Siempre es Halloween para la justicia social

Nadie que pretenda obtener justicia puede acudir a un juzgado. Están todos atascados. Demasiado. Hasta el punto de devenir prácticamente inútiles.
Abogado laboralista y profesor asociado en la Universidad de Sevilla
1 nov 2026 08:32

Aunque parezca que ya ha pasado Halloween, la oscuridad y las tinieblas están instaladas en todos los órganos del orden jurisdiccional social. La situación de los juzgados de lo social de Andalucía -ahora denominadas secciones de lo social de los tribunales- reporta una historia de terror por cada nuevo asunto que ingresan.

Simplemente la tardanza en resolverlos supera con mucho al guion más conseguido de las mejores plumas del género de terror. Señalamientos en primera instancia para 2029, 2030 y 2031, son ya tan habituales y frecuentes que han dejado de ser noticia y no sorprenden a ningún operador jurídico habitual de este ámbito. Y vamos a peor: la pendencia (asuntos pendientes de resolver) atendiendo a los datos del CGPJ -cerrados el 30 de junio de 2026- alcanza ya los 132.263 asuntos pendientes. Si el dato es malo, aún peor resulta que la misma ha subido un 10,9% respecto al segundo trimestre de 2025. Sin incluyésemos los datos de Ceuta y Melilla -ámbito del Tribunal Superior de Justicia- los datos son aún más espantosos.

Despidos, sanciones, prestaciones de seguridad social, tutela de derechos fundamentales, reclamaciones salariales, conflictos colectivos, etc. forman parte de ese bloque de asuntos que están pendientes de resolución y que previsiblemente tardarán varios años en obtener una primera respuesta judicial. El escenario es más tenebroso que el decorado de la película más siniestra. Porque detrás de cada cifra se esconde un drama humano, personal y familiar. La justicia tardía no es justicia. Y aún menos en el orden social, caracterizado por la necesidad de inmediatez para que la resolución de conflictos resulte eficaz.

Nadie merece que sus derechos no sean tutelados. Y que el orden social no de respuesta a las demandas -en su mayoría formuladas por personas trabajadoras- supone en la práctica generar un espacio de impunidad para los empresarios que incumplen las normas, no pagan los salarios, precarizan las condiciones de trabajo o vulneran los convenios colectivos. Los mayores beneficiarios del “truco o trato” derivado de los retrasos son los peores empleadores. Por eso, no es casual que ningún dirigente de CEOE se queje de nada de esto.

En este contexto -muy agravado tras la pandemia-, se han sucedido los diferentes ministros del ramo (Juan Carlos Campo, Pilar Llop y Félix Bolaños) con una actuación común: empeorar la situación con decisiones y medidas aparentemente modernizadoras y cuyo resultado ha agravado de manera importante la situación anterior.

De las grandilocuentes proclamas sobre “actuaciones telemáticas, digitalizaciones variadas, refuerzos, reformas procesales, medidas de eficiencia organizativa y eficiencia y agilización procesal” solo hemos obtenido una justicia social atascada, infradotada, sin medios humanos ni materiales y que obtiene como resultado una ineficiencia que caracteriza ya el ADN de la misma. Nadie que pretenda obtener justicia puede acudir a un juzgado. Están todos atascados. Demasiado. Hasta el punto de devenir prácticamente inútiles.

Ministros y consejeros se empeñan en prometer todo tipo de medidas políticas, administrativas y legislativas, de cuya evaluación solo puede concluirse que han resultado más propias de cualquier payaso terrorífico. Y la cosa aún puede ir peor. El “plan de choque” recientemente anunciado vuelve a la dinámica de generar expectativas que de momento no han superado el éxito más allá de conseguir el cambio de denominaciones a la vez que el enfado y la desidia de todos los sectores profesionales implicados (funcionarios, LAJs, magistrados, abogados, graduados sociales, etc.)

Preguntado a ChatGPT, su conclusión sobre esta situación es muy clara: “Desde una perspectiva estrictamente procesal, estos datos permiten documentar una situación general de congestión.” No hace falta ser ninguna máquina para entender que esta situación es abiertamente insostenible. ¿Tomarán alguna nota sobre esto los candidatos o seguirán empeñados en hacer solo el papel de zombi, momia, esqueleto, vampiro o fantasma? Para esto último, tienen buenos ejemplos a quienes emular: solo basta ver el listado de ministros o consejeros con competencias -que no competentes-. Hasta la fecha todos sus disfraces han funcionado para meter miedo.

Sobre este blog
Realidades jurídicas, sociales y económicas desde una perspectiva transformadora. Coordinado por Autonomía Sur Cooperativa Andaluza.
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