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Educación pública
Los equipos directivos de los colegios extremeños se rebelan
Cada día resulta más elocuente el disgusto del colectivo docente extremeño. Las últimas noticias que se tienen de los movimientos que maestros y maestras de los colegios de Educación Infantil y Primaria están realizando, y que tienen su reflejo en las redes sociales y en algunos artículos de opinión publicados por docentes en distintos medios de comunicación regionales, hablan de malestares determinados y concretos. Los primeros en dar el paso públicamente han sido los equipos directivos.
“Soy consciente del esfuerzo que habéis realizado durante este verano, (...). Sólo tenemos palabras de gratitud en este sentido que, os ruego, hagáis llegar a vuestros claustros. (…) Gracias por vuestro compromiso sin fisuras”. Así terminaba uno de los correos electrónicos del nuevo Secretario General de Educación de la de Extremadura, F. Javier Amaya Flores, uno entre muchos de los mensajes en los que los dirigentes de la Consejería de Educación y Empleo han mostrado su consideración hacia los equipos directivos.
“Los directores dejan de dirigir para hacer frente al inmenso número de horas de trabajo de oficina, los docentes emplean más tiempo en rellenar documentos que en preparar sus clases”
Sin embargo, de las palabras a los hechos hay un largo camino, y los equipos directivos sienten que la dirección que toman los acontecimientos es justamente la contraria y, por eso, han comenzado a manifestar su discrepancia. De momento, las reclamaciones se han realizado directamente a la Consejería siguiendo los cauces reglamentarios pero son múltiples los problemas, incidencias y responsabilidades a asumir y, por ello, múltiples y variadas las quejas. Vayamos por partes.
No solo en Extremadura
La queja de los equipos directivos empieza a ser un síntoma en muchos territorios. Para contextualizar, recordemos que, en muchos casos, la función directiva es asumida tras realizar un curso y presentar un proyecto, aunque la realidad es que se trata de docentes asumiendo un rol directivo y cada vez más burocrático que, poco a poco, va ganando más peso en detrimento de otras labores más importantes para la comunidad educativa, como gestionar el día a día del centro o realizar una labor pedagógica con el alumnado y las familias. A todo ello hay que sumar su tarea como docentes que han de impartir sus horas de clase semanales. “Cada curso esta problemática va en aumento, hasta que llega un momento en que la situación se vuelve insostenible”, expone un comunicado que ha publicado el Consejo de Directores de Madrid. “Los directores dejan de dirigir para hacer frente al inmenso número de horas de trabajo de oficina, los docentes emplean más tiempo en rellenar documentos que en preparar sus clases”, explica la nota. “Que dejemos de poner el foco en nuestros estudiantes para ponerlo en la documentación no es de recibo. Que nuestro trabajo pierda su función pedagógica para convertirse en un mero esfuerzo administrativo no es comprensible”, añade.
Las secretarías de los colegios, las primeras en alzar la voz
Efectivamente, las secretarias y secretarios de los centros educativos suelen ser los docentes con mayor carga burocrática, siendo las de los Centros de Educación Infantil y Primaria, que no disponen de Personal de Administración y Servicios, las que se han movilizado exigiendo mayor ayuda de la Administración y centrado sus demandas en la necesidad de incorporar personal administrativo a los CEIP, una reivindicación histórica de los colegios. De hecho, el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Extremadura, haciéndose eco de esa necesidad, llevó una iniciativa ya en el año 2016, siendo esta rechazada por el PSOE argumentando la que esta figura resultaba innecesaria. Sin embargo, los equipos directivos saben que se trata de un perfil básico. “Una persona del cuerpo de administración permitiría gestionar de manera más eficiente las solicitudes de las diferentes convocatorias y trámites relacionados con programas y proyectos de la propia Consejería de Educación, como el comedor y el aula matinal, las becas para material escolar, libros, y un largo etcétera” explica un director nombrado por el inspector y que no ha presentado proyecto. Como dato a añadir, indica que “en este centro ninguna maestra quiere asumir la responsabilidad”, resultando por eso que son todo hombres en el equipo directivo, “otro síntoma de que algo no funciona: la mayoría de los centros docentes tienen a un director al frente, siendo una profesión eminentemente feminizada”.
Son las (secretarías) de los Centros de Educación Infantil y Primaria, que no tienen personal de administración y servicios, las que se han movilizado exigiendo mayor ayuda de la Administración y centrando sus demandas en la necesidad de incorporar personal administrativo a los CEIP, una demanda histórica de los colegios
Con el comienzo de curso los problemas se acumulan de nuevo y, lo que es peor, suelen ser recurrentes, persistiendo la mayoría casi todo el año. Aunque la tarea principal debería ser la docente, la realidad es que las cuestiones económicas, legales, jurídicas… ocupan el mayor tiempo de la jornada extra de los equipos directivos. En once horas reales semanales intercaladas a lo largo de cinco días según permita el horario (y sólo si la escasa plantilla no obliga que sean menos horas en cuanto alguna docente falta) vuelven a concentrarse, de forma casi siempre atropellada y con carácter de urgencia o plazos reducidos, una enorme carga de trámites burocráticos y contables de máxima responsabilidad, en muchos casos con una constante y creciente presión y una cada vez menor colaboración desde la Inspección. A la par, se produce el reencuentro con todas las incidencias técnicas pendientes de resolución y nuevas como, entre muchas otras, la propia falta de habilitación de accesos del equipo directivo al perfil de dirección de Rayuela, o la habilitación en esta plataforma de los módulos necesarios para realizar los mencionados trámites burocráticos y contables urgentes.
