Exclusión sanitaria
La última batalla legal contra la exclusión sanitaria se libra en el Supremo

Pablo y su compañera llegaron a España entre los años 2006 y 2007. Seis años después, la pareja obtuvo la nacionalidad española. En abril de 2018, el suegro de Pablo llegó a España. Tiene 62 años y sufre de diabetes e hipertensión. Contrataron para él un seguro sanitario privado, por el que la familia pagó 190 euros cada mes hasta diciembre. “Era uno de los requisitos para que le dieran la tarjeta de residencia”, explica Pablo. Tras ello, siguieron comprando los medicamentos, sin ningún descuento, gastando entre 150 y 200 euros mensuales. Solo uno de los medicamentos que necesita el suegro de Pablo cuesta ya más de 50 euros. Cuando solicitaron la asistencia sanitaria por reagrupamiento familiar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, se la denegó. Decidieron acudir a la justicia.

Es el mismo proceso por el que han pasado cientos de personas que han quedado excluidas de la sanidad desde que, en 2012, el Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto Ley 16/2012. Desde Yo Sí Sanidad Universal denuncian que la denegación de la tarjeta sanitaria por parte del INSS se ha mantenido incluso después de que, en verano de 2018, el PSOE aprobada el llamado ‘decreto de la sanidad universal’.

Varias decenas de casos han llegado a los tribunales, consiguiendo, uno detrás de otro, que la justicia avalase el derecho a la asistencia sanitaria para los padres y madres reagrupados con sus hijos en España. En más de 70 casos desde 2014, primero desde los juzgados de lo Social y después, tras los recursos presentado por el INSS, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas han decidido dar las tarjetas sanitarias a los solicitantes.

En todos los casos con excepción de uno. La única sentencia judicial —del Juzgado de lo Social número 5 de Barcelona y confirmada por Tribunal Superior de Justicia de Catalunya— en contra del acceso a la sanidad trataba un caso en el que la persona solicitante no era ascendiente de una persona con nacionalidad europea, sino extracomunitaria, a diferencia del resto de casos. Desde Yo Sí Sanidad Universal señalan que hasta el fiscal del Tribunal Supremo ha descartado que haya contradicción entre las más de 70 sentencias que han otorgado la tarjeta sanitaria y esta única que la ha denegado.

Sin embargo, el INSS se ha agarrado a esta sentencia para reclamar ante el Tribunal Supremo una unificación de doctrina. El Alto tribunal se reunirá el 24 de abril para tomar una decisión. Aunque esta no afectará a las más de 70 sentencias que han dado la razón a los demandantes de asistencia sanitaria reagrupados con sus hijos, Manuel Maroto, abogado de Yo Sí Universal, advierte que sí tendrá efectos a futuro, además de sobre el propio caso por el que ha sido interpuesto el recurso.

“Si se llegara a perder, le dará peso”, señala el abogado en referencia a la postura del INSS de denegación del acceso a la sanidad. “Pero creo que todos los argumentos están de nuestra parte, hay una jurisprudencia de tribunales superiores de justicia muy consolidada”, continúa Maroto, que tacha de “escandaloso” el que, a pesar de que en la práctica totalidad de los casos que han llegado a juicio han dado la razón a los demandantes de asistencia sanitaria, “el INSS mantenga las prácticas de exclusión”.

La decisión del Supremo más previsible iría en consonancia con las resoluciones de los hasta siete tribunales superiores de justicia que han resuelto sobre este tipo de casos y podría suponer que, por fin, el INSS desista de excluir de la sanidad a los ascendientes de las personas nacionalizadas. “Hasta ahora el INSS se ha mantenido en sus trece y los jueces han dicho que la interpretación que hace de la norma no es legal, y si el Supremo se posiciona en el mismo sentido, el INSS ya no tendrá donde agarrarse”, apunta Maroto. “Si nos da la razón, esperamos que el INSS desista de tantos años de exclusión”, concluye.

Una exclusión sanitaria que afecta a miles de personas

Aunque no hay cifras oficiales de las personas que podrían estar afectadas por la exclusión sanitaria que está marcando de facto el INSS, desde Yo Sí Sanidad Universal las cifran en miles. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a Yo Sí Sanidad Universal, entre los años 2015 y 2018 el INSS reconoce haber denegado la tarjeta sanitaria a 754 personas —114 en 2018—.

“La cifra, por fuerza, tiene que ser muchísimo más alta ya que es evidente que la mayoría de las denegaciones de tarjetas sanitarias se producen en un mostrador, verbalmente, sin que quede constancia de ellas ni el INSS emita una resolución de denegación por escrito”, explica este abogado, que señala que en muchos las personas afectadas se han encontrado con que el personal administrativo se niega a aceptar la solicitud por escrito de tarjeta sanitaria, lo que, además, es ilegal. “Todos esos casos en los que a la persona se le niega verbalmente incluso el derecho a realizar la solicitud quedan ‘bajo el radar’”, concluye Maroto.