Especulación inmobiliaria
El bloque de ‘Gaztambide, 37’ se declara en lucha contra el fondo buitre Palau y Manfredi en Chamberí

El distrito de Chamberí, en pleno centro de Madrid, se ha convertido en uno de los núcleos más codiciados para el capital inmobiliario internacional. Actualmente constituye, tal y como aseguran los sindicatos de vivienda, un “caramelito” para todos aquellos inversores que buscan hacerse de oro adquiriendo propiedades verticales, reformándolas y vendiéndolas como pisos de lujo. Operaciones especulativas que van ganando terreno en zonas de rentas medias-altas a través de regulaciones estatales favorables a los intereses de los grandes tenedores. Uno de ellos es el fondo catalán Palau y Manfredi, cuya última adquisición ha sido el edificio de calle Gaztambide, 37, cercano a Moncloa y ubicado en una zona altamente tensionada.

En enero de 2025, agentes inmobiliarios de esta socimi se personaron en el edificio para comunicar a las vecinas que se habían hecho con la compra del mismo y que, en consecuencia, no renovarían sus contratos. La antigua propietaria había fallecido y sus sobrinos, que heredaron el bloque, se deshicieron rápidamente de él ofreciéndoselo a este fondo que hoy ha puesto en pie de guerra a las residentes más veteranas. Algunos inquilinos, que hoy se muestran decididos a resistir en sus vivienda frente a los intentos de desalojo forzoso, recibieron ofertas de hasta 10.000 si abandonaban sus casas antes de la finalización de los contratos.

Es el caso de Irene Moreno y Ángel García, cuyo contrato de arrendamiento está en vigor hasta 2028. Hasta entonces tratarán de negociar uno nuevo “estable y asumible” para poder permanecer después de la fecha de vencimiento. La entidad inmobiliaria, no obstante, no ceja en su empeño de expulsar a la totalidad de las inquilinas y se cierra en banda a pactar con ellas. Irene y Ángel no disponen de alternativas habitacionales en la ciudad, donde ambos trabajan, por lo que contemplan volverse a Andalucía si se ven forzadas a salir de su actual casa. “Si la situación de los alquileres sigue por las nubes, nos tendremos que ir de Madrid, no nos podemos permitir el lujo de mudarnos a otro sitio y no queremos invertir la mitad de nuestro salario en el pago del alquiler, aunque en el sur los pisos tampoco están baratos ahora”, cuenta la pareja.

“Como no hay división horizontal, se han repartido un porcentaje del bloque y ahora los socios ponen los pisos en inmobiliarias de lujo para venderlas al mejor postor”

Con la compraventa, cada uno de los socios de Palau y Manfredi tiene asignado un piso como participación, de manera que pugnan por obtener la máxima rentabilidad posible de las viviendas. “Como no hay división horizontal, se han repartido un porcentaje del bloque y ahora los socios ponen los pisos en inmobiliarias de lujo para venderlas al mejor postor”, infiere a este medio la inquilina. Basándose en la rapidez con la que se han desencadenado estas operaciones en un corto lapso de tiempo, sospechan que se trata de una práctica conocida como 'flipping' inmobiliario, cada vez más popularizada: comprar para revender en un plazo corto de tiempo con la intención de conseguir ganancias en un periodo breve. Un pelotazo express que a penas da margen de negociación ni planificación a las inquilinas.

Pero Irene y Ángel no están solos, llevan desde enero organizadas con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, y junto al resto de sus vecinas se constituyeron como bloque en lucha “para acabar con el negocio del alquiler y acabar con los buitres”. Continúan así una larga tradición de batalla inquilina, iniciada por sus antecesoras de los bloques de Valverde, 42 (último bloque nacido en Malasaña), San Ildefonso, 20 o Tribulete, 7, cuyas vecinas han logrado sentar ante los tribunales a los altos directivos del fondo que se hizo con su edificio en el barrio de Lavapiés. O las de calle Cáceres, 7 en el distrito de Arganzuela, que tras la pelea titánica de 17 pisos contra la Sareb consiguieron una renovación total de los contratos.

De hecho fue precisamente en Chamberí donde arrancó la desobediencia civil colectiva contra Élix Rental Housing en diciembre de 2023, con el bloque de Galileo, 22. Este fondo propiedad de AltamarCAM Partners, cuyo presidente es Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre, se hizo primero con la compra de ese bloque y después con otros también en el centro de Madrid.

Un fondo de inversión con tentáculos en Madrid y Barcelona

“La idea de este fondo es expulsar a las vecinas de su barrio, para reconvertir el bloque en pisos de lujo. Es un patrón que constantemente se repite. Estas empresas compran bloques de vivienda enteros en zonas estratégicas, con vecinas con contrato en vigor, y les comunican que no van a renovar sus contratos”, destacaba el Sindicato de Inquilinas en un comunicado reciente. Se repite, pues, una misma praxis encaminada a utilizar las casas como activos para rentabilizarlas al máximo a costa de las vidas de sus habitantes.

“Hay una pareja que no se puede ir porque ambos son pensionistas, están intentando echarle por todos los medios y tienen pánico a verse sin techo. Otros vecinos les vence el contrato en agosto-septiembre...”

A parte de inquilinas con contratos todavía en vigor, también hay vecinos con otros que finalizan en breve y viven atenazados por el miedo a quedarse en la calle: “Hay una pareja que no se puede ir porque ambos son pensionistas, están intentando echarle por todos los medios y tienen pánico a verse sin techo. Otros vecinos les vence el contrato en agosto-septiembre y tienen la intención de irse, pero es verdad que cuando se ponen a buscar pisos ven que mudarse es inviable por la situación de crisis habitacional. Además, hemos encontrado a dos vecinas que se han ido por coacciones”, alegan las vecinas.

