Crímenes del franquismo
Cuatro querellas por torturas probarán si la Ley de Memoria Democrática pone fin a la impunidad del franquismo

Uno de los policías franquistas acusados en las querellas es el excomisario Villarejo, que habría participado en las torturas de Julio Pacheco Yepes en la Dirección General de Seguridad ubicada en Puerta del Sol en 1975.
querella ceaqua
Presentación de las querellas en Madrid.
21 feb 2023 16:37

Cuando Concepción Edo Gil fue detenida y torturada por la policía tenía 19 años. La misma edad que tenía Julio Pacheco Yepes cuando le detuvieron y torturaron en la Dirección General de la Seguridad Pública, en el edificio de la Puerta del Sol que hoy ocupa la sede de la Comunidad de Madrid, miembros de la Brigada Político Social, entre ellos José Manuel Villarejo. Vicent Alminyana era incluso más joven, 18 años y un par de semanas de edad, cuando fue detenido junto a otros jóvenes de su barrio y torturado en el Cuartel de la Guardia Civil de Patraix, en Valencia. Xosé Ramón ‘Moncho’ Reboriras, conocido como ‘Moncho’, era algunos años más joven, había cumplido 25 años cuando fue asesinado por agentes de la policía franquista en Ferrol. 

Los cuatro casos ocurrieron entre 1972 y 1975, y ahora, casi 50 años después, han presentado ellos, o sus familias, querellas por crímenes del franquismo con el apoyo de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua). Son, junto a la querella presentada en noviembre del pasado año por las torturas que sufrió Carlos Vallejo en Via Laietana, las primeras querellas por crímenes franquistas que han llegado a los juzgados tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, presentada durante su aprobación como la norma con la que se ponía fin al muro de impunidad de los crímenes del franquismo. Vamos a ver si esto se cumple”, comenta Jacinto Lara, abogado de Ceaqua. 

El caso de Concepción Edo Gil

“Me detuvieron siendo apenas una niña,  con 19 años. Era junio de 1973, días de solidaridad con los trabajadores de Motor Ibérica, la gente estaba activamente en la calle, hubo muchas detenciones, en mi sumario éramos diez jóvenes”, recuerda Concepción Edo Gil en la presentación de las querellas ante los medios de comunicación en la sede de CC OO en Madrid. “Grupos de trabajadores nos avisaban por donde iba la policía, me acuerdo que subí las escaleras del edificio de telefónica. recuerdo como salían las dependientes a la calle, era nuestra calle, me sentía libre”, añade.

Concepción, como el resto de compañeros detenidos, fue acusada de pertenecer al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y de repartir propaganda ilegal. La detuvieron en su casa, y entonces comenzó el martirio. 

“Me insultaron llamándome ‘zorra’, ‘guarra’, ‘puta’; entre varios policías me llevaron como si fuera una pelota de lado a lado, me pegaron por todos sitios, pero se ensañaron con el vientre porque les pedí que, por favor, no me pegaran ahí”, relata Concepción Edo Gil

“Me insultaron llamándome ‘zorra’, ‘guarra’, ‘puta’; entre varios policías me llevaron como si fuera una pelota de lado a lado, me pegaron por todos sitios, pero se ensañaron con el vientre porque les pedí que, por favor, no me pegaran ahí”, relata Concepción, que tuvo que ser hospitalizada durante 20 días en un hospital de Donosti, tras ser trasladada a la prisión de Martutene desde Iruña. Como consecuencia de la tortura que sufrió, le desplazaron la vejiga y el útero. 

Le pusieron una pistola en la sien para intentar que se declarara partícipe de hechos en los que no había estado. Y a los golpes y amenazas se sumaron las vejaciones sexuales. “Me dijeron ‘ahora te vas a desnudar y los pezones nos los tienes que enseñar, porque te vamos a dar caricias en ellos’”; solo tener que desnudarme ya fue denigrante”, recuerda.  

Su abogado pidió que la dejaran en libertad provisional por su estado de salud, pero decidieron trasladarla a la cárcel de mujeres de Yeserías, en Madrid, hasta que se celebró el juicio en el Tribunal de Orden Público (TOP) en diciembre de 1974. Salió de la cárcel un mes después, pero las secuelas de los golpes las ha sufrido hasta ahora.

