Energías renovables
El debate sobre la transición ecológica irrumpe en Euskadi y Catalunya

El precio de la factura de la luz y del gas no solo ha importunado a la gente corriente. También molesta a instituciones y empresas. Esa división entre gente y entes es la que marca la diferencia entre una transición ecológica democrática con la justicia social como objetivo y otra transición que consolida una sociedad cada vez más desigual en la que el capitalismo pueda continuar sin freno. Aunque los años empiecen el 1 de enero, septiembre es el inicio de muchas cosas, también del curso político. Es el mes en el que se abren los debates en los que hay temas importantes en juego. Tanto en el País Vasco como en Catalunya, la transición ecológica ha salido de los despachos y ha entrado en la agenda mediática con dos propuestas diferentes.

Los tres municipios afectados por la central proyectada en Azpeitia, Errezil y Zestoa están gestionados por EH Bildu

País Vasco

Statkraft es una empresa pública noruega que fuera de sus fronteras actúa de forma transnacional, proyectando centrales de energías renovables en otros países. Se ha convertido en la empresa líder en generación de renovables en Europa. Su objetivo es obtener rendimiento económico de sus inversiones, para revertirlas en el país que sigue siendo el mayor productor de petróleo de la UE, pero que es consciente de que la gallina de los huevos de oro tiene los días contados. Statkraft se diferencia de muchas compañías en un aspecto: sigue una estrategia de comunicación transparente en ciertas partes del proceso. Las reuniones discretas con políticos y empresarios para tantear el terreno también las hacen, como todas las empresas.

El anuncio del 13 de septiembre por parte del Gobierno vasco de que Statkraft desea instalar dos centrales eólicas en montes de Gipuzkoa ha creado revuelo social en el País Vasco. Dicho anuncio vino acompañado del visto bueno de un partido históricamente contrario a estos proyectos, EH Bildu, además de la postura favorable del responsable social del Grupo Fagor, Aritz Otxandiano Kanpo. La alcaldesa de uno de los pueblos afectados, Azpeitia, Nagore Alkorta (EH Bildu), añadió que la construcción de las centrales podría suponer “una oportunidad”. 

Las formas cuidadas de Statkraft le diferencian de la empresa omnipresente en el País Vasco: Iberdrola. Pero comparte con ella que escoge el sitio en el que desea operar y lo propone al Ejecutivo vasco, que carece de Plan Territorial Sectorial

La postura de EH Bildu se ancla en la perspectiva de la posibilidad de participar económicamente en estos proyectos, socializándose los beneficios, y en los que los vecinos podrán dar su opinión en asambleas municipales. El Ayuntamiento de Azpeitia anunció ayer que la reunión informativa tendrá lugar el 11 de octubre, a las 19h en el teatro Soreasu. Statkraft ha animado a convertirse en inversores tanto a particulares y empresas como a los consistorios, creando así una especie de comunidad energética en un proyecto de colaboración público-privada. 

La inversión requerida es de 90 millones para dos centrales eólicas ubicadas en Itsaraz, en el límite entre Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y Piaspe, entre Azpeita, Errezil y Zestoa (Gipuzkoa). La primera contaría con una capacidad de 52,8 megavatios y la segunda, de 33 MW. Las primeras informaciones indican que Statkraft instalaría siete y seis aerogeneradores, respectivamente, previsiblemente de unos 200 metros de altura (la torre Iberdrola de Bilbao tiene 165).

Las formas cuidadas de Statkraft le diferencian de la empresa omnipresente en el País Vasco: Iberdrola. Pero comparte con ella que escoge el sitio en el que desea operar y lo propone al Ejecutivo vasco, gobernado en coalición entre PNV y PSE. La Comunidad Autónoma del País Vasco carece de Planeamiento Territorial Sectorial (PTS). Gobierno vasco ha asegurado que aún no lo ha podido elaborar. Tampoco ha explicado a qué ha dedicado el tiempo o qué dificultades ha hallado. Mientras, la crisis económica ha acelerado o propiciado un ambiente político y social para plantear que la transición ecológica es impepinable —Aritz Otxandiano desgranó en una entrevista radiofónica que la factura eléctrica de Fagor se ha multiplicado este año por cinco y por seis la de gas—. 

“Statkraft ha entrado por la puerta grande y le han puesto alfombra”, advierte un vecino de Errezil del colectivo Sañoa Bizirik

En la noche del martes, un centenar de vecinos se reunieron en un local de Azpeitia. Se constituyeron como el colectivo Sañoa Bizirik, en referencia al monte afectado. Un vecino de Errezil, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica a El Salto que “lo más importante de esta reunión ha sido que hay un grupo de personas que se opone al proyecto”. Considera, a título individual, que “las palabras bonitas de Statkraft hacen más amable a un proyecto que es lo mismo, o quizá más potente, al que recientemente planteó Greencapital en el monte Karakate”, entre Soraluce y Elgoibar. “Statkraft ha entrado por la puerta grande y le han puesto alfombra”, concluye. Los tres municipios afectados por la central proyectada en Azpeitia, Errezil y Zestoa están gestionados por EH Bildu.

