Educación pública
La ratio en las escuelas andaluzas, clave en la contención del coronavirus

La Comunidad educativa andaluza coincide, con excepciones, en acusar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de haber llegado tarde en la formulación de propuestas para adoptar y cumplir todas las medidas de prevención y protección marcadas por el Ministerio de Sanidad contra el coronavirus. Este jueves comienza un curso escolar calificado por la mayoría de docentes como “caótico” porque no se han incrementado los recursos con que abordar la educación en medio de una pandemia que además, arrecia. Las acusaciones a la Consejería de Educación por parte del profesorado, a través de los sindicatos, coinciden en el hecho de “llegar tarde” y contratar profesorado de apoyo de forma insuficiente y temporal sin conseguir bajar las ratios.

Aunque aparentemente todos coinciden en los motivos, los sindicatos andaluces CC.OO., USTEA, CNT y el Sindicato de Estudiantes se han unido a la huelga convocada en junio para el 18 de septiembre por CGT; mientras que UGT, CSIF-A y ANPE, descartan la huelga y prefieren otro tipo de movilizaciones. Por otra parte, Docentes por la Pública ha convocado una huelga indefinida de docentes a partir del 15 de septiembre.

La Marea Verde Andaluza —integrada por docentes, familias, alumnado y colectivos como Escuelas de calor, Ampas en pie y Niños del sur— se sumó desde el primer momento a la convocatoria del 18 de septiembre, llamando a la unidad sindical y del resto de colectivos de la comunidad educativa y ha trabajado durante todo el verano en asambleas informativas en diferentes localidades andaluzas.

CODAPA llama a la unidad de la comunidad educativa a la que insta a abanderar “una movilización contundente, como una jornada de huelga general educativa”

La Confederación Andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (CODAPA), anunció la semana pasada movilizaciones comunes en las ocho provincias de Andalucía y dio su apoyo a las protestas y acciones reivindicativas unitarias que surgieran para exigir una vuelta segura a las aulas. El colectivo, que agrupa a más de 2.700 AMPA de todas las provincias, considera que existen “más motivos que nunca” para apoyar una huelga educativa y muestra su sorpresa porque aún no haya una convocatoria unitaria sobre la mesa para exigir a las administraciones más medios para garantizar la seguridad y salud en la vuelta al cole. El movimiento de madres y padres llama a la unidad de la comunidad educativa a la que insta a abanderar “una movilización contundente, como una jornada de huelga general educativa”.  

Con la salud no se juega, con la ratio no se regatea

Miguel Ángel Castillo, delegado sindical de USTEA, en declaraciones a ‘El Salto Andalucía’, explica que la Consejería de Educación ha realizado una contratación, denominada “cupo Covid”, de 4.014 docentes para la red pública “que no supone ni un incremento de un docente por grupo educativo”. Relata que los criterios para el reparto de este cupo establecen que, por ejemplo, en un centro de secundaria con 10 aulas por encima de 22 alumnos y alumnas se reforzará la plantilla con solo un docente más; si un grupo tiene 30 horas lectivas semanales y un profesor o profesora imparte 18 horas lectivas en este mismo periodo, ”resulta evidente que este refuerzo no da ni para desdoblar un solo grupo”.

Seguridad anti-covid en la vuelta a las aulas en Andalucía

Susana Sarrión

Educación pública

Seguridad anti-covid en la vuelta a las aulas en Andalucía

Susana Sarrión

Quedan dos semanas para el inicio de un curso escolar que se aproxima con muchas incertidumbres para las familias, el personal docente y el alumnado.

Castillo asegura que la incorporación de este profesorado se hará, con suerte, el mismo día en que el alumnado llegue a los centros, “por lo que la anticipación y planificación de la puesta en marcha de medidas de seguridad está de nuevo dificultada. Sin ir más lejos, no sabemos con seguridad si el profesorado interino que forma parte de este cupo se podrá realizar la prueba diagnóstica antes de incorporarse o no”. También señala el déficit estructural no resuelto con las contrataciones anunciadas en cuanto a plantilla no docente y pone un ejemplo “especialmente significativo en las actuales circunstancias, las plantillas del personal de limpieza siguen sin ser las que debieran, en este apartado también encontramos serias carencias”.