La querella presentada por Concepción Edo Gil señala a varios agentes de la Policía Nacional de Iruña, entre los que están identificados José Blanco Martín y José Bernardo Barba Martín. “Es importante y necesario que se investiguen las torturas, hay mucha gente que no sabe que por estar en un sindicato te podían detener y torturar”, reclama Concepción.

Julio Pacheco Yepes, 7 días en la DGS de Puerta del Sol torturado por Villarejo

“Me detuvieron el 24 de agosto de 1975 en el edificio donde vivía en Lavapiés, en aquel momento tenía 19 años, estudiaba 2º de Biológicas y militaba en el Partido Comunista y también fui miembro del FRAP”, recuerda Julio Pacheco Yepes. 

La detención de Yepes tuvo lugar poco después del atentado contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. “Me detuvieron en mi domicilio, me llevaron a la DGS durante siete días de torturas continuas para que me autoinculpara como autor del atentado”, explica Yepes. 

Durante los primeros días, ni siquiera le hicieron ficha policial. “La policía me decía que estaba en paradero desconocido y que podían hacer lo que quisieran conmigo”, añade Yepes. 

Entre los agentes de la Brigada Político Social que participaron en sus torturas, Yepes identifica a José Manuel Villarejo

Entre los agentes de la Brigada Político Social que participaron en sus torturas, Yepes identifica a José Manuel Villarejo, a José María González Reglero, Álvaro Valdemoro y José Luis Montero Muñoz.

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Vicent Alminyana

“A mi padre lo detienen en 1972 junto a otros jóvenes de su barrio, acusados de pertenecer a las Juventudes Marxistas Leninistas”, explica Ausìas Alminyana, hijo de Vicent Alminyana, ya fallecido. En su caso, Ausías explica que la detención derivó de que el padre de una de las jóvenes denunció a su hija y a todos sus compañeros, todos con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. 

La Guardia Civil intentó incriminarse en diversas acciones, manifestaciones y pintadas en torno al 1 de mayo de 1972. Los detuvieron en su cuartel de Patraix, en Valencia, donde fueron torturados. En su declaración ante el juzgado, Vicent declaró haber sufrido presiones psicológicas que le llevaron a firmar una declaración por la que fue condenado a un año de cárcel por el TOP, tras pasar cuatro meses en la cárcel Modelo de Valencia.

“Sé que algo pasó porque sufrió claustrofobia toda la vida”, señala Ausìas Alminyana, hijo de Vicent Alminyana

“Sé que algo pasó porque sufrió claustrofobia toda la vida”, señala su hijo. Entre los agentes de la Guardia Civil querellados por las torturas que sufrió Vicent está identificado el agente Juan Cebrián Oroquieta, que ya ha sido denunciado en dos querellas anteriores también por torturas. 

Manuel ‘Moncho’ Reboiras, asesinado 

Xosé Ramón ‘Moncho’ Reboiras murió por tres tiros por la espalda. Por entonces era conocido como dirigente de Unión do Povo Galego (UPG), contribuyendo al sindicalismo en el territorio. En 1974 pasó a la clandestinidad, pero al año siguiente lo encontraron y mataron. 

Los hechos que hoy denuncia su hermano, Manuel Reboiras Noia, tuvieron lugar entre el 11 y 12 de agosto de 1975. Entonces Moncho contaba 25 años de edad y se encontraba en Ferrol, en un piso en la calle Concepción Arenal junto a compañeros de militancia. Allí le encuentra la Policía, y él huye por el tejado, pero tres de los “tiros al aire” disparados por la policía le alcanzan por la espalda. Herido de muerte, se refugia en el número 27 de la calle Terra, donde muere desangrado. 

Más de 80 querellas archivadas ¿por qué presentar más?

