Explotación laboral
Más de 12 millones de euros en multas por infracciones laborales en el campo

La campaña agraria de Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), iniciada por el Ministerio de Trabajo en mayo de 2020, ha detectado hasta el momento 2.012 infracciones por situaciones de economía irregular y trabajo de personas de origen extranjero, imponiendo sanciones a las empresas por un importe de 12.547.672,64 euros.

En el marco de la intensificación de controles en el sector del campo, desde el mes de mayo y hasta el pasado 9 de marzo, la Administración ha realizado un total de 7.057 visitas a establecimientos rurales, lo que ha supuesto la resolución hasta la fecha de 4.488 expedientes. El resto, aún está en tramitación y depende de la resolución final para saber si pasan a engrosar la lista de infracciones detectadas.

Desde mayo de 2020 se han realizado 7.057 visitas, se han resuelto 4.488 expedientes y se han promulgado 2.012 infracciones y sanciones por un total de 12.547.672,64 euros

“La campaña agraria ha intensificado el número de actuaciones, debiendo tenerse en cuenta que además se trata de actuaciones de carácter integral, donde se comprueba in situ, mediante visita de inspección todos los aspectos de la relación laboral: economía irregular, tanto de personas trabajadoras nacionales como inmigrantes; y garantía del respeto a sus condiciones de vida, laborales y de seguridad y salud, incluido el control de las condiciones de los alojamientos puestos a disposición por el empresario”, explican desde el Ministerio sobre los alcances del trabajo realizado. “Todo ello”, añaden, "va dirigido a la consecución de un trabajo decente”.

La suma de infracciones detectadas ha permitido dar de alta de oficio a 480 personas que cumplían los requisitos para estar dadas de alta y, sin embargo, la patronal las tenía contratadas en forma irregular

En tal sentido, la suma de infracciones detectadas ha permitido dar de alta de oficio a 480 personas trabajadoras, es decir, aquellas que cumplían los requisitos para estar dadas de alta y, sin embargo, estaban contratadas de forma irregular. El importe de los expedientes liquidatarios por estas altas asciende a 1.620.374,9 euros. No obstante, esta ecuación no contabiliza a aquellas personas migrantes que hubieran estado empleadas sin tener su situación administrativa regularizada y, a partir de estas inspecciones, pudieran tramitar su permiso de residencia y trabajo mediante la figura conocida como arraigo laboral.

Intensificación de controles

A principios de mayo de 2020, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba una campaña de intensificación de los controles al campo español. Un aumento que se preveía no solo cuantitativo, sino también en la calidad de los mismos, con el objetivo manifiesto de que las ITSS detectasen “supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre”, según se lee en la documentación del Ministerio.

Las denuncias por situaciones de explotación laboral y abusos no eran nuevas. Como el propio Ministerio reconocía en sus documentos, desde entidades sociales o investigaciones periodísticas ya se había alertado “sobre el posible incremento de casos de explotación laboral y de trata de seres humanos en el sector agrícola” durante la excepcionalidad que marcaban los meses de pandemia y confinamiento.

“Situaciones a las que podría contribuir además la posible percepción de que el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, habida cuenta de las restricciones y dificultades de movilidad, no van a llevar a cabo durante estos meses las campañas agrícolas”, justificaban desde el Ministerio en la presentación de la campaña.

Las conclusiones del relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humano, Phil Alston, tras visitar los poblados chabolistas en Huelva, fueron vitales para la reacción del Gobierno español. “Las condiciones que vi en los trabajadores migrantes que recogen la fresa en Huelva eran peores que en un campo de refugiados”, afirmó.

En su informe preliminar describió que las personas migrantes “están a kilómetros de distancia del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado. Muchos han vivido allí durante años y pueden pagar el alquiler, pero dijeron que nadie los aceptará como inquilinos. Están ganando tan solo 30 euros por día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental”.

“He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país”, aseguró Alston en la línea de denuncias previas que se venían haciendo desde movimientos sociales, como las Jornaleras de Huelva en Lucha.

Un cuestionario polémico

La iniciativa del Ministerio sugería, entre otras herramientas, un cuestionario guía para hacer más exhaustivas las entrevistas con las personas trabajadoras que se encontraran en las visitas a los centros de trabajo. Comprendía ámbitos tan disímiles como la documentación, restricciones a la libertad de movimiento a los trabajadores, restricciones a la comunicación con su entorno y con sus familias, alojamiento y condiciones higiénicas, entre otros.

“El trabajador tiene su propia documentación, ¿si no quién guarda la documentación? ¿De todos los trabajadores? ¿Presenta el trabajador indicios de malos trataos, como magulladuras? ¿Muestra el trabajador signos de ansiedad? ¿Existen otros indicios de confusión mental o de violencia? ¿Existe algún indicio de que el trabajador haya sido objeto de intimidación o chantaje? ¿Está el trabajado encerrado en el lugar de trabajo? ¿Es obligado a dormir en el lugar de trabajo? ¿Existen multas y/o sanciones económicas en caso que el trabajador libremente abandone el lugar de trabajo por motivos de salud u obligaciones familiares?”, eran algunas de las preguntas.

Otras ahondaban más en la contratación: “¿Ha firmado contrato de trabajo? ¿En qué idioma? ¿Qué jornada de trabajo realiza? ¿A qué hora comienza a trabajar? ¿Cuándo finaliza? En caso de horas extraordinarias, ¿se abonan? ¿Se detraen cantidades en concepto de alojamiento, manutención y otros? ¿Tiene acceso real a sus ingresos? ¿Se le exige recoger un número determinado de cajas? En caso de ser transportado con medios de la empresa, ¿esta cobra algo por prestar este servicio? En el caso de las empresas de servicios ETT, ¿Quién es el empleador? ¿Quién paga los salarios? ¿Hay un intermediario que percibe parte de la remuneración de los trabajos por su labor de intermediación?”.

Oposición conservadora

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, afirmó que el Gobierno andaluz utilizaba la inspección “para ayudar a los agricultores y otros usan la inspección para criminalizarlos”. En la misma línea se pronunciaba el presidente del ejecutivo regional, Juan Manuel Moreno Bonilla: “No es comprensible ni entendible, bajo ningún punto de vista, que la ministra de Trabajo haya mandado un cuestionario a nuestros agricultores donde se les criminaliza a ellos y al sector agrario andaluz”, cuestionaba.

Por su parte, al líder del Partido Popular, Pablo Casado, le parecían intolerables “las acusaciones falsas e inadmisibles del Gobierno de España al sector del campo, acusándolo de que hay esclavitud e infraempleos”.

Las críticas más duras salieron de diferentes sectores de la patronal. El secretario de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía  expresó que “España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclava”.

Por su parte, entidades como Interfresa, Ecohal, Freshuelva y Coexhphal emitieron un comunicado conjunto. “Aun siendo conscientes de la importancia de la realización de las inspecciones en general, lo que nos parece inaceptable son los términos recogidos en dichas instrucciones a la hora de referirse a los profesionales del campo y la agroindustria. Y es que éstos se alejan mucho de la realidad de un sector que es reconocido por sus esfuerzos en materia de investigación, innovación, así como en sostenibilidad ambiental y social”, argumentaron.

Las más agresivas, las declaraciones del presidente de Asaja en Navarra, Féliz Bariain, quien anticipó una revuelta del campo contra la ministra. “No sé en qué fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire esas inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos”, amenazó.