Violencia policial
Armas eléctricas: descargas de muerte

El precio medio de cada arma ronda los 3000 euros y el próximo 30 de octubre está prevista la entrega de las primeras 1000 unidades al Cuerpo de Policía Nacional. La Guardia Civil ya ha adquirido, a su vez, las primeras 150 armas de esta clase. Mossos y Ertzainas ya disponen también de este tipo de armas. Aunque estaban disponibles desde hace años, es ahora -con motivo del COVID y amparándose en prevenir los riesgos de contagio- cuando comienzan a emplearse de manera masiva entre los cuerpos policiales de Andalucía.

Sus defensores las catalogan como armas “no letales” -si bien la tasa de mortalidad supera el 1%- y destacan que su intensidad de 2,1 miliamperios no pueden producir la muerte de las personas contra quienes se dispara. Ahora bien, tanto el impacto como la intensidad de las descargas eléctricas puede variar en función del voltaje, la intensidad de la corriente, la duración de la aplicación -incluido el estado de la batería- y, por otra parte, en función de la constitución corporal de la persona y las condiciones ambientales, tales como humedad. Los efectos en mujeres embarazadas o cuando se utilizan repetidamente y en combinación con otros factores, como otros métodos de inmovilización, golpes o spray, o cuando la persona sufre alguna enfermedad, está medicada o drogada, agravan sus efectos. Está constatado que son susceptibles de provocar lesiones graves y nadie cuestiona que su uso produce daños para la salud.

El ejemplo más claro del resultado de las armas de electrochoque podemos encontrarlo en el denominado “caso Roquetas”, que terminó con la muerte de un agricultor bajo custodia policial tras el uso de una “defensa” eléctrica, entre otros instrumentos. Puños, porras, varas y bastones eléctricos así como abrazaderas y cinturones inmovilizadores por control remoto y escudos de electrochoque se benefician de una muy escasa regulación legal e inexistente desarrollo reglamentario.

Sin embargo y pese a que no está previsto en el equipo básico de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, a día de hoy existen Ayuntamientos andaluces que ya han adquirido esta clase de armas para sus policías locales (El Ejido, Espartinas, Castilleja de la Cuesta, Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción, La Palma del Condado, Marbella, Marchena, Mijas o Salobreña, entre otros). Incluso el Grupo Parlamentario de VOX en Andalucía registró una proposición no de ley que instaba a: “Establecer y propiciar la homogeneización en los distintos cuerpos de Policía Local en Andalucía del uso de pistolas eléctricas o táser, como arma de disuasión reglamentaria, a fin de dar mayor eficacia a dicho cuerpo de seguridad”.

Aunque no sorprenda quién está detrás de estas iniciativas, sí que llama la atención que se puedan adquirir y usar tales armas sin que exista aún ningún protocolo de uso ni de prevención de su abuso.

Los que sostienen que dotar de más armamento a los cuerpos ya armados en beneficioso para la sociedad, olvidan varias cuestiones:

• Las armas eléctricas lejos de sustituir a las armas de fuego, vienen a sumarse a aquellas, generando un mayor arsenal de armas susceptibles de causar daños graves sobre las personas a las que se les apliquen.
• Existe modelos policiales en nuestro entorno caracterizados porque la mayor parte de los oficiales de policía no portan armas (Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda). Sus resultados en materia de seguridad son mejores que los de los modelos “armados”.
• Cuando se trata de armas portátiles y fáciles de usar que tienen la capacidad de infligir dolor severo pulsando un botón, sin dejar seña-les importantes, se incrementan los espacios de impunidad. La mejor prueba de ello es el resultado del uso de pistolas Taser en EE. UU., Canadá o Alemania.
• Amnistía Internacional ha documentado en al menos 87 países casos de tortura y malos tratos empleando una amplia gama de defensas eléctricas y dispositivos de electrochoque.
• No existe ningún indicador que concluya menor tasa de criminalidad, menor número de delitos o mayores índices de seguridad asociado al uso de pistolas Taser y demás armas eléctricas.
• No es casual que en 2009 el Comité contra la Tortura de la ONU recomendase al Estado Español que prohibiera el uso de estas armas debido a que podrían ser empleadas como mecanismo para la práctica de tortura.