Miguel Ángel Castillo (USTEA): “¿podemos interpretar que el Gobierno andaluz regatea sobre la base de la salud de la población andaluza?”

Para él se merece un capítulo aparte la negociación que se produjo en la Mesa Sectorial para un incremento adicional de las plantillas, sin acuerdo: “Allí asistimos con estupor a la actitud por parte de la Administración, que inicialmente ofrecía contratar 550 docentes más para, poco después, subir la oferta. No entendemos que una situación de este tipo se aborde con semejante frivolidad. No se trata de una negociación salarial, o de uno o dos días más de permiso. Estamos hablando de medidas y recursos que pueden salvar vidas”. Para el delegado sindical de USTEA, es incomprensible cómo se puede iniciar la negociación con cifras menores a las que se está dispuesto a dar, y se cuestiona si “¿podemos interpretar que el Gobierno andaluz regatea sobre la base de la salud de la población andaluza? Cada cual que saque sus conclusiones”.

USTEA Granada consignó ante la Fiscalía de Granada un escrito en el que pedía la investigación de las ratios ilegales en una docena de centros educativos en la provincia. Alegaban que ya se estaba aplicando incorrectamente en el período ordinario el aumento del 10% de la ratio y que la forma de planificar de la Consejería de Educación de Andalucía, que tiende a masificar los grupos más allá de lo permitido, “obstaculiza y/o hace inviable” la aplicación de las medidas sanitarias, como las distancias interpersonales, y supone “un riesgo añadido para la salud ante la actual situación de pandemia”. La Fiscalía ha decidido incoar el expediente e “iniciar aquellas actuaciones que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos”.

Otras de las medidas ya iniciadas por a nivel sindical han sido las de CGT. Este sindicato denunció las instrucciones de la consejería ante la Inspección de Trabajo y ha puesto a disposición del personal de los centros educativos una plantilla para denunciar el incumplimiento de las medidas sociosanitarias en los mismos ante las autoridades competentes y la Inspección de Trabajo. Aseguran que “el inicio de curso va a ser un caos, y eso sin contar con las miles de bajas de profesorado de riesgo que tiene mucho miedo a las consecuencias de una incorporación sin garantías”.

USTEA, CGT y CC.OO defienden la huelga como medida legítima de protesta

Estos dos sindicatos, junto a CC.OO —cuyo secretario general de la Federación de Enseñanza en Andalucía, Diego Molina, aseguró que presentará recurso ante la Inspección de Trabajo contra las decisiones que está tomando la Consejería de Educación— defienden la huelga como medida legítima de protesta. No entienden la actitud de “pasividad absoluta hasta darse de bruces con el inicio de curso y que ahora toque resignación y sacrificio” y consideran la situación tan grave que los sindicatos deben estar a la altura y utilizar todas las medidas de presión que estén a su alcance para revertir una situación que pone en peligro la salud de la población. 

UGT, CSIF-A y ANPE han hecho un llamamiento a concentraciones de delegados y responsables sindicales en las delegaciones territoriales de Educación de la Junta de Andalucía. Además, han anunciado una caravana de vehículos vespertina en cada una de las capitales de provincias andaluzas, a la que se invitará a todo el profesorado, para reivindicar las medidas necesarias para dotar de mayores garantías de seguridad a los docentes en el ejercicio de su labor. Estos sindicatos han anunciado una campaña en redes sociales para reclamar mayor seguridad para los docentes andaluces y no barajan por el momento ante el inicio de curso una huelga, “atendiendo a un principio de prudencia” y al considerar también que “no es el sentir de los docentes, que están ahora centrados en las tareas que les competen para comenzar las clases de la mejor manera posible, dadas las complicadas circunstancias”.

