Especulación urbanística
Más de 50 organizaciones crean un frente social para que el PSOE cumpla sus promesas en la Ley de Vivienda

Los grandes movimientos de vivienda, los grandes sindicatos, plataformas de derechos sociales y de pensionistas se han aliado para convertirse en “un lobby social” que sirva de contrapeso a las presiones del “ala más neoliberal” del Gobierno, de la banca y de los fondos de inversión para conseguir una Ley de Vivienda al servicio de la ciudadanía y no de los intereses económicos del mercado inmobiliario.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los sindicatos de Inquilinos, UGT, CC OO, CGT, la Coordinadora Estatal en Defensa de la Pensiones Públicas son algunas de las más de 50 organizaciones que forman parte de esta alianza que se ha presentado públicamente este 18 de febrero con una rueda de prensa en el espacio Ecooo, en Madrid. 

Entre las principales reivindicaciones figura la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional digna, la ampliación del parque público de vivienda o la regulación de los alquileres. De fondo, una “lucha abierta entre el modelo social de la vivienda que reclama el conjunto de la sociedad, y el modelo especulativo que desean perpetuar las élites económicas”.

Los movimientos por la vivienda minimizan la cesión de inmuebles del banco malo: “Son migajas”

Redacción El Salto

Sareb

Burbuja inmobiliaria Los movimientos por la vivienda minimizan la cesión de inmuebles del banco malo: “Son migajas”

Redacción El Salto

Los Sindicatos de Inquilinos han rebajado la dimensión del anuncio del Gobierno de que se pondrán a disposición diez mil viviendas de Sareb, menos de un 1% del parque de vivienda que el banco malo recompró a los bancos en crisis.

Una “oportunidad ideal” de que el PSOE demuestre “la legitimidad de sus siglas” y también una “oportunidad histórica”, señalan los convocantes, de que la vivienda se reconozca como un derecho efectivo de la ciudadanía.

“Enfrente tenemos la presión de la banca y de los grandes propietarios. Necesitamos que toda la ciudadanía se implique para que se garantice el derecho a la vivienda. Los movimientos y las organizaciones no nos vamos a conformar con menos”, decía en la rueda de prensa Miguel Carreras, portavoz del representante del Movimiento Nadie Sin Hogar. 

En España, 32.000 personas no tienen un techo donde dormir. Seis de ellas perdieron la vida en el temporal Filomena. La protección de este colectivo no puede quedarse fuera de la Ley de Vivienda, dice este activista. Tampoco puede quedarse fuera la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional digna, una de las principales causas del sinhogarismo en España, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes propietarios.

La ampliación del parque público de viviendas para que alcance el 20% del total de las viviendas en dos décadas y una mayor inversión, hasta llegar al 2% del presupuesto estatal, son otras dos importantes exigencias de esta alianza de movimientos. Y la alternativa no pasa precisamente por construir más, señalan desde el Sindicato de Inquilinos, dado que hay más de 3,5 millones de viviendas vacías en todo el Estado español. 

En la redacción de la Ley de Vivienda, el Gobierno tiene que elegir entre “salvar a la banca o salvar a la ciudadanía”

Poner a disposición de la ciudadanía el patrimonio inmobiliario de los bancos rescatados sería un primer paso para ampliar ese parque público “raquítico”. La política activa de algunas comunidades autónomas, como la valenciana, de adquirir gracias a los derechos de tanteo y retracto viviendas a bajo precio en el mercado inmobiliario es otro de los posibles caminos. La normativa catalana, que permite a los municipios expropiar pisos vacíos de bancos por necesidades sociales, es otra vía para ampliar ese parque público sin recurrir a la construcción.

La regulación de los precios del alquiler para detener la espiral especulativa es otra de las principales reclamaciones de esta alianza, que exige al Gobierno de coalición que cumpla con el acuerdo de investidura. Entre las condiciones que pusieron los aliados del Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, figuraba la aprobación de una ley que pusiera coto a la burbuja del alquiler siguiendo el modelo catalán, vigente desde septiembre. El Gobierno ganó tiempo, trasladando esa normativa a una futura Ley de Vivienda. Ahora que el tiempo de esta ley ha llegado, estas organizaciones sociales quieren asegurarse de que las promesas del PSOE y Unidas Podemos se cumplen.

“Queremos una protección real y una garantía de suministros más allá de esta pandemia”

Martín Cúneo

Pobreza energética

María Campuzano | Alianza contra la Pobreza Energética “Queremos una protección real y una garantía de suministros más allá de esta pandemia”

Martín Cúneo

María Campuzano, portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, denuncia que las medidas del Gobierno no están llegando a todas las familias que lo necesitan.

En un momento de crisis sanitaria y social, “antesala de de una crisis económica que promete ser peor que la de 2008, se abre una “oportunidad histórica” para reconocer el derecho a la vivienda, dice María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. El Gobierno, señala en la rueda de prensa, tiene que elegir entre “salvar a la banca o salvar a la ciudadanía”. 

Y cuando se habla de derecho a la vivienda, dice, hay que tener en cuenta que “no estamos hablando solo de cuatro paredes, también hablamos de derechos energéticos, derechos a los suministros, que se deben garantizar con carácter universal”, más allá de la pandemia. “No hay vivienda digna sin suministros garantizados”, resume.