Explotación laboral
Dos detenidos en La Vera por explotar a migrantes nepalíes

La comarca cacereña de La Vera ha vuelto a saltar a la crónica negra del trabajo agrario. Dos personas han sido detenidas por su implicación en una trama de explotación laboral que afectaba a personas migrantes procedentes de Nepal. Las víctimas, según fuentes cercanas a la investigación, eran obligadas a trabajar en explotaciones agrícolas en condiciones de semiesclavitud: sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y con jornadas extenuantes a cambio de salarios ínfimos.

Las detenciones forman parte de la operación “Arado Verde”, desplegada por Policía Nacional y Guardia Civil en seis comunidades autónomas. La red transnacional prometía empleos dignos a personas migrