Opinión
Cuando ni la propiedad puede salvarte: el “Caso Banús” y la vuelta de tuerca de la espiral inmobiliaria

Imagina que tienes ochenta años. Viste nacer el barrio donde ahora vives. Recuerdas que donde hoy está el centro comercial antes sólo había setos y barro. Los parques eran descampados que marcaban el fin de la ciudad. Del trabajo de toda una vida lo poco que tienes es tu casa. Y, un día, un hombre se presenta en ella con una orden de desahucio.

¿Cómo es posible que haya una orden de desahucio contra una señora con la casa pagada desde hace más de 30 años? En particular, cómo es posible teniendo tantas evidencias de que la casa es suya: letras de la hipoteca, el IBI de todos estos años, los pagos de la Comunidad.... pero faltaba la inscripción en el registro de la propiedad. Puede parecer una imprudencia, pero en compras anteriores a los años 80 es una situación bastante común: mucha gente no sabía a qué registro debía inscribir la propiedad tras finalizar el pago de las letras hipotecarias.

Al no haber realizado este trámite burocrático que desconocían, su casa seguía apareciendo a nombre de la constructora de la zona en los años 60, José Banús S.L. Esto dio paso a caer víctimas de una trama berlanguiana del mercadeo inmobiliario, con ventas y reventas entre una constructora en liquidación y una inmobiliaria compradora con la que comparte junta directiva, pequeñas empresas tiburones con ganas de hacer fortuna, y personajes que deciden comprarse cuatro casas de golpe para vivir del trabajo ajeno. Todos conocedores de que las viviendas estaban habitadas.

Es así como, por ejemplo, Eón Capital/Saint George Investment (dos cabezas de la misma hidra) empiezan a llamar a diferentes puertas del Barrio del Pilar, la Concepción, San Blas... puertas que abren inquilinas que no entienden por qué unos desconocidos les reclaman el pago del alquiler asegurando ser los nuevos propietarios de su vivienda. Inquilinas que, mientras tratan de clarificar el asunto con sus supuestos caseros, son acosadas por la cara visible de la empresa. Insisten en que son los nuevos dueños y que el alquiler se lo tienen que pagar a ellos. Cuando esto no sucede, interponen demandas de desahucio.

Algunas vecinas consiguen ponerse en contacto con sus caseros y responden a la demanda. Otras, presas del acoso, abandonan su casa de hace décadas. Todas estas viviendas aparecen ahora ofertadas en la web de Eon Capital como proyectos de inversión con una rentabilidad asegurada superior al 15%. Una vecina que consigue ganarles la demanda de desalojo se encuentra que no tiene electricidad al día siguiente del juicio. Alguien le había cortado los cables.

Esta situación, a la que terminamos llamando “Caso Banús“, es el resultado de décadas de normalización y desregulación del mercado inmobiliario

Para entender cómo una situación semejante llega a ser posible no hay que centrarse en los detalles legales o burocráticos, pues eso supondría dejar de ver el bosque por ofuscarse en el árbol. Esta situación, a la que terminamos llamando “Caso Banús“, es el resultado de décadas de normalización y desregulación del mercado inmobiliario. Hace tiempo que las viviendas dejaron de verse como una necesidad básica y pasaron a ser un activo financiero, una inversión, el principal de muchas familias. Quizás no piensen en ellas en términos tan explícitos, quizás lo que muchas piensan es en que si alquilan la casa de sus padres pueden pagarles una residencia. O pagarle la concertada al niño, que la pública hay que defenderla en teoría, pero en la práctica no aprenden buen inglés. Ni hablar de quienes ven en ellas una manera de vivir a base del trabajo ajeno. Al fin y al cabo, ”mi casa es mía y hago con ella lo que quiero“.

Muchas estamos acostumbradas a esas excusas cada vez que tenemos que negociar un alquiler nuevo. Y, en cierto modo, hasta las podemos comprender. El sistema nos genera la ilusión de querer ser clase media, nos bombardea sobre lo putrefacto de lo público y lo conveniente de lo privado y nos empuja a sacar el máximo beneficio de todo lo que tengamos: nuestros hobbies, nuestros posts en redes sociales, nuestros hogares. Empezamos a ver lógico que quienes puedan subir un escaloncito en su nivel de vida a costa del salario que parasitan a sus inquilinas, lo hagan. Mientras, a nosotras nos embaucan en trampas de pobreza, mudanzas inevitables y proyectos de vida propios que no llegan.

Normalizamos así que las casas, por decrépitas que estén, puedan costar más de 1.200€ al mes. Normalizamos convertir antiguos locales comerciales en viviendas sin cédula de habitabilidad o de uso turístico. Normalizamos que agentes inmobiliarios acosen a nuestras madres y abuelas por teléfono, inunden el barrio de propaganda y que tengamos anuncios suyos hasta en la bolsa del pan. Normalizamos poner alarmas y cámaras en casa, no sea que la okupen. Normalizamos la proliferación de escuadristas de la propiedad porque no hay nada más importante que la defensa de la propiedad privada, justificando cualquier violencia para asegurarla. Normalizamos criminalizar a las inquilinas que se quejan de que les suban el alquiler porque qué podrán decir ellas sobre lo que el propietario debe o no hacer con lo que es suyo.

Lo que sorprende ya no es que una empresa se dedique al mercadeo de viviendas y a comprar casas habitadas para desalojarlas sino que se atrevan a hacerlo con casas que sabían de sobra que habían sido compradas hace décadas

A base de tanto normalizar, lo que sorprende ya no es que una empresa se dedique al mercadeo de viviendas y a comprar casas habitadas para desalojarlas a base de mentiras y acoso, sino que se atrevan a hacerlo con casas que sabían de sobra que habían sido compradas hace décadas y cuyas habitantes tienen los papeles en regla. Recalcamos: las mismas herramientas utilizadas, en este caso contra propietarias, se desarrollaron, perfeccionaron y normalizaron contra vecinas que vivían okupando y, luego, alquilando. Porque en realidad no importa en qué régimen se halle quien usa la vivienda, sino el negocio que se pueda obtener de ella.

El ”Caso Banús" parece ahora una aberración legal, pero sirve de vistazo al futuro que nos estamos construyendo. Si no rompemos la dinámica que convierte a las viviendas en mercancías, esta espiral autodestructiva seguirá engullendo capas y capas de la población, concentrando más y más viviendas en pocas manos con el apoyo entusiasta de medios de comunicación y el apoyo callado de gobiernos y sistemas jurídicos dispuestos a apuntalar la rentabilidad y el beneficio privado, aunque ello se lleve por delante a miles de familias.

Debemos entender que sea cual sea nuestra situación (okupemos, alquilemos, vivamos con nuestros padres o tengamos una hipoteca) estamos a la misma merced, y que enfrentar el problema necesita de enfrentar todas sus caras. No solo tenemos que dotarnos de herramientas legales para impedir desahucios o prorrogar alquileres, también tenemos que acompañar a las vecinas atrapadas en laberintos burocráticos para evitar que un señor con toga les eche de casa.

No solo hay que organizar manifestaciones puntuales para visibilizar el problema, también hay que pelear contra la proliferación de inmobiliarias, su propaganda y acoso. Señalemos el expolio al por mayor de los fondos buitre, y al por menor del agente inmobiliario; enfrentemos a los matones de desokupa cuando aparezcan en la puerta de nuestra vecina y peleemos contra la normalización de la hipervigilancia; organicémonos en asambleas y sindicatos de vivienda para construir núcleos de poder popular y comunitario que detengan el mercadeo de casas, luchemos para que la vivienda sea realmente un derecho y no un bien de mercado.