Desde el colectivo Araba Bizirik, Rebeka González de Alaiza Pérez de Villarreal resume que “las decisiones que ha tomado EH Bildu en torno a la expansión de las renovables en el País Vasco dinamitan el consenso social existente y permiten la legitimación de estos proyectos aprobados en las excepcionalidades legales impuestas por el Gobierno vasco, tales como la Ley Tapia 1 y 2 y la evitación del preceptivo estudio de impacto ambiental”, en referencia a la ley aprobada el pasado curso político que otorga más poder al Ejecutivo vasco que a los ayuntamientos, pudiendo este imponer proyectos considerados de interés evitando incluso que un estudio ambiental los avale. 

“Las decisiones que ha tomado EH Bildu en torno a la expansión de las renovables en el País Vasco dinamitan el consenso social existente y permiten la legitimación de estos proyectos aprobados en las excepcionalidades legales impuestas por el Gobierno vasco”, Araba Bizirik

De una parte, los vecinos contrarios a la central eólica muestran su preocupación por ver su monte invadido de molinos en 2027, fecha con la que Statkraft planea la inauguración de las centrales. Perder el paisaje y que aves de gran tamaño mueran en las aspas son los dos principales impactos que tienen los aerogeneradores, indica el profesor de energías renovables en la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, Aitor Urresti, quien también ha sido director general de Energía y Cambio Climático en las Islas Baleares (2019-2021) y trabajó en Shesa, la empresa pública vasca de hidrocarburos, nada más licenciarse (1999-2001). 

De otra parte, Araba Bizirik, grupo con años de trayectoria, añade la lectura política: “Es un modelo de energía centralizado, que no será distribuido en un municipio por mucho que se produzca en una localidad. Es un modelo que simplemente da respuestas al desarrollo continuista. Tenemos que decrecer, tenemos que ser valientes para atender a la crisis ecosocial, que es incompatible con la destrucción de los ecosistemas naturales”, advierte González.

Sin lugar a dudas, el anuncio de Statkraft de impulsar dos parques eólicos en Euskal Herria ha despertado mucha curiosidad e interés.

Tocará debatir sobre estos proyectos (como sobre otros muchos), pero parece que estamos ante una propuesta singular.

Me explico, va hilo 👇

— Mikel Otero (@otero_mikel) September 14, 2022

Iniciativas andaluzas contra los macroproyectos energéticos de renovables

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El profesor de renovables alaba la entrada de Statkraft, con contactos previos en los municipios y con una propuesta de socialización de los beneficios —“es así como valorábamos los proyectos en Baleares”—, pero critica al Gobierno vasco: “Las instalaciones se producen en la ley de la selva, porque no existe regulación, por lo que cualquier empresa puede solicitar permiso y que se le concedan derechos expropiatorios”. 

Al mismo tiempo, Urresti valora que se produzca un “debate local, porque es primordial dar la palabra a quiénes están allí”, pero añade que debe aflorar también el “debate larvado sobre el modelo de transición, ese que debería poner sobre la mesa no solo el ahorro y la eficiencia energética que pueden proporcionar las energías renovables, sino que estas se implemente de una manera democrática y socialmente justa, y esto último siempre se olvida”, porque recuerda que “las cosas no son socialmente neutras”: “¿A quién beneficia las subvenciones para una instalación fotovoltaica? A quien tiene dinero para adelantar el pago de la placa solar”, además de, seguramente, una vivienda unifamiliar. La duda ahora es si la gente corriente de Azpeitia que no tenga dinero ahorrado para invertir en una central eólica verá reducida su factura de la luz.

Urresti valora la respuesta dada por el Gobierno vasco tras negarse a crear una empresa energética pública, como demandó insistentemente Podemos Euskadi-IU el pasado curso político: “Les dieron una respuesta muy buena, ‘que ya tenemos una empresa pública, el EVE’, pero se les olvidó añadir que el EVE no está ejerciendo la función que pedía Podemos. Una empresa pública, si está bien gestionada, sí puede luchar contra la pobreza energética, más allá de los bonos sociales”. EH Bildu se abstuvo.

“Ya tenemos una empresa pública energética, el EVE”, respondió el PNV a Elkarrekin Podemos-IU para negar la posibilidad de crear una, “pero olvidó decir que no ejerce la función que pedía Podemos”

El profesor concluye recordando que en un territorio sin ordenación, las empresas proponen los aerogeneradores donde hay más viento. Es decir, en los cresteríos del monte, zonas que no están antropozidas por el ser humano. Es en zonas ya degradadas donde los molinos tienen sentido, como los ubicados en las dársenas del Puerto de Bilbao. El permanente ruido de los buques y la industria no animan a los buitres, águilas y demás pajarracos a planear la zona. “Rinde menos, pero poner pequeños aerogeneradores en las orillas de la ría no causaría impacto”, concluye. 

