Exhumación de fosas comunes
Víctimas de la fosa de Paterna se querellan por desaparición forzosa

La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) ha hecho pública la presentación de cuatro nuevas querellas en los juzgados de Paterna. Las víctimas, familiares de los fusilados hallados en la fosa de la localidad valenciana, denuncian crímenes de lesa humanidad, en concreto, por desaparición forzosa. Estás querellas se suman a las presentadas en todo el estado español, más de un centenar, que exigen la investigación judicial de los crímenes franquistas, constitutivos de crímenes contra la humanidad y que hasta la fecha continúan impunes.

Desde la organización memorialista explican que con esta acción, que esperan derive en investigación, quieren que construya un relato de la verdad judicial de los crímenes que especifique las condiciones en las que se cometieron, determinando quiénes fueron los responsables directos e indirectos y, en su caso, decidiendo su imputación, procesamiento, juicio y condena.

Ruiz ha explicado que aportan un informe pericial en el que exponen la magnitud de la represión franquista, con unas 140.000 víctimas que aún siguen enterradas, más de 300 campos de concentración  y más de medio millón de exiliadas

Aradia Ruiz, abogada de la cooperativa El Rogle, y encargada de la representación judicial, ha explicado los motivos por los que, de momento, se han rechazado doce querellas similares. La abogada ha desgranado los cuatro argumentos principales esgrimidos por los tribunales; la consideración de los crímenes como hechos aislados, la ley de amnistía vigente, que en el momento de los hechos la legislación española no recogía crímenes de lesa humanidad y la prescripción de los crimenes.

Frente a estos argumentos, Ruiz ha explicado que aportan un informe pericial, realizado por historiadores, en el que exponen la magnitud de la represión franquista, con unas 140.000 víctimas que aún siguen enterradas, más de 300 campos de concentración descubiertos y más de medio millón de personas que se tuvieron que exiliar forzosamente. “Cuando las cifras son de esta magnitud, hablamos de que el Estado puso en marcha un sistema de aniquilación del enemigo ideológico”, argumenta Ruiz. La abogada considera que el motivo de que los jueces califiquen de hechos aislados estos crímenes de lesa humanidad es meramente “político”.

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Uno de los policías franquistas acusados en las querellas es el excomisario Villarejo, que habría participado en las torturas de Julio Pacheco Yepes en la Dirección General de Seguridad ubicada en Puerta del Sol en 1975.

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Sobre que la ley de amnistía vigente, realizada en la transición, exhonere a los culpables, Ruiz argumenta que “en el Estado español se aprobó el pacto internacional de derechos políticos, seis meses antes que viera la luz esta ley, que nació nula de pleno derecho porque contradecía este acuerdo internacional suscrito”. También pone en duda que no existiera el reconocimiento legal de crímenes de lesa humanidad durante el franquismo, cuando el Estado español ya había firmado los principios de Nuremberg en el año 1946. Sobre la prescripción, ha recordado que “los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, son el delito más grave en los códigos penales”, así como la paradoja de que “el Estado español haya condenado a Pinochet utilizando las leyes que nosotros pedimos que usen en nuestro caso, pero no quieren por cuestiones meramente políticas”.

Los familiares de las víctimas

Pedro Luis Alonso Gutiérrez es uno de los firmantes de la querella, en representación de los familiares de su abuelo Ulpiano Alonso Presa, que fue asesinado junto a otras 45 personas el 17 de noviembre de 1939. Los indicios de la exhumación de la fosa 95, realizada en 2023, indican que las victimas fueron fusiladas por la espalda. Ulpiano Alonso fue el primer presidente de la agrupación socialista de Puerto de Sagunto y responsable del comité de control de la fabrica de armas de la Republica durante la guerra del 36-39. Ha explicado que en el caso de su abuelo existe “inexactitud en la formulación de la acusación, además no le dejaron presentar testigos ni ejercer la defensa legal en condiciones”.

Carolina Martínez Murcia se ha querellado por el asesinato y desaparición forzada de su abuelo José Manuel Murcia Martínez, ejecutado el 6 de noviembre de 1939. Su cuerpo permaneció en la fosa 94 del cementerio de Paterna hasta la exhumación realizada en 2018. En 2021 fueron identificados los restos, tras exhumar los de una hija de José Manuel Murcia y poder obtener pruebas de ADN válidas. Tenía cuando fue asesinado 47 años y había sido concejal de agricultura en Aiora. Fue condenado a muerte por “adhesión a la rebelión”.