Estas cuatro querellas continúan una serie de acciones judiciales que hasta ahora no ha supuesto que se emprendan investigación por parte de los juzgados españoles. Desde Ceaqua cifran en más de 80 las querellas presentadas hasta ahora, sin contar las cuatro interpuestas ahora y la de noviembre por las torturas en Vía Laietana. Y esas 80 querellas han terminado en archivo. “Durante más de 40 años de Estado democrático, el Estado español se sigue negando a investigar y enjuiciar estos crímenes de derecho internacional”, lamenta Jacinto Lara. “Cabe preguntarse por qué ante un marco de este tipo, en el que todas las querellas han sido inadmitidas a trámite, por qué se presentan más”, continúa. 

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Ceaqua lamenta que los juzgados españoles han ido archivando prácticamente todas las querellas presentadas, tanto por particulares como por instituciones, por crímenes del franquismo. La causa por el bombardeo de la aviación italiana en Barcelona es una de las pocas que sigue en fase de investigación.

Lara explica que, frente a la situación anterior, que supuso el archivo de una querella tras otra, a día de hoy se dan tres elementos que pueden suponer un cambio.

El primero de ellos, según explica el abogado de Ceaqua, es el “conjunto de pronunciamientos constantes y sistemáticos de la ONU en los que censura severamente la política de impunidad del Estado español”.

El segundo, son los tres votos particulares que tuvo la resolución del Tribunal Constitucional, en 2021,sobre el archivo de la investigación de las torturas sufridas por Gerardo Iglesias. “El más desarrollado fue el de la magistrada María Luisa Balaguer, que ponía encima de la mesa la necesidad de que el ordenamiento jurídico se interpretara conforme al derecho internacional de derechos humanos”, recuerda Lara. “Fue la única vez en el que el Tribunal Constitucional se ha roto, eso tendría que llevar una trascendencia jurídica en cuanto a la admisión a trámite de estas querellas”, añade.

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El tercer elemento es la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en noviembre de 2022. “La reciente Ley de Memoria Democrática incorpora en su artículo 2 lo que es una obviedad: la obligación de interpretar conforme a la legislación internacional de Ley de Amnistía”, explica Daniel Canales, de Amnistía Internacional.

“Esperamos que estas querellas supongan una oportunidad para que las autoridades judiciales practiquen esto y den una respuesta acorde a las víctimas que por fin defiera de las de décadas anteriores, que solo señalaban que estos crímenes habían prescrito y estarían sujetos a la Ley de Amnistía de 1977”, concluye Canales.

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22/2/2023 16:36

Acabo de leer el libro del historiador Francisco Espinosa Maestre titulado CALLAR AL MENSAJERO. En resumen trata del honor de los "supuestos" asesinos, torturadores, etc. de los tiempos del franquismo e incluso de la transición del franquismo a este Régimen de Poder Oligárquico Vigente; dicho honor de estos "supuestos" megacriminales tienen que ir a reclamarlo (sus descendientes, familiares, etc.) a una justicia como esta de Españistán. ¿Puede tener honor o dignidad un personaje que ha contribuido o incluso ha sido el ejecutor o el líder de crímenes de lesa humanidad, asesinatos, etc.?: pues claro que no puede reclamar que se respete un honor o dignidad que no tiene porque él mismo lo ha destruido con esos crímenes que ha cometido o ha contribuido a que se cometan.

En fin, como todo este Vigente Régimen de Poder Oligárquico-Antidemocracia-Partitocrático-Usurpador-Expoliador-Corrupto-Corruptor-Sicario-Liberticida-Neoliberal-Opaco-Supremacista-Clasista-Racista-Parafascista-Etc.-Etc.-Etc. sigue siendo esto mismo que acabo de decir, está claro que la justicia (por ejemplo) o los derechos civiles, etc. que se pueden dar aquí EN ESPAÑISTÁN son los que pueden existir dentro de este Vigente Régimen de Poder Oligárquico, es decir, básicamente poco y nada, y en cualquier caso completamente violables con absoluta impunidad, alevosía, prevaricación, etc. en base a ese "derecho de pernada propio de gorilas y chimpancés en celo para que sus megacriminales privilegios no se les acaben nunca", que para eso se hizo la "transición" en casi su absoluta integridad.

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djcesarrubio
22/2/2023 9:12

Es una pena y una vergüenza que las autoridades judiciales en Españistán sigan siendo franquistas, es decir, demócratas plenos.

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