Opinión
¿Qué aprendimos en más de un mes de protestas al sur de Granada?

Hace calor en todo Granada y Órgiva no es la excepción. Pero ni la alerta de la AEMET ni los más de 40C son suficientes para detener a los vecinos en su ya casi habitual jornada de protesta de los jueves. Así una vez más, decenas de personas vuelven a manifestarse frente al Ayuntamiento exigiendo que se dé marcha atrás con las expropiaciones y se detengan los polígonos solares en las tierras de alto valor ecológico y cultural de El enjambre .

Los vecinos son conscientes de que el alcalde de Orgiva, sr. Raul Orellana, no es un “mero tramitador“ e insisten en que las autoridades locales deben defender los intereses de los habitantes del pueblo, frente a quienes usan la “transición energética” para especular. También hay indignación por las declaraciones del Consistorio sobre la posibilidad de crear una cooperativa energética. Si bien hay intenciones de formar comunidades energéticas locales, éstas no tienen nada que ver con transformar tierra agrícola en polígonos industriales, sino con aprovechar los tejados de edificaciones y otras áreas intervenidas.

En el pleno del gobierno local del pasado 25 de julio, el concejal Antonio Sanchez presentó una moción para solicitar la ordenación del territorio previa a la implantación de energías renovables. En ese pedido se insistía en la necesidad de instaurar una moratoria inmediata a los proyectos fotovoltaicos (FV) de Disposol SL y EsperolaRegis SL, así como a la construcción de la línea de evacuación eléctrica de 20kv, hasta tanto se debatan y aprueben los planes de ordenamiento. Sin planificación previa, el despliegue desordenado de las energías renovables conlleva riesgos innecesarios. Y en este caso no hay ninguna urgencia, ya que  por un lado, los proyectos son un negocio privado que pretende exportar energía fuera de la Alpujarra y no dejan ningún beneficio a los locales. Y por otro, el Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) aún es un borrador que no cuenta con aprobación definitiva.

Una de las mayores preocupaciones es que la mencionada línea de evacuación de media tensión, aunque subterránea, implicaría daños a lo largo de casi 7 kilómetros y atravesaría el valle más fértil del municipio de Órgiva. Además, para realizar esas obras se impondría la expropiación y ocupación forzosa de parcelas de más de 80 agricultores. Adicionalmente, el hecho de que los proyectos FV se presentaran por separado no resulta adecuado para evaluar los impactos acumulativos en el territorio y así, evitar daños irreversibles a la biodiversidad e incluso a la salud humana. 

“Una de las mayores preocupaciones es la línea de evacuación de media tensión que, aunque subterránea, implicaría daños a lo largo de casi 7 kilómetros y atravesaría el valle más fértil del municipio de Órgiva”, Sandra Ferrante.

En la vega de Órgiva, las fincas son muy pequeñas por lo que el posible impacto de los 90.000 m2 de instalaciones fotovoltaicas podría ser devastador. Es obvio que, sin cubierta vegetal y sin los árboles que se pretende arrancar en El Enjambre, la retención de agua, disminuirá y que la erosión de suelo fértil, aumentará. El impacto de los polígonos fotovoltaicos en el incremento de las temperaturas y la creación de islas de calor también está bastante estudiado. Y sin duda, dado los veranos secos y con temperaturas extremas, repercutiría negativamente en la salud de las personas que habitan la vega y en la producción de alimentos de sus parcelas. Esto configura un típico territorio de sacrificio, donde los beneficios se exportan pero los daños se internalizan.

Más allá de lo dicho, para muchas personas lo más alarmante es el creciente clima de indefensión que se está generando. Los carteles de los manifestantes lo expresan con claridad: “Hoy es tu vecino, mañana puedes ser tú” y “La especulación no tiene utilidad pública”. Incluso durante las jornadas de levantamiento de actas, el despliegue de equipos técnicos de los promotores fotovoltaicos en el edificio del ayuntamiento, contrastó con la prácticamente nula asistencia de funcionarios locales y la lamentable ausencia del alcalde. Una vecina afirmó sentir “violencia administrativa” cuando firmó en disconformidad el acta de ocupación de parte de su finca.

“Para muchas personas lo más alarmante es el creciente clima de indefensión que se está generando, 'Hoy es tu vecino, mañana puedes ser tú'”, Sandra Ferrante.

La preocupación por este aspecto del despliegue “renovable” excede este pequeño pueblo de la Alpujarra granadina. Los casos de declaración de utilidad pública a proyectos de energías renovables se repiten en todo el Estado español. Y la alarma crece porque se está utilizando el artículo 54 de la Ley 24/2013, que regula el Sector Eléctrico para realizar declaraciones genéricas de utilidad pública (y por consiguiente expropiación forzosa) sin distinguir si se trata de instalaciones promovidas por entidades públicas o empresas privadas. Y, lo que es peor aún, sin justificar en qué se basa la utilidad pública.

Así, se olvida cuál es el objeto de la Ley y cómo éste enmarca la aplicación de cada artículo en particular. Si no se atiende en primer lugar a que finalidad de la Ley es “garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste”, la aplicación descontextualizada del artículo 54, puede llevar a aberraciones. Y no sólo en Órgiva, ni a nivel de hipótesis. En la planta Núñez de Balboa, en Usagre (Extremadura), la multinacional Iberdrola se valió de la declaración de utilidad pública para apoderarse de más de 500 hectáreas vía expropiación, en lo que se ha calificado como un “despropósito (que) no tiene nombre”. La alarma crece, de ahí que hace unos días el pleno del Ayuntamiento de Santa Fe votó por unanimidad que no se declaren de utilidad pública un proyecto de Iberdrola que sólo implica daños a nivel local.

Parece obvio pero ¿cómo va a ser eficiente “producir” energía que no se utiliza localmente, a sabiendas de que en el traslado se puede perder hasta un 40%? o ¿cómo se garantizarían suministros “al mínimo coste” cuando se sobrecargan subestaciones eléctricas y/o se imponen  obras de infraestructuras de mallado o alta tensión, que los consumidores locales pagan en la factura eléctrica, aunque la energía se evacúe hacia territorios lejanos? Y esto sin mencionar que los costes, siempre exceden lo monetario. Hay costes ambientales, sociales, sanitarios, etc. que deberían considerarse a la hora de determinar si hay o no, utilidad pública. Caso contrario, parecería que la Ley se está aplicando como si fuera obligatorio declarar de utilidad pública y expropiar en beneficio de cualquier tipo de negocio eléctrico con tal que tenga algún tipo de barniz verde.

Renovables así, no

Renovables así, no. Ni en zonas protegidas ni en tierra agrícola o ganadera. Hay más de 300 mil hectáreas disponibles para fotovoltaica y eólica “en tejados solares, zonas industriales, vertederos, escombreras, minas abandonadas, zonas aledañas a las infraestructuras de autovías, autopistas y vías férreas, canales al aire libre e invernaderos ya consolidados”. Esa superficie es más que suficiente para abastecer todo el consumo eléctrico de España. Si la transición energética no se inicia en los sitios que menor impacto implican y se declara de utilidad pública destrozar ecosistemas y arrancar almendros, olivos o encinas es porque el simulacro de descarbonización sólo está al servicio del lucro de las eléctricas y de los fondos buitre.

Galeano decía que “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. En Órgiva, aprendimos que al menos, hay que intentarlo.