Movilidad
Un curso de revuelta escolar
Esta situación ha llevado a las secretarías de los colegios públicos de la comarca emeritense a dirigir un escrito al Secretario General de Educación, reiterando la histórica demanda de un administrativo y un informático, así como de soluciones concretas (generales y específicas) a notables problemas de coordinación de la administración. Demandan, además sustituir la falta de asesoramiento, organización y colaboración desde varios servicios de la Consejería, por una escucha activa y apoyo real para un colectivo que afirma haberse mostrado siempre proactivo y propositivo, dispuesto a colaborar y ofreciendo soluciones a duplicidades burocráticas (como solicitar a familias y centros, una y otra vez, datos que la administración ya posee), a la falta de coordinación de fechas de las distintas convocatorias de ayudas al estudio, a la falta de coordinación de servicios para la resolución de incidencias… Soluciones las solicitadas como, por ejemplo, hacer coincidir las convocatorias de las diferentes ayudas al estudio: material escolar y libros de texto, comedor, aula matinal, etc., en un mismo período del segundo trimestre, al ser el de menor carga burocrática del curso (más allá del tiempo que se tome después la Consejería en cruzar datos con Hacienda) y en un mismo modelo de solicitud en el que se autorice la comprobación automática de datos personales y económicos y se marquen las distintas ayudas a las que las familias quieren optar. Del mismo modo, reclaman que las solicitudes de ayudas dentro de los plazos extraordinarios (aquellas que se realizan forzosamente en septiembre) coincidan con el período de matriculación, de modo que en una misma visita al centro, las familias puedan realizar estos trámites propios del inicio de curso.
Esta situación ha llevado a las secretarías de los colegios públicos de la comarca emeritense a dirigir un escrito al Secretario General de Educación, reiterando la histórica demanda de un administrativo y un informático, así como de soluciones concretas (generales y específicas) a notables problemas de coordinación de la administración
Soluciones que pocas veces han sido tomadas en consideración por la Consejería, en sintonía con el escaso reconocimiento laboral o salarial a la función de secretaría. Como muestra, y para precisar, quien desempeña la coordinación TIC de un colegio recibe un complemento salarial y reconocimiento de tal experiencia sólo si no desarrolla también las funciones de secretaría, pues en la normativa vigente (por razones que escapan a la lógica y en un claro agravio comparativo entre docentes), esto las excluye de recibir ningún reconocimiento por la coordinación tecnológica. Con estos mimbres, la secretaría de los colegios asume la responsabilidad de mantener todo el equipamiento tecnológico de los centros (que lógicamente es muy superior al de décadas atrás, cuando se establecieron las funciones de tal cargo).
Así, ante la aparición de algún problema técnico, el colegio puede solicitar un servicio de apoyo técnico, apareciendo aquí otro escollo: decidir cuál de ellos es el que debe resolverlo. Suele suceder entonces que, si bien en algunas ocasiones reciben una solución directa y efectiva, la mayoría de ellas desde un servicio técnico se les remita o bien a la empresa responsable de la garantía (que tarda en acudir y cuando llega al centro “resuelve lo que quiere”), o bien a otro servicio que, a su vez, les remite a otro, porque cada uno gestiona un tipo de incidencia y, a la vez, nadie realiza de forma efectiva la derivación y seguimiento de resolución, sino que le toca al propio centro ir preguntando a unos y a otros durante semanas, meses o hasta varios cursos enteros hasta que, con suerte, consigue que alguien realmente resuelva la incidencia técnica para la que como docentes no están capacitados.
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Tal es la cantidad de trámites y gestiones que han de realizarse que, como nos señalan desde el colectivo docente, en muchos casos, los célebres tres meses de vacaciones se ven reducidos a unos pocos días del mes de agosto. Por ello, se exige además en el escrito antes mencionado que la Consejería asuma directamente tareas que no necesitan de los centros educativos desde hace mucho tiempo, como brindar de forma directa a la ciudadanía la certificación académica personal que tienen reconocida en la administración (muy necesaria para optar a oportunidades laborales), función que actualmente se realiza desde las secretarías de los centros tras emplear horas entre estanterías y dependencias llenas de expedientes en papel, viejos y en mal estado por el mismo paso del tiempo o por el deterioro del propio inmueble a lo largo de los años.
