Tecnología
Es la hora de crear infraestructuras públicas digitales

Es la hora de crear infraestructuras públicas digitales.

Alrededor de 2.000 millones de personas de 60 países pueden utilizar Internet de forma segura y sin riesgos de ser vigiladas o censuradas. Y todo ello, gracias al trabajo realizado por una organización sin ánimo de lucro llamada Open Tech Fund (OTF) por sólo 15 millones de dólares al año. Sin embargo, todo esto estuvo a punto de acabar en 2020.

¿Qué es el OTF?

Open Tech Fund (OTF) es una organización independiente sin ánimo de lucro subvencionada por la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales (USAGM). OTF ha apoyado proyectos cruciales como la tecnología de seguridad detrás del cifrado en WhatsApp y Signal, descubriendo vulnerabilidades de software y creando tecnologías para eludir la censura que nos permiten comunicarnos de forma segura. Estas tecnologías seguras, aunque son importantes para todos, obviamente lo son aún más para aquellos que están en riesgo, como los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y las personas sujetas a censura.

En 2020 Save Internet Freedom Tech,advirtió de  un riesgo real (derivado de los grupos de presión empresariales) de que la nueva dirección de USAGM intentase “desmantelar OTF y reasignar toda su financiación del gobierno estadounidense para apoyar un conjunto reducido de herramientas contra la censura sin un proceso de revisión transparente y abierto“.

Soberanía digital: una estrategia de resiliencia crítica en Europa

Para la mayoría de las infraestructuras y servicios críticos que utilizamos a diario, la financiación pública es esencial. Como explica la renombrada economista Mariana Mazzucato, la propia Internet, el GPS, la pantalla táctil de tu dispositivo, así como el asistente personal activado por voz (Siri) son todos resultado de la financiación pública. Lo mismo ocurre con el algoritmo de Google, cuya creación fue financiada con dinero público a través de la National Science Foundation.

La Unión Europea ha dado algunos pasos positivos en esta dirección, especialmente con el proyecto piloto FOSSA y la iniciativa Internet de Próxima Generación (Next Generation Internet). Las amenazas sobre OTF no se materializaron pero fueron una llamada de atención para una Comisión Europea que ha fijado la “soberanía digital” como uno de los objetivos clave de la actual legislatura. Creer en una “soberanía digital” hoy significa construir las infraestructuras, ayudar a crear servicios, financiar la investigación y apoyar a la sociedad civil crítica que hagan a Europa resistente frente a los riesgos de seguridad que necesitará un entorno cada vez más interconectado y con más trabajo a distancia que una sociedad cada vez más interconectada. Si con un presupuesto muy humilde de 15 millones de dólares la OTF pudo hacer todo eso, ¿qué podríamos hacer nosotros, la UE, con un presupuesto similar, o aumentado? Si queremos que la soberanía digital sea un objetivo serio y no una palabra de moda, tenemos que destinar recursos para que eso ocurra, cuanto antes.

¿No existen ya otras maneras de financiar estas tecnologías?

En la actualidad existen, como contaba en el párrafo anterior, alguna iniciativa similar a nivel europeo. Por un lado están los fondos Next Generation Internet, con un perfil investigador y orientado a la “innovación” en general, pero sin un objetivo de crear un sistema público. Aparte de este fondo europeo existen otros sistemas parecidos de financiación pública en Europa a nivel nacional: El Sovereign Tech Fund de Alemania está orientado a desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras digitales abiertas. De formas similar la Iniciativa Digital de los Comunes en Francia persigue específicamente crear un sistema de apoyo a los “comunes digitales”, una serie de herramientas para uso público y que sirvan a crear una estructura pública de herramientas digitales.

¿De qué herramientas estamos hablando?

Una gran mayoría de usuarios de internet se comunican con sus familiares y amigos usando una tecnología punta que protege la privacidad de los usuarios, sin saberlo. Si usas WhatsApp o Signal aseguras que tus mensajes sólo pueden ser leídos entre la persona que envía el mensaje y el que lo reciba. Esto es gracias al protocolo de cifrado de extremo a extremo que desarrolló Signal y que WhatsApp incorporó a su sistema de mensajería. Este protocolo fue financiado por la Open Tech Foundation y se ha extendido a cientos de millones de personas en todo el mundo. ¿Existiría y sería tan usado sin financiación pública? Como tantas otras innovaciones tecnológicas, seguramente no.

Pongamos que dos personas establecen una comunicación por WhatsApp y quieren entablar una reunión por videoconferencia. Seguramente no usen WhatsApp, sino que optarán por usar Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o otra herramienta similar. Puedes usar Jitsi, dirán los lectores más avispados. Pero el que lo haya usado en contextos profesionales sabe que esa herramienta, de código abierto, no es tan fiable ni tan útil como las alternativas corporativas que mencioné antes. La pandemia podría haber sido un buen momento para empujar la financiación de Jitsi y hacer que se convirtiese en un estándar que estuviese al menos al mismo nivel que Zoom, pero de momento estamos lejos de eso.

Hablemos de otra tecnología aún más básica: el correo electrónico. Aparte de los contactos con empresas, lo más probable es que un gran porcentaje de tus correos electrónicos vayan a una dirección de Gmail. Google (y su matriz Alphabet) son un gigante que sigue creciendo imparablemente pero otros gigantes empresariales similares han acabado desapareciendo o viendo reducidas sus ganancias. O puede ser que decidan un día que no les conviene mantener Gmail de forma gratuita. ¿Qué les impediría que, de la noche a la mañana, te quedes sin poder enviar o recibir tus correos? Aún aunque esa posibilidad es casi imposible (Google seguirá creciendo y les conviene que dependas de Gmail para que sigas activo en el sistema de empresas de Alphabet: Android, YouTube, etc.), es una posibilidad. Y aunque no lo fuese, ¿por qué tener una dirección postal es gratuito y para enviar un correo electrónico dependemos de una empresa? ¿Es descabellado pensar en que cada ciudadano tenga derecho a una dirección de correo electrónica pública, usando una plataforma de código abierto y enfocada a la privacidad?

Estas y muchas otras cuestiones son las que la organización Open Future han planteado en su informe en el que piden un Fondo Europeo de Infraestructura Pública Digital. Con esa hoja de ruta plantean un cambio en el enfoque de las políticas públicas europeas que vaya del enfoque actual en la regulación (la cual es muy necesario) a crear las alternativas que puedan defenestrar los oligopolios tecnológicos actuales.

Si bien el Reglamento General de Protección de Datos o la Ley de Servicios Digitales son piezas cruciales para hacer frente a los gigantes como Twitter/X, Google, y Meta/Facebook,eso no es suficiente. Debemos investir más y reorientar hacia lo público las tecnologías que necesitamos y que necesitaremos. Ahora comienza un nuevo curso político en Bruselas. Es el momento de poner la soberanía digital europea y la necesidad de una infraestructura digital pública sobre la mesa y empezar a cambiar el presente y el futuro de la tecnología y evolucionar de unas políticas tecnológicas centradas en el beneficio empresarial a unas desarrollada por y para los ciudadanos.

Nota: Parte de este articulo ya fue publicado por European Digital Rights (licencia Creative Commons) aquí y es la continuación de este otro artículo que ya publiqué en El Salto.