Euskal Herria
El ‘Triángulo de las Bermudas’ de los fondos Next Generation engulle la transición ecosocial

El economista Gonzalo Fernández compara los fondos Next Generation en Hego Euskal Herria con un “Triángulo de las Bermudas”, en el que se ha perdido la transición ecosocial. Sus tres vértices son la condicionalidad, la transferencia masiva de fondos públicos a grandes corporaciones multinacionales y la deuda mutualizada. Fernández, junto con Gorka Martija, ha elaborado el informe ‘Unión Europea: Agenda verde oliva y digital al servicio de las empresas transnacionales’, en el que analizan el impacto de los fondos en Hego Euskal Herria desde su anuncio en la pandemia, en 2020, hasta abril. 

El sindicato ELA ha encargado la investigación para obtener un “marco ideológico y teórico” que les permita un análisis del contexto socioeconómico y político para plantear “alternativas factibles” —dentro y fuera de las instituciones— a esta “arquitectura de dominación” que representan los Next Generation, indicó ayer su secretario general, Mitxel Lakuntza.

Los recortes de las pensiones se aplicarán previsiblemente en abril de 2025

La condicionalidad de la recepción de los fondos está ligada a realizar contrarreformas, lo que en la jerga burocrática europea se conoce como ‘componentes’. La primera gran reforma fue la laboral; la segunda, la de las pensiones. Aprobada en 2023, recogía que cada tres años el organismo AIReF revisaría las cuantías de las pensiones para “adoptar nuevos ajustes”. Y estos llegarán en abril de 2025, con un recorte previsto del 6,1% —alrededor de 11.300 millones—, según plantea la Comisión Europea en el Informe sobre Envejecimiento 2024 publicado el mes pasado. “Los fondos europeos son un mecanismo de intervención de las políticas estatales y se enmarcan dentro de las políticas de austeridad que impone la Unión Europea desde hace mucho tiempo”, valora Lakuntza.

El sindicato ELA se prepara para demandar a la multinacional Stellantis por el cierre de la fábrica Mecaner

Gessamí Forner

2

Industria

Transición ecosocial El sindicato ELA se prepara para demandar a la multinacional Stellantis por el cierre de la fábrica Mecaner

Gessamí Forner

2

Considera que Stellantis ha podido vulnerar derechos básicos como la tutela judicial efectiva y la libertad sindical al empujar a los trabajadores a elegir una indemnización que triplica el mínimo y que implica renunciar a una demanda colectiva.

Salvar el vehículo privado, pero no el empleo

El segundo vértice es la transferencia de millones públicos a grandes corporaciones multinacionales. Europa no impone ni una sola condición a las empresas. Ni siquiera se les exige que mantengan el empleo. Es el caso de Gestamp, que practicó un ERE en 2020 y ha recibido más de 14 millones, y Stellantis, que cerró Mecaner el 26 de abril y ha ingresado 68 —en sus plantas de Zaragoza y Vigo—. 

De momento, la UE ha transferido 2.339 millones para proyectos en la Comunidad Auónoma del País Vasco de gestión vasca, estatal y el programa React. En Nafarroa, 950 millones. La empresa que más fondos acapara es Mercedes, con 55 millones hasta 2023 y otros 130 en 2024 para la planta de Gasteiz y la fabricación de un nuevo modelo de furgoneta eléctrica, apta solo para bolsillos pudientes —el modelo eléctrico que ya se produce en Gasteiz es el e-Vito y arranca en los 61.032 euros—. 

El exlehendakari Iñigo Urkullu viajó a Alemania para “asegurar” la inversión de 1.000 millones de euros en la planta alavesa. De momento, Mercedes ha recibido 185 millones públicos. Es decir, el 18,5% de la inversión total.

La segunda empresa que más fondos ha obtenido es Volkswagen Navarra, con 27 millones, le siguen Sapa, Gestamp e Irizar. Todo vehículos eléctricos privados, excepto Irizar, que fabrica autobuses.

“La automoción refleja como ningún otro sector la principal contradicción que atraviesan los fondos, suponen un simple recambio cortoplacista: del coche de combustión al eléctrico”, Gonzalo Fernández

Como resume Gonzalo Fernández, los fondos se han destinado preferentemente a la automoción y la movilidad —la construcción del TAV mediante una UTE que gestiona Adif percibe 134 millones—, la aeronáutica (ITP, Danobat, Iturri, etc.), el “megaproyecto y burbuja económica” de la planta de hidrógeno de Repsol-Petronor, los macroparques eólicos y, por último, con 119 millones, al sector de los cuidados, siendo estos mercantilizados y digitalizados. 

“La automoción refleja como ningún otro sector la principal contradicción que atraviesan los fondos”, asegura el informe. Más allá de un relato verde de transformación ecosocial, los fondos no propugnan reducir el uso del vehículo privado, promocionan el transporte público y aprovechan para impulsar una reconversión laboral y productiva del sector. Los fondos Next Generation suponen un “simple recambio cortoplacista: del coche de combustión al eléctrico”, advierten los investigadores.

El Estado español paga cada vez más y ya es contribuyente neto

El último vértice del triángulo es la deuda mutualizada, un concepto económico que Omal define así: “Por primera vez, para financiar los Next Generation se han emitido títulos de deuda mutualizada, por los que responde la Unión Europea en su conjunto, y no cada uno de los Estados por su cuenta, limitando la posibilidad de ataques especulativos a la deuda soberana de sus miembros más vulnerables”. La letra pequeña viene a continuación, y es que mientras Alemania, Países Bajos y Suecia tienen una “rebaja considerable” en su aportación a las cuentas europeas, otros pagan más, como el Estado español. “Si en 2017, la aportación del Estado español era de 10.808 millones, en 2022 ya ascendía a 17.785 millones”, alerta el informe. 

Mientras Alemania, Países Bajos y Suecia tienen una “rebaja considerable” en su aportación a las cuentas europeas, otros pagan más, como el Estado español

“Fruto de esta realidad, el Estado español ha pasado de beneficiario neto a contribuyente neto, un aumento considerable directamente vinculado a las negociaciones de los Next Generation y que viene a ser una devolución indirecta de esa deuda”, continúa, a lo cual hay que sumar el control de déficit público  que los 27 han pactado en las nuevas reformas fiscales europeas. “El significado de esto es, de nuevo, la llegada de recortes y la limitación de la capacidad de las administraciones públicas para endeudarse por parte de organismos superiores. Así, si Europa fiscaliza al Estado español, este fiscaliza a su vez a las administraciones de la CAPV y Nafarroa”, concluyen. 

Informe Omal Castellano by Gessamí Forner

Una Europa verde oliva militar

El secretario general de ELA ha recordado en la presentación del informe, realizada ayer, que su sindicato ya advirtió tras la creación de los fondos que estos no eran trigo limpio, sino que olían a futura austeridad y que, por ello, exigieron y continúan exigiendo, responsabilidad a los partidos políticos que posibilitaron la reforma de las pensiones. “El recorte social en las jubilaciones”, denuncia Lakuntza, “servirá para aumentar el belicismo, que es hoy lo que está en el centro de la política: más gasto militar a la vez que se recorta el gasto social o, dicho de forma más sencilla, quieren recortar las pensiones para comprar armas”. 

Señala que desde el sindicato hacen suyo el informe y comparten su visión: “Esta es la Europa de los Fondos Europeos, una mentira para favorecer los intereses de las grandes multinacionales. Las actuales políticas europeas ni son verdes, ni sociales, ni están orientadas a la paz”, por lo que solicita que “no se esconda” en qué y cómo se gasta el dinero público y se empiece a trabajar a favor “de otra Europa”.