Carolina ha denunciado que “no solo fueron víctimas las personas asesinadas, sino también sus familiares, ya que sus mujeres, hijas e hijos, sufrieron un castigo si cabe aún peor. Fueron encarceladas, humilladas, violadas, incluso algunas les robaron sus hijos”

Carolina ha denunciado que “no solo fueron víctimas las personas asesinadas, sino también sus familiares, ya que sus mujeres, hijas e hijos, sufrieron un castigo si cabe aún peor. Fueron encarceladas, humilladas, violadas, incluso algunas les robaron sus hijos”. Carolina ha explicado el caso de su abuela, que fue encarcelada junto a su hijo mayor, dejando a su madre y a su tía, adolescentes, solas. “Ellas fueron las víctimas silenciadas y olvidadas. Para humillarlas más, les mandaban un grupo de soldados a la casa para que durmieran allí, para demostrarles que podían hacer lo que quisieran”, relata.

Rafael Micó Pérez se ha querellado por su abuelo y tío maternos Juan y Miguel Pérez Gavidia, asesinados el 6 de noviembre de 1939, naturales de Aiora. Juan fue presidente de la UGT y de la Casa del Pueblo de su localidad, al finalizar la guerra estuvo detenido en el campo de concentración de Monforte el Cid en Alicante y, desde allí, regresó a su casa donde fue detenido junto a su hermano Miguel. Ambos fueron condenados a muerte en juicio sumarísimo. Es probable que estuvieran en la fosa 94 del cementerio de Paterna.

Rafael ha argumentado que su principal motivo para adherirse a la querella es continuar la lucha de sus familiares, porque el “terrorismo de estado a gran escala, cuyos ecos y consecuencias van mucho más allá del franquismo y nos alcanzan hoy en día, no sigan impunes”

Rafael ha argumentado que su principal motivo para adherirse a la querella es continuar la lucha de sus familiares, porque el “terrorismo de Estado a gran escala, cuyos ecos y consecuencias van mucho más allá del franquismo y nos alcanzan hoy en día, no sigan impunes”. Ha relatado además “el daño irreparable no sólo para las personas que fueron asesinadas, sino para todos los familiares y allegados que vieron su vida convertida en un infierno, no solo porque fueron torturadas, sino porque fueron conducidas a la ruina, expoliando sus bienes. Se enriquecieron familias que hoy copan puestos importantes del estado y las empresas”.

Sergio Martínez Viana se ha querellado, en representación de su familia, por su abuelo Fausto Viana Cañada, natural de Fuenterrobles, asesinado el 13 de agosto de 1942. La exhumación de la fosa 139 en la que según los datos existentes estarían sus restos se llevó a cabo entre 2022 y 2023, sin obtener resultados positivos en el proceso de identificación y cotejo de ADN. Sergio ha explicado en el escrito que su abuelo durante la guerra estuvo en la retaguardia. Su único crimen fue participar en las cooperativas y ser teniente de alcalde durante la contienda, además de estar afiliado a la CNT. Su tío pudo escapar, a diferencia de su abuelo, de la cárcel de Caudete de las fuentes. Llegó a Francia andando y ha podido conocer la historia de su abuelo a través de él. “Sabemos que no tienen delitos que justificasen sus condenas. Al leer los testimonios del expediente militar, vienen de la guardia civil, el alcalde de la localidad y los testigos. Lo fusilaron en el 42 tras pasar por varios campos de concentración, si bien no pueden demostrar que participara en los hechos que se le imputan”.

Por parte de CEAQUA, Lucila Aragó interpela “a los jueces y magistrados españoles para que investiguen y enjuicien los crímenes del franquismo, pongan fin a la política de impunidad que han mantenido hasta la fecha y apliquen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”. En este sentido, recuerda el reciente informe de los Relatores de la ONU, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que además de exigir la derogación de las leyes de la “concordia” en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Comunidad Valenciana, se hace hincapié en que “los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras infracciones graves de los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada. No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones”.