Aunque no han llevado a término por el momento tácticas agresivas de acoso inmobiliario para precipitar la expulsión en masa ni han contratado a grupos de desokupación para hacerles ese trabajo sucio, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, las inquilinas denuncian la entrada constante de agentes inmobiliarios en el edificio. Algunos mostraron conocer datos personales de los vecinos, que la antigua propiedad había difundido sin su consentimiento, según han denunciado públicamente.

Todo ello se suma a los incesantes ruidos de obras no autorizadas, ya que el fondo carece de declaración responsable para su ejecución. Además, el fondo ha cambiado la titularidad de los suministros, “de tal manera que realizan cortes de agua y gas a su voluntad, perjudicando la vida de las familias”, afirman desde el Sindicato. Hasta diciembre han vivido asaltados por visitas recurrentes de diferentes fondos de inversión interesados por hacerse con la propiedad: “Ha habido durante todo ese año hasta la venta varios fondos que se han ido interesando por el edificio porque estaban tanteando si salía rentable o no la compra”, explica a El Salto Irene desde el salón de su casa.

El administrador único de Palau i Manfredi, Bernat Palau de Belza, es uno de los grandes accionistas del RCD Espanyol y posee también la administración de Mansalva Inversiones

Según una investigación realizada por La Directa, el administrador único de Palau i Manfredi, Bernat Palau de Belza, es uno de los grandes accionistas del RCD Espanyol y posee también la administración de Mansalva Inversiones, una empresa que ha adquirido bloques de vivienda en el barrio barcelonés de Gràcia. Es decir, el fondo acumula propiedades verticales tanto en Madrid como en Barcelona. Uno de estos bloques adquirido en julio de 2024 se ha aliado con Gaztambide, 37 para unir fuerzas contra un mismo frente especulador. Se trata del bloque de calle Mallorca 243, ubicado en el histórico barri de l’ Eixample, entre la Rambla de Catalunya y la calle Balmes. El mismo fondo destaca en su web que “el grupo aplica criterios de selección muy estrictos a la hora de decidir la ubicación de nuestros edificios, centrándose en las zonas céntricas y privilegiadas de Barcelona y Madrid”, de manera que no es casualidad que el Eixample y Chamberí hayan sido escogidos como lugares predilectos para ampliar su mercado.

Para el Sindicato de Inquilinas es esencial implantar una nueva regulación que frente la actividad especulativa de los buitres que hacen de un bien de primera necesidad, su negocio más lucrativo

Para Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas, “que haya una coordinación tan real y tan efectiva entre dos bloques, uno en Madrid y otro en Barcelona, que por desgracia les ha comprado el mismo fondo, es algo súper potente, y poder hacer una campaña comunicativa común y poder reclamar conjuntamente da mucho más fuerza a la lucha. Al final, cuanto más colectivo sea el proceso de organización, más poder vamos a tener”.

Álvarez subraya que es esencial implantar una nueva regulación que frente la actividad especulativa de los buitres que hacen de un bien de primera necesidad, su negocio más lucrativo. Una medida que califica de “extrema necesidad” en un contexto de auge desorbitado de los precios, ahora también marcado por los embates que traerá consigo el conflicto en Oriente Próximo.

Un escudo social sin medidas para aliviar los efectos de la guerra en la vivienda

En este sentido, los militantes de esta organización han criticado la falta de ayudas estatales en materia de vivienda en el escudo social que pretende hacer frente a la inflación por la guerra de Irán. “Sabemos que la guerra va a influir en los alquileres porque la inflación va a ser mayor, los caseros se van a aprovechar y van a subir los precios y, a la vez, con una legislación tan favorable a los intereses de los fondos extranjeros, éstos van a seguir viniendo a nuestros barrios”, confiesa Álvarez.

“Sabemos que la guerra va a influir en los alquileres porque la inflación va a ser mayor, los caseros se van a aprovechar y van a subir los precios y, a la vez, con una legislación tan favorable a los fondos extranjeros”

Según la Plataforma Ni un desahucio más, en el paquete de medidas anunciadas el pasado viernes, no figura la moratoria antidesahucios, lo que vuelve a poner en riesgo de irse a la calle a 70.000 personas vulnerables. “A estos 60.000 procedimientos judiciales de desahucios que se están reactivando, deben sumarse los procedimientos judiciales por impago de hipoteca que puede provocar la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo”, añaden.

“Ante esta carencia del Gobierno, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) recuerda que la vivienda es el principal gasto que tienen los hogares españoles, destinando más del 50% de los salarios al pago del alquiler. Llegando en algunas ciudades como Málaga, Barcelona o Madrid a suponer el 71% de los salarios de las familias. Es por eso que una de las medidas que exige la CSI es la congelación inmediata de los precios de los alquileres a través de la eliminación de las actualizaciones anuales, actualmente definidas por el Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda (IRAB)”, han destacado en un comunicado de la semana pasada.

En un marco más general, y encaminado a paliar las deficiencias estructurales del modelo habitacional actual, abogan por una bajada del 50% del precio de los alquileres, con contratos indefinidos, recuperar las viviendas de las ‘garras’ de los fondos buitres para crear un gran parque público de vivienda y cerrar los pisos turísticos y movilizar las viviendas vacías.