Educación pública
El sindicato STEs denuncia que se está derivando dinero hacia la privada para cubrir el nuevo ciclo de 0 a 3 años

El 21 de noviembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la distribución entre las comunidades autónomas de 666,5 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation para crear 65.382 plazas de Educación Infantil. Nacía así el nuevo ciclo público de 0 a 3 años, una innovación insertada en la LOMLOE que ha llegado al curso 2022/2023 para favorecer la conciliación y acabar con la brecha entre familias. El acuerdo entre el Gobierno y las comunidades para repartirse esta partida de dinero procedente de Europa, publicado en el BOE el 23 de diciembre, abre la puerta a la transferencia de estos fondos hacia la escuela privada. Así lo denuncia la Confederación Sindical STEs, que en una rueda de prensa realizada en la mañana de este jueves, ha alertado de que en algunas comunidades el transvase de fondos públicos hacia la privada está siendo “alarmante”.

“En Castilla-La Mancha para el 100% de las plazas —un total de 3.717— se ha cedido la gestión a los Ayuntamientos y estos firman convenios con empresas privadas para impartir estas clases”, ha destacado Fernando Villalba, responsable de Política Educativa de este sindicato. Y es que el pacto entre Gobierno y comunidades permite financiar a terceros a través de convenios o ayudas. “Si las Comunidades Autónomas deben otorgar financiación a destinatarios finales, públicos o privados, deberán establecer mecanismos que aseguren que las medidas a desarrollar por estos últimos contribuyen al logro de los objetivos previstos”, se lee en el BOE.

Desde STEs denuncian que esto facilita la externalización de la universalización del primer ciclo de Infantil, “incumpliendo así el título II de la LOMLOE que subraya que la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”. 

“El dinero que viene de Europa para que se desarrolle esta etapa educativa es finalista, se hará una auditoria al final y las comunidades que están externalizando el servicio tendrán que devolverlo”

“El dinero que viene de Europa para que se desarrolle esta etapa educativa es finalista, se hará una auditoria al final y las comunidades que están externalizando el servicio tendrán que devolverlo”, ha alertado Mariluz González, responsable de Acción Sindical de STEs, para quien es preocupante que no se haya desarrollado un reglamento específico para este nuevo ciclo que fije ratios y tipo de profesorado, lo que está provocando una arbitrariedad de situaciones. “Estamos viendo clases con desde 8 alumnos hasta 15, compuesta por una maestra y una técnica o aulas solo con técnicas... No hay una regulación estatal que todas tengan que cumplir, en cada sitio se está haciendo de una manera diferente y diversa”, se queja. “Esto se tiene que regular ya para que la atención sea educativa y no asistencial que parece que es hacia lo que vamos”, avisa.

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Cuando el Consejo de Ministros aprobó los fondos destinados a tal fin, la ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguraba que llegaban para aliviar “la economía de muchas parejas a quienes este medida les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa, especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos”. Al mismo tiempo, recordaba que la escolarización en el primer ciclo de Infantil se sitúa en el 38,3%, pero con grandes diferencias según la riqueza de las familias: mientras que en los hogares humildes no llega al 27%, entre los de rentas más elevadas alcanza el 63,5%. Insistía además que a la hora de invertir los fondos las comunidades deberán “priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social”.

Desde STEs alertan de que si se divide el total del presupuesto entre las plazas a crear el resultado asciende a poco más de 10.000 euros por plaza, una cifra insuficiente

Desde STEs alertan de que el dinero previsto para este ciclo, que proviene de fondos adicionales y no estructurales, muestra que la apuesta por esta modalidad es “papel mojado”. Alertan de que si se divide el total del presupuesto entre las plazas a crear el resultado asciende a poco más de 10.000 euros por plaza. Una cifra insuficiente para Villalba “porque un cupo anual de una docente cuesta mucho más. En el caso de un profe de secundaria más de 40.000 por año, el cuerpo de maestros algo menos”, precisa.