Euskal Herria
Alokabide desahucia en Atxuri a una inquilina con diez años de contrato sin ofrecerle alternativa

Desde primera hora de la mañana, el barrio bilbaíno de Atxuri ha amanecido entre gritos que reclamaban la paralización de los desahucios. En esta ocasión, el sindicato de vivienda AZET había convocado una concentración a las 8:30 en la calle Ortutxueta para tratar de impedir el desalojo de una vecina que llevaba diez años con contrato en su vivienda.

En una escena que empieza a repetirse cada vez más a menudo, en esta ocasión la parte ejecutora del desahucio no ha sido un fondo de inversión, un gran propietario, ni un particular, sino la propia Alokabide, la sociedad pública de alquiler del Gobierno Vasco. 

“El ejecutor directo de este desahucio es el Gobierno Vasco”, denuncia AZET

Desde el sindicato señalan sin rodeos a quien consideran responsable. “El ejecutor directo es el Gobierno Vasco y la Consejería de Vivienda, a través de Alokabide”, denuncian. Y resumen la situación de la afectada en una frase: “Diez años en esta vivienda y la expulsan sin ofrecer ninguna alternativa”.

En el panfleto repartido durante la concentración, AZET va más allá y pone nombre a los partidos que sostienen el Ejecutivo: “Este desahucio lo ha perpetrado el Gobierno Vasco, y los responsables directos y evidentes son el PNV y el PSE”. 

El desalojo responde a una situación de impago, una realidad cada vez más extendida entre los hogares con menos recursos. Según el IX Informe FOESSA, las familias en situación de pobreza severa destinan más del 70% de sus ingresos al alquiler, lo que de forma prácticamente ineludible desemboca en impagos o en la renuncia a cubrir otras necesidades básicas, un dato que ademas debe acompañarse por otro: en el conjunto del Estado, el 14,1% de la población queda por debajo del umbral de la pobreza severa una vez descontados los gastos de vivienda. 

El desahucio llega en plena semana de negociaciones políticas en torno a los decretos que regulan el mercado del alquiler. Para el sindicato, el contraste es elocuente. “Mientras se han dedicado durante esta última semana a lavarse las manos a raíz de las negociaciones políticas por los decretos que regulan el mercado del alquiler, a la hora de la verdad imperan los intereses de los mercados y que la vivienda siga siendo un negocio”, critican.

En la misma línea se expresa el comunicado difundido por AZET, que acusa a estas formaciones de hacer “la pantomima de defender el derecho a la vivienda” en el Congreso del Estado, presentándose como sus garantes, mientras “siguen desalojando a nuestras vecinas y dejándolas en la calle”.

Concentración este jueves en San Francisco

Ante esta situación, AZET exige “una alternativa inmediata para la mujer desahuciada” y recuerda que la responsabilidad de que hoy esté en la calle recae directamente sobre el Gobierno Vasco.

El sindicato ha convocado una concentración este jueves, 8 de octubre, a las 19:00 en la plaza Corazón de María, en el barrio bilbaíno de San Francisco. Además, hace un llamamiento a sumarse a sus asambleas y a los sindicatos de vivienda para “seguir organizándonos juntas”. “Frente a los desahucios, nuestra única garantía es la organización”, defienden. “¡Únete a la lucha, únete al sindicato!”.

A su vez, desde AZET han querido enmarcar la convocatoria en las movilizaciones del pasado fin de semana, en las que miles de personas salieron a las calles de Hego Euskal Herria. “Tenemos claro que los cambios sólo vendrán desde abajo, y gracias a la organización. Y en ese camino, los Sindicatos de Vivienda tenemos qué decir”.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco aseguran a este medio que la afectaba “acumulaba una gran deuda desde 2017” en su alquiler y que, a través de los servicios sociales, han “tratado de poner remedio a la situación con diferentes alternativas, pero no ha habido manera”. Aseguran que “el Gobierno Vasco jamás desahucia a una persona que no paga el alquiler porque realmente no puede” pero que en este caso “esta mujer tenía ingresos suficientes como para hacer frente a su alquiler”. Además, recuerdan que “todo inquilino tiene unos derechos pero también hay unas obligaciones” y que “ha sido el juez quien ha tomado la decisión” sobre el desenlace de este conflicto.