Elecciones
El fin del ‘voto robado’, una década de trabas electorales para los residentes en el extranjero

Cerca de la medianoche 28 de abril de 2019, con el 99% de los sufragios escrutados, los medios se hacían eco de los resultados en unos comicios que darían como resultado el actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. El escrutinio, sin embargo, se cerraría cuatro días después, con el conteo de los sufragios del Censo electoral de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA), tras un proceso que fue calificado, un año más, como “la misión casi imposible que supone votar en el exterior”.

Marea Granate, el colectivo que firmaba la acusación —a la que añadía otras como la opacidad del proceso y la desinformación en el mismo—, lleva años luchando contra el llamado voto rogado, o “voto robado”, como lo califican, una reforma introducida en la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) bajo el Gobierno el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a petición de PSOE y PP —con apoyo de PNV y CiU—.l

La anulación del voto rogado es, para Marea Granate, “un acontecimiento largamente esperado que podría devolver el derecho —real— de voto a la diáspora española”

Ahora, una nueva reforma de la LOREG acabará con lo que tanto dirigentes de Unidas Podemos como del PSOE, los partidos que presentaron en 2021 la proposición de ley que ha culminado en la reforma, hoy califican de “anomalía democrática”. Tal como ha recordado hoy la portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, la supresión del voto rogado es “un elemento que formaba parte del acuerdo de gobierno y que, por tanto, saludamos que por fin se materialice”.

Reducción de la participación

En esencia, los cambios introducidos en la LOREG en 2011 obligaban a los residentes en el extranjero a tener que solicitar —rogar— el voto en base a unos requisitos y plazos, criticados por excesivamente breves, tanto para la solicitud de documentación previa como para el envío del sufragio.

La consecuencia de la implantación de todo ese proceso fue una disminución del voto exterior y una larga lucha protagonizada por Marea Granate, una red amplia red de emigrantes españoles en el extranjero nacida al calor de las movilizaciones sociales del 15M, y otras organizaciones como la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FEIC), para acabar con el voto rogado y las trabas burocráticas al ejercicio del libre sufragio que se habían introducido.

Tanto Marea Granate como formaciones políticas como ERC, lamentan que no se haya aceptado la delegación de voto, algo necesario para muchas personas residentes en el exterior

Los datos que maneja Marea Granate señalan que en las mencionadas elecciones generales solo participó el 6% de los residentes en el extranjero —cuando en 2008 los porcentajes superaban el 30%—, lo que calificaron entonces de “debacle”. De hecho, de más de dos millones de residentes ausentes y, por tanto, personas integradas en CERA, solo 182.545 rogaron el voto. Aunque la realidad fue aún peor: solo 129.271 residentes ausentes lograron depositar su voto en una urna consular. “Por eso sabemos que hay al menos 53.274 residentes CERA que rogaron el voto y no consiguieron superar el resto de trabas burocráticas necesarias para que su voto fuera efectivo”, denunciaban entonces.

Lejos de quedar ahí los problemas, desde Marea Granate denunciaban que muchos más votos se habían quedado por el camino con el sistema que afectaba a los residentes temporales. Entre las trabajas se encnotraban multitud de casuísticas. Desde el cierre del censo electoral cuatro meses antes de las elecciones, lo que dejaba fuera a todas las personas que cambiaron de residencia en ese tiempo; hasta colas, citas previas y horarios de apertura difíciles de compaginar en unos consulados que a menudo están cientos de kilómetros lejos de la localidad de residencia.

Casos como la no llegada a tiempo de las papeletas en Canadá o en Alemania, que llevaron incluso a la ampliación del plazo envío de votos por parte de la Junta Electoral, o la rectificación del procedimiento que realizó el consulado de Sao Paulo (Brasil), tras indicar un formulario de ruego de voto con una instrucciones de envío posterior que llevaron a que esos fuesen declarados votos nulos, no hicieron sino empeorar la situación para los españoles en el extranjero.

Largo camino

Por trabas burocráticas y problemas como los mencionados, derivados de la instroducción del voto rogado, desde Marea Granate llevan casi una década señalando que este sistema de ruego es ineficaz, “por los plazos tan limitados y por los medios tan obsoletos, además de la falta de información constante con las que nos hemos encontrado en consulados y embajadas”.

La aprobación hoy de la reforma de la LOREG es, para el colectivo, “un acontecimiento largamente esperado que podría devolver el derecho —real— de voto a la diáspora española”.

Entre las novedades se encuentra, además de la anulación del “ruego del voto”, que los electores residentes en el extranjero puedan descargarse las papeletas de Internet, la instauración de unos plazos mucho menos restrictivos para el envío de la documentación electoral y el posterior voto, y un incremento de los lugares para poder ejercer el derecho al sufragio, que ahora incluirán oficinas y secciones consulares, además de otros centros oficiales. Asimismo, desde Marea Granate ven satisfactorio que se garantice la gratuidad del envío de votos y que este se realice ahora mediante valija diplomática para una mayor seguridad.

Sin embargo, tanto Marea Granate como formaciones políticas como ERC, lamentan que no se haya aceptado la delegación de voto, algo necesario para muchas personas residentes en el exterior para poder participar en las elecciones. Tampoco se incluirá en la reforma una posibilidad de trazar el voto, para que un elector pueda confirmar si su papeleta ha alcanzado la urna, ni el sufragio telemático.

La reforma pasará ahora al Senado para su aprobación definitiva, algo que ocurrirá previsiblemente en septiembre.