Educación infantil
Las Educadoras Infantiles convocan una manifestación estatal en Madrid tras semanas de huelgas

El pasado 7 de mayo las educadoras infantiles del Estado iban a la huelga. Un mes antes, el 7 de abril, iniciaban una huelga indefinida las trabajadoras de Madrid. Paro que aún se mantiene. Este sábado 23 de mayo autobuses desde todos los puntos del país confluirán en Madrid para una manifestación estatal que se iniciará a las 12:00 horas en Atocha y acabará en Sol. 

El objetivo: teñir Madrid de amarillo para seguir exigiendo “mejoras en las condiciones de la infancia y de las profesionales que la sostienen cada día”, explican en el comunicado. Mientras el movimiento consigue cada vez más transcendencia, piden en concreto dos cosas.

Primero el reconocimiento y blindaje del carácter estrictamente educativo del ciclo ya que, aseguran, “el 0-3 no es un aparcamiento de criaturas, ni un mero instrumento de conciliación laboral para las empresas. Es la etapa más determinante en el desarrollo cognitivo y emocional de las personas”. En este sentido, exigen que se regule por ley “su identidad pedagógica, la bajada drástica de ratios y la implantación obligatoria de la pareja educativa, esto es, dos educadoras por aula”. Hasta el momento, las educadoras han conseguido que el Ministerio de Educación se comprometa a elaborar una norma que mejore las ratios y que sean las mismas en todo el Estado. Ahora les piden que esto se haga efectivo y que cuente con presupuesto.

“Los ayuntamientos y las comunidades autónomas han convertido los derechos de la infancia en subastas al mejor postor. Las consecuencias las pagan las criaturas y las educadoras”, expresan las trabajadoras

Por eso, en segundo lugar, piden que haya inversión estatal: para que todas las comunidades puedan cumplir con esa ley marco “e incrementarla”. Quieren una inyección de presupuestos generales del Estado que permita a cada comunidad “dignificar los salarios, crear plazas públicas y asumir la gestión directa de los centros”.

Pero también señalan la responsabilidad de las comunidades autónomas, ya que el modelo actual “basado en la fragmentación y en la externalización de servicios” descansa sobre sus espaldas. “Los ayuntamientos y las comunidades autónomas han convertido los derechos de la infancia en subastas al mejor postor. Las consecuencias las pagan las criaturas y las educadoras: ratios inasumibles que ponen en riesgo la seguridad de las aulas y trabajadoras precarizadas con salarios que apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional”, expresan.