En el mismo sentido, señalan que la Consejería podría informar también de forma directa a las familias de los resultados de sus solicitudes de ayudas al estudio (como sucede con los programas de inmersión lingüística). También apuntan que la cuantía en la que se estima un lote completo de ayudas para libros de texto, valorada desde el año 2000 aproximadamente en 120 euros para Primaria (150 para Secundaria), es muy inferior al precio de mercado actualizado a 2021, lo cual implica que para que la alumna/o con beca cuente con sus libros, no basta con la ayuda concedida a tal fin, sino que es el centro el que ha de gastar en ello fondos desde otras partidas presupuestarias, previamente destinadas a fines educativos distintos que, lógicamente, se ven afectados económicamente.
La cuantía en la que se estima un lote completo de ayudas para libros de texto, valorada desde el año 2000 aproximadamente en 120 euros para Primaria (150 para Secundaria), es muy inferior al precio de mercado actualizado a 2021, lo cual implica que para que la alumna/o con beca cuente con sus libros, no basta con la ayuda concedida a tal fin, sino que es el centro el que ha de gastar en ello fondos desde otras partidas
Otra cuestión que preocupa es la de la gestión económica. Este año, once centros educativos extremeños han tenido que asumir una responsabilidad añadida: realizar la contratación de obras menores para la adecuación de los centros donde se ha autorizado el Aula de 2 años de Educación infantil. Es decir, que los maestros ahora también se dedican a contratar, a abonar y a supervisar las obras. Pero es que, además, el capítulo de la gestión económica se ha vuelto cada vez más problemático y complejo, teniendo en cuenta que en los últimos años han sufrido un recorte de hasta el 30% en el presupuesto anual.
Nuevos retos, nuevas responsabilidades
Parece ser que la mecha encendida por los responsables de las secretarías de los CEIPs ha prendido y ahora han sido los directores de centros educativos los que han mostrado su malestar ante la inacción de la propia Consejería con el asunto de los desfibriladores, en un escrito que la pasada semana han dirigido al Secretario General de Educación. Recordemos que la Diputación de Badajoz anunció a bombo y platillo la dotación de estos aparatos y luego se ha desentendido de su mantenimiento, de tal manera que, dos años después, los Claustros están recibiendo una formación de diez horas para utilizarlos en los centros educativos. Sin embargo, los desfibriladores precisan de un mantenimiento que la empresa adjudicataria ha presupuestado en más de quinientos euros anuales, cantidad inasumible para la inmensa mayoría de los centros, tal y como han reconocido los propios equipos directivos en la misiva enviada a la Consejería, en la que los docentes asumen su responsabilidad pero demandan más formación, más coordinación entre administraciones, especialmente con la sanitaria, y una dotación económica suficiente para mantener los equipos. Al fondo del debate sobre este tema está la eterna demanda de incorporar a personal sanitario en los centros educativos.
Y la Consejería de Educación ¿Qué dice? ¿Qué hace?
Con respecto a la carga burocrática, los centros educativos deben acogerse a un protocolo de actuación para adecuar las relaciones de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo con los órganos administrativos de la misma (publicado en la Instrucción 1/2016 de la Secretaría General de Educación). Sin embargo, los equipos directivos suelen quejarse de que, en más ocasiones de las deseables, los escritos dirigidos desde los centros educativos, no es que no tengan respuesta por algunos órganos administrativos, es que ni siquiera se les acusa recibo de los mismos. En concreto, todas las miradas se centran en el EPESEC (ente público que gestiona los servicios complementarios de los centros educativos como el comedor, el transporte, las actividades formativas de la tarde, …), que no suele responder a las solicitudes de información, asesoramiento o la supervisión de cuestiones tan importantes la gestión de los comedores (donde hay quejas de muchas AMPAs y centros).
“Ser miembro de un equipo directivo no es más que el resultado del compromiso de los docentes no sólo con su profesión sino también con una comunidad educativa. Si no cuidamos la tarea que estas personas realizan en beneficio de todos y todas estaremos socavando una parte importante de las posibilidades que tiene nuestra sociedad para mejorar”
Ante tanto revuelo, la Consejería de Educación se ha visto obligada a reconocer sus errores y a recibir a representantes de las secretarías de los centros. Como siempre, la primera impresión es positiva, aunque los equipos directivos prefieren ser cautos teniendo en cuenta que son muchas las demandas y las mejoras que precisan. En cualquier caso, las direcciones de los centros, por contra, aún no han recibido respuesta alguna a su misiva, ni mucho menos una llamada a reunión conjunta en la que plantear diversas cuestiones importantes pendientes.
Como concluye un miembro de un equipo directivo “ser miembro de un equipo directivo no es más que el resultado del compromiso de los docentes no sólo con su profesión sino también con una comunidad educativa. Si no cuidamos la tarea que estas personas realizan en beneficio de todos y todas estaremos socavando una parte importante de las posibilidades que tiene nuestra sociedad para mejorar. Porque a todo lo dicho, hay que sumar los paupérrimos complementos que estos docentes reciben por su ingente tarea que, además, disminuyen cuanto más pequeño es el centro, aunque los trámites, en suma, son los mismos sea cuál sea el tamaño del mismo”.