracia cristiana alemana suenan casi revolucionarias: cierre total del interior de bares y comercios acompañado del pago, a cargo del Estado, del 75% de lo facturado en las mismas fechas del año anterior, para todo autónomo o empresa con menos de 50 empleados. Se protege la salud colectiva... y lo paga, vía aumento de los impuestos, esa clase media asustada que clama por su seguridad, y que ha vaciado los estantes de las bicicletas estáticas en las grandes superficies comerciales.

Los ayuntamientos de Iruñea, Gasteiz, Donostia y Bilbao se han apresurado a realizar exenciones de las tasas de terrazas que, por otro lado, ya eran ridículas. Pero ni esos consistorios, ni los gobiernos vasco y navarro, dicen nada de incrementar la fiscalidad para impulsar políticas públicas resolutivas, ni de aumentar el espacio para las terrazas quitándoselo al coche en las calles y avenidas, en vez de privatizar las plazas. Son esas administraciones mediocres las que están hundiendo la hostelería.