Profesorado de Madrid irá a la huelga desde el día 10 ante la falta de seguridad en las aulas

Lis Gaibar

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Profesorado de Madrid irá a la huelga desde el día 10 ante la falta de seguridad en las aulas

Lis Gaibar

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El sindicato CNT-AIT de Madrid convoca una huelga por una vuelta segura al cole desde el día 10 de septiembre hasta el día 30, con posibilidad de alargarse si la situación no ha mejorado.

En representación de las familias, desde CODAPA aseguran que, según la información de la que disponen, la mayoría de centros educativos no parecen cumplir los requisitos para la seguridad. Para esta confederación de AMPA, “hay muchas diferencias entre unos y otros en cuanto a la factibilidad de poner en marcha protocolos seguros” y respaldará a las familias que decidan no llevar a sus hijos e hijas al colegio ante la falta de garantías, así como les prestará el apoyo que esté en su mano si sufren represalias. La CODAPA se encuentra preocupada por las dificultades para conciliar que pueden afrontar las familias y encuentra que “está quedando en evidencia la falta de planificación y la dejación de funciones de la administración que ha dejado a la comunidad educativa a su suerte”.

Marea Verde por su parte está trabajando en una propuesta para denunciar las particularidades de cada centro respecto a la seguridad COVID, elaborando informes detallados de la situación en cada uno de ellos, según afirma Irene Yébenes, de Marea Verde Andaluza.

La responsabilidad de la dirección de los centros educativos

Para Dimas Martín, director de la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Infantil, Primaria, Residencias Escolares y Educación Especial, ASADIPRE, la organización de este curso ha sido realizada bajo un alto nivel de estrés y pone como ejemplo la llegada de la última circular de la Consejería de Educación, el día 3 de septiembre, con nuevas instrucciones cuando ya tenían bastante preparado el inicio. Asegura que cumplir con la medida de seguridad en Primaria —incluso bajando la ratio a 20 por clase— resultaría muy difícil en algunos centros, que el profesorado extra que se ha recibido es de apoyo y que todavía no saben hasta qué punto pueden desdoblar las clases porque no saben si el profesorado se va a quedar durante todo el curso.

Dimas Martín (ASADIPRE): “no podemos ser responsables de los contagios en las escuelas porque no podemos saber dónde se ha producido el contagio, es muy difícil hacer un rastreo”

Respecto a los protocolo COVID, Dimas Martín explica que se ha establecido un coordinador Covid en cada centro para asegurar que las medidas se lleven a cabo y que prácticamente el 100% de la coordinación recae en la dirección del centro porque nadie quiere cargar con una responsabilidad extra. El director de ASADIPRE destaca que se trata de un decálogo y que “no podemos ser responsables de los contagios en las escuelas porque no podemos saber dónde se ha producido el contagio, es muy difícil hacer un rastreo”. Asegura que la Consejería ha dado instrucciones atropelladas e incluso contradictorias que dejan todo al aire y que nunca ha atribuido directamente la responsabilidad a los profesores “pero en el momento que tú tienes que elaborar el protocolo, te haces responsable de lo que pase, se trata de una responsabilidad indirecta”. 

Su homólogo en educación secundaria, Miguel González, presidente de ADIAN (Asociación de Directores y Directoras de Instituto en Andalucía), entiende que para conseguir un curso más seguro son claves dos cuestiones: que el profesorado COVID de apoyo no se contrate únicamente durante 3 meses sino durante todo el curso, para que las clases sigan desdobladas y que las bajas del profesorado sean cubiertas con celeridad por la Consejería porque “ahora más que nunca, tener uno o dos profesores de baja es imposible”, y la reducción de las ratios. En este sentido, la Consejería envió una circular en la que los centros podrán ofrecer una semipresencialidad a partir de 3º de ESO, con lo cual en estos cursos asistirían por turnos, y queda pendiente por resolver la ratio de 1º y 2º de la ESO, que no se ha abordado. González explica que si esto se lo hubieran dicho a final de agosto hubiera sido mucho mejor, debido a que “hemos perdido mucho tiempo de organización”. Y añade que “el momento ha llegado tarde, podían haber enviado una recomendaciones donde abrían la posibilidad, para no ir, como se dice popularmente, a calzón quitado”.