Opinión
Vade retro Iñaki Arriola

Recostado orondamente en una butaca, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco afirmaba que la apatía es el principal problema del 84,5 % de los jóvenes (de entre 16 y 29 años) que todavía no se han emancipado. En su opinión, «el que la busca la encuentra», dijo recientemente refiriéndose a pisos en alquiler por debajo de los 800 euros. La realidad, sin embargo, es que el precio medio en las capitales de Euskal Herria supera con creces la barrera de los mil euros en algunos casos, y se sitúa ligeramente por debajo en los demás. En la práctica, acceder a una vivienda libre se lleva más del 80% del salario medio de las personas jóvenes. Si a ello le sumamos que menos de la mitad de la población juvenil tiene trabajo remunerado (por el alto paro y la falsa o verdadera inactividad), y que una parte importante sufre condiciones de parcialidad, temporalidad y bajos salarios, la crisis social de las nuevas generaciones se muestra en toda su crudeza.

En el fondo, lo que Iñaki Arriola señala es una nota a pie de página del relato de la patronal inmobiliaria. Ya lo dijo hace no tanto, una vez más, el pirómano Gonzalo Bernardos: el que quiera vivir en el centro de nuestras ciudades, que se lo pague. ¿Y qué hay de las personas jóvenes? Que compartan vivienda mientras van haciendo méritos suficientes para ascender socialmente hasta los estratos de las familias de clase media a los que sirven con ahínco y preferencia las instituciones.

“El que quiera vivir en el centro de nuestras ciudades, que se lo pague”

En esa lógica, la mayor parte de las políticas de vivienda están dirigidas bien a parchear las teóricas etapas transitorias (con ayudas a la emancipación juvenil, de complemento de vivienda, etcétera), bien a premiar a aquellas familias (léase aquí en su forma más tradicional) que por herencia y/o composición socio-económica responden a las categorías canónicas de las clases medias. Este segundo apartado incluye tanto las desgravaciones fiscales a la vivienda en propiedad, como las promociones de protección oficial de compra subvencionada, así como los instrumentos económicos destinados a dinamizar la promoción inmobiliaria autóctona (constructoras, agencias, promotoras). En cualquier caso, mecanismos ambos que refuerzan el marco de la vivienda como bien especulativo, que no como derecho.

En paralelo, decenas de miles de hogares plebeyos tienen cada vez más dificultades con la cesta de la compra y, lo veremos en breve, para encender la calefacción en invierno. Y, en el furgón de cola, los sectores más vulnerables van a ver, nuevamente, asomar el fantasma de los impagos de la renta y las notificaciones de los desahucios. Ante este escenario, el movimiento de vivienda tiene que decidir si, además de construir comunidades en lucha principalmente reactivas, asume la tarea de constituirse en un sujeto con capacidad de agencia para articular un programa que imponga el derecho a la vivienda (y a la vida digna) en la metrópoli vasconavarra. Es urgente.