Energías renovables
Euskal Herria puede ser autosuficiente en energía renovable en 2050 recortando su consumo a la mitad

Euskal Herria podría cubrir el 100% de su energía con renovables generadas en su propio territorio en 2050, sin depender de importaciones de combustibles fósiles y con la mayoría de la infraestructura bajo propiedad pública. Es la conclusión de un estudio publicado en la revista científica Utilities Policy y firmado por Ortzi Akizu-Gardoki, Martin Lallana, Erlantz Lizundia y Unai Pascual, una investigación liderada desde la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). El trabajo modela por primera vez un escenario de transición “justo, público y renovable” para el conjunto del territorio: la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), la Comunidad Foral Navarra y la Comunidad del País Vasco (Iparralde).

La condición para lograrlo es doble. Por un lado, reducir un 51% la huella energética, que pasaría de los actuales 40,1 megavatios hora por habitante al año a 19,4. Por otro, multiplicar casi por cinco la generación renovable propia: un aumento del 386%, desde los 13,0 teravatios hora que hoy se producen en el territorio hasta los 63,0 previstos para 2050. El sistema quedaría totalmente electrificado, con el hidrógeno reservado solo para la industria pesada y la aviación.

Ese recorte del consumo no sale de la nada. El transporte, que hoy se lleva más de un tercio de la energía consumida en Euskal Herria, es el sector clave: el modelo plantea electrificar toda la flota y, a la vez, reducir a más de la mitad el uso no eléctrico del vehículo privado en favor del transporte público, además de recortar la aviación a los vuelos internacionales, propulsados con hidrógeno. En la vivienda, la apuesta es la electrificación total, un 50% menos de consumo térmico gracias al aislamiento y un 20% menos de electricidad; en la industria, una reducción del 30% del consumo y una electrificación del 60%. La literatura en la que se apoyan los autores llega a plantear reducir en un 65% el número de coches privados y multiplicar por cuatro los autobuses públicos.

El punto de partida es una dependencia casi total del exterior. El 79% de la energía que consume Euskal Herria procede de combustibles fósiles y su dependencia energética exterior alcanza el 87% —el 89,6% si se contabiliza la energía incorporada en los bienes y servicios importados—, lo que la convierte, según los autores, en la segunda región más dependiente de Europa después de Luxemburgo. La huella energética actual, 40,1 MWh por habitante, es casi el doble de la media mundial y entre dos y cuatro veces lo que permitiría el reparto justo del presupuesto energético del planeta.

Un modelo público y comunitario

La aportación más política del estudio es que la energía deje de ser un negocio privado para pasar a manos públicas y comunitarias. El modelo impone como condición —no como aspiración— que la mayoría de la generación sea pública, y reparte el esfuerzo entre tres actores: las instituciones y ayuntamientos, las empresas y la propia ciudadanía. En el sistema dibujado para 2050, el 51% de las instalaciones sería de titularidad pública y un 6% de propiedad ciudadana, frente al 22% en manos de empresas; el 21% restante corresponde a la generación ya existente, mayoritariamente privada. Traducido a lo que hay que construir de nuevo —36,8 gigavatios de potencia—, el 65% sería público.

Esa mayoría pública convive, en la propuesta realizada, con un fuerte componente comunitario y descentralizado. El escenario prioriza generadores pequeños y de bajo impacto —turbinas eólicas de 800 kilovatios, minicentrales hidroeléctricas de 100, plantas de biomasa de 500— y coloca placas en todos los tejados, empezando por las viviendas antes de ocupar suelo. Los autores defienden que ese giro es una condición y no un adorno: recuerdan que la generación en manos privadas depende de las expectativas de beneficio y que, al abaratar la electricidad, el propio despliegue renovable erosiona esos márgenes y frena la inversión.

El territorio, señalan, parte con ventaja para revertir esa lógica desde abajo: 120 de las 353 comunidades energéticas registradas en el Estado se ubican en la CAV y Navarra, y ya hay municipios ensayando mecanismos de planificación público-comunitaria en energía, alimentación y cuidados.

Esa apuesta por lo público choca frontalmente con la dinámica que ya se vive sobre el terreno. El propio estudio señala a Solaria Energía y Medio Ambiente, la empresa del Ibex 35 que promueve decenas de plantas fotovoltaicas de gran escala en Araba, como ejemplo de una “estrategia de acaparamiento verde de tierras” amparada en una planificación pública débil.

Hordago ya ha documentado cómo Solaria fracciona sus proyectos en centrales de 50 megavatios y cómo surgen en Araba proyectos que sitúan ese territorio como punto de salida del despliegue vasco de energías renovables. Numerosas investigaciones advierten de que el relato corporativo de la transición “enmascara una estrategia privada de lucro” y reclaman “salvaguardas públicas democráticas” y un marco regulatorio estricto contra el acaparamiento.

Cuánta tierra y cuánto dinero

El coste territorial del escenario no es menor. Cubrir toda la demanda exigiría instalar paneles en todos los tejados y destinar el 1,6% de la superficie a fotovoltaica y el 0,5% a eólica: un 2,1% del territorio de Euskal Herria, casi 43.000 hectáreas en un país ya muy antropizado, además de aprovechar la biomasa residual del 14,7% de superficie ocupada por plantaciones forestales. Es, con todo, una fracción de lo disponible: el estudio recuerda que las zonas de bajo impacto ambiental identificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y por el propio Gobierno Vasco abarcan una parte muy superior del territorio, de modo que la limitación no es tanto la falta de suelo como quién decide su uso y con qué reglas.

En lo económico, instalar los 23,5 GW de nueva potencia pública costaría unos 15.920 millones de euros entre 2026 y 2050 —una inversión anual de 637 millones durante 25 años—, lo que equivale al 2,6% del presupuesto público vasconavarro. La transformación arrastraría además al empleo industrial: la automoción emplea a más de 24.000 personas en el territorio y el acero a más de 19.000, dos sectores que el estudio da por abocados a una transformación profunda.

Los planes oficiales actuales no se alinean en Euskal Herria con los objetivos europeos de cero emisiones, con integraciones de renovables “demasiado bajas” para alcanzar la neutralidad climática

El escenario diseñado por estos investigadores contrasta con los planes oficiales actuales, de los que subrayan la “clara inconsistencia” entre los objetivos europeos de cero emisiones netas y unas metas regionales que no se alinean con ellos, con integraciones de renovables “demasiado bajas” para alcanzar la neutralidad climática. Los autores repasan los planes de la CAV, Navarra e Iparralde y concluyen que las renovables previstas cubrirían solo una fracción del consumo y no bastan para las metas de cero emisiones. El estudio ha contado con la financiación del sindicato LAB, además de una ayuda de la EHU.

Los propios autores ponen un límite a su trabajo: se trata de un modelo de viabilidad técnica, no de una propuesta política concreta, y no cuantifica los impactos ambientales de ocupar esas 43.000 hectáreas ni la conflictividad social que implicaría un despliegue de esa magnitud en un territorio densamente poblado. La pregunta de fondo, sostienen, no es tecnológica sino política: cuánta huella se asume en el propio territorio en lugar de exportarla a tierras lejanas, qué suelo se destina a la energía y, sobre todo, quién es dueño de las infraestructuras y de la energía que generan.