Opinión
El tiempo se acaba

Hay escenas que cuando dejan de sorprender condensan el nuevo tono político de una sociedad. Un cordón policial frente a un edificio abandonado; jóvenes magrebíes obligados a salir con lo puesto; declaraciones institucionales que hablan de “orden”, “seguridad” o “responsabilidad”; titulares que sugieren vínculos entre asentamientos y delincuencia. Aranzadi, Zorrotzaurre, Martutene, Etxabakoitz... todos barrios de rentas bajas con operaciones urbanísticas a la vista, una emergencia habitacional gestionada a golpe de desalojo y un consenso creciente que oscila entre el “efecto llamada” y la “tolerancia cero” con las conductas delincuenciales. Salburua, Egia, Hernani, Martzilla y otros muchos frentes completan el mapa inacabado de una pugna entre solidaridad y fascismo en su declinación propia en Euskal Herria.

Las declaraciones de los distintos alcaldes son indistinguibles, eludiendo el debate sobre las condiciones materiales que hay detrás de los asentamientos: dos años de calle para demostrar arraigo, empadronamientos bloqueados, albergues cerrados en pleno invierno y recursos de acogida insuficientes

Es un patrón que va calando. Expresa un desplazamiento sostenido de los marcos institucionales hacia posiciones securitarias, antes exclusivas de las derechas radicales. En esas narrativas, los campamentos no son consecuencia de políticas de vivienda fallidas y de una Ley de Extranjería emparentada con el apartheid, sino un factor de riesgo que exige control policial. La pobreza extrema como problema de orden público.

Las declaraciones de los distintos alcaldes son indistinguibles, todo el arco político apela a la necesidad de actuar “para evitar males mayores”. El relato apuntala un marco que convierte a jóvenes migrantes —sin recursos, sin padrón y sin alternativas reales— en el origen del problema. Con ello se elude el debate sobre las condiciones materiales que hay detrás de los asentamientos: dos años de calle para demostrar arraigo, empadronamientos bloqueados, albergues cerrados en pleno invierno, recursos de acogida intermitentes, condicionados e insuficientes.

El Reino de España registra una de las tasas de criminalidad más bajas de las últimas décadas, en un periodo en el que la población extranjera ha aumentado considerablemente. Los estudios coinciden en que las personas en situación irregular evitan el contacto con la policía y cometen menos infracciones que otros grupos. Vincular migración y delincuencia no solo no responde a un diagnóstico empírico, sino que prioriza la vigilancia y el control de los derechos sobre la redistribución. Una línea argumental que convierte la precariedad en sospecha, la irregularidad en culpa y la necesidad en materia policial.

Cada ejercicio de impotencia institucional amplía un poco más el campo del sentido común punitivo. Los partidos políticos que gobiernan las administraciones locales son igual de responsables en la normalización de ese punitivismo. En un contexto de reparto de la riqueza cada vez más desigual, su falta de imaginación política y su gobernanza claudicante ante los poderes económicos, están abriendo las puertas, de par en par, a una penetración profunda de la extrema derecha en el tejido social.