La segunda convocatoria de ayudas a la industria para pagar la factura de gas del Gobierno vasco suma cinco millones de euros en los próximos cinco meses, a los que hay que añadir diez millones en la primera tanda. Casi ningún pabellón de las decenas de polígonos industriales diseminados por la geografía vasca tiene puestos en sus tejados paneles solares, tampoco aerogeneradores en los bordes.

El lehendakari Iñigo Urkullu anunció ayer un nuevo plan para mitigar el coste de la inflación y el precio de la energía, con de 400 millones de presupuesto provenientes del porcentaje que le corresponde al País Vasco de la recaudación del Gobierno español con la tasa energética —7.000 millones estimó recaudar—. Tras su reunión con el Consejo Vasco de Finanzas, a mediados de octubre dará a conocer en qué pretende invertirlos.

“El Govern plantea es una comunidad energética supramunicipal para autoconsumo que abarata la factura de la Generalitat pero no confronta al sistema oligopólico”, expresa Dani Cornellà (CUP)

Catalunya

Uno de los requisitos de la CUP para apoyar a Pere Aragonés en su investidura en la formación del Govern catalán entre ERC y Junts fue la creación de una empresa energética pública. Sorpresivamente, Aragonés anunció esta semana en Nueva York que la pondrá en marcha el 4 de octubre y que su cometido será generar y comercializar energía instalando placas solares en los tejados de todo el patrimonio inmobiliario de la Generalitat. 

La administración catalana es la principal consumidora de energía y en 2019 gastó 70 millones en pagar facturas, según El Periódico. El Govern pretende instalar placas en gran parte de los cinco millones de metros cuadrados de los tejados de sus 1.542 edificios. Espera generar 329 megavatios; ahora tiene 14.

“La CUP planteó una energética pública que afectara a las tres bases: generación, distribución y comercialización, pero lo que el Govern plantea es una comunidad energética supramunicipal para autoconsumo que abarata la factura de la Generalitat pero no confronta al sistema oligopólico”, expresa Dani Cornellà, parlamentario de la CUP. Reconoce que la propuesta de Aragonés es “un pasito”, pero que dista mucho de lo acordado. Y recuerda el actual panorama catalán, no muy diferente al vasco: “Lo que propusimos fue que el Govern se implicara, no es necesario que todos los proyectos sean privados o de fondos buitres que instalan macroproyectos. La transición debe realizare en la línea que marca la ley catalana del cambio climático: que sea democrática, descentralizada y de proximidad, generando energía en el sitio más cercano a su consumo. No vale arrasar comarcas que ya padecen despoblamiento”.

Catalunya tampoco tiene un plan de ordenación territorial y por eso el consorcio BlueFloat Energy y Sener ha propuesto instalar un macro parque flotante eólico marino en la Costa Brava

La CUP encargó al profesor universitario Sergi Saladier un estudio sobre qué se podría hacer. La respuesta fue llenar los tejados de los polígonos y los márgenes de la autopista AP7 y otras autovías de placas y molinos. Con estas sencillas iniciativas, Catalunya alcanzaría el 50% de los objetivos energéticos de 2030.

Pero las propuestas que están encima de la mesa son muy diferentes. Catalunya tampoco tiene un plan de ordenación territorial y por eso el consorcio BlueFloat Energy y Sener ha propuesto instalar un macro parque flotante eólico marino en la Costa Brava, que además de poseer un ecosistema valioso, tiene mucho viento. El consorcio pretende instalar 35 aerogeneradores para producir 500MW. Se conoce como el proyecto Tramuntana y Stop macro parque eólico marino es el grupo nacido en 2021 para evitar que el Cap de Roses se convierta en el polígono industrial de las energías renovables en Girona.

“Se insiste en un modelo fallido e insostenible, plagado de megaproyectos que, por lo general, no se sustentan sobre las necesidades sociales de nuestros territorios, sino en la búsqueda de ganancia en los mercados globales. Megaproyectos que responden fundamentalmente a intereses de reciclaje empresarial de sectores como la energía fósil o la automoción, y no a prioridades sociales para enfrentar la ineludible transición”, alerta el economista y miembro de Omal, Gonzalo Fernández. “Se imponen a la ciudadanía en los territorios que ocupan, sin debate democrático, libre e informado alguno. Se sostienen sobre la propiedad corporativa, nunca la público-social e insisten en modelos centralizados y protagonizados por grandes corporaciones, frente a la planificación democrática y el fortalecimiento de lo colectivo que precisa un momento como que el atravesamos”, añade. Los colectivos ambientales, la izquierda ecologista y los economistas decrecentistas llevan años haciendo ruido, sin conseguir que su voz genere un debate profundo en la sociedad sobre la transición energética. Si las propuestas políticas encima de la mesa no abaratan la factura de luz de la gente corriente, quizá esta esté interesada en un debate profundo que la incluya.

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