Euskera
Kontseilua denuncia una “ofensiva judicial” contra la normalización del euskera

“Estamos en una ofensiva judicial”, ha afirmado la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, en la lectura de la declaración a la que han prestado su apoyo más de un centenar de personas y representantes de agentes sociales. Con su presencia han querido mostrar su “enorme preocupación” por las sentencias publicadas en los últimos meses, que invalidan procedimientos actuales que tienen como objetivo la normalización de una lengua minorizada. 

Como respuesta, han convocado una manifestación para el 4 de noviembre en Bilbao. “Es una ola reaccionaria, retrógrada y euskarafoba”, ha añadido Eskisabel. Desde la sentencia de Erandio a la de Irun —esta fechada en 2021, las hay también de 2020—, “cada una con su particularidad”, tienen en común ir en contra de las políticas lingüísticas consensuadas. “Con el efecto de que, de facto, son los jueces los que están dirigiendo la política lingüística por encima del poder legislativo”, ha subrayado la secretaria general de Kontseilua.

“Es una ola reaccionaria, retrógrada y euskarafoba”, ha indicado Idurre Eskisabel

Advierte que un hilo conductor que relaciona a todas las sentencias es “una premisa falsa: la de contraponer los derechos de los trabajadores con los derechos lingüísticos”. Algo que ha descrito como una falacia, ya que ambos derechos se complementan —si un trabajador público no es capaz de atender en euskera, un usuario de ese servicio no puede ser atendido en euskera—. 

Sentencias de 2023

Este mes, el juzgado de lo Administrativo nº1 de Bilbao rechazó exigir el nivel B2 de euskera a un policía municipal de Erandio. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó exigir conocimiento del euskera a 34 empleados públicos de la Fundación Uliazpi. También en ese mes, el mismo tribunal valoró como “abusivo” que un conductor de transporte escolar de Ondarroa deba saber euskera. En enero, el juzgado Contencioso-Administrativo de Gasteiz obligó a la Academia Vasca de Policía (Arkaute) a admitir a los aspirantes que no acreditaron el nivel de euskera exigido en la convocatoria. Mientras que en Barakaldo, también en enero, la sala Contencioso-Administrativa sentenció que las administraciones locales no pueden exigir los mismos perfiles lingüísticos de los funcionarios públicos a los trabajadores de las subcontratas.

En cuanto a la sentencia que cuestiona la convocatoria de empleo público de la Fundación Uliazpi, el catedrático en Derecho de la UPV/EHU destacó que, a diferencia de las sentencias anteriores, cuestiona la regulación actual de los perfiles lingüísticos, algo que valoró en una entrevista a ETB como “realmente grave” y que “deja al euskera totalmente indefenso”. El jurista indicó que tanto en Catalunya como en Galicia la exigencia del catalán y el gallego en los empleos públicos es una “obligación para todas las plazas”, una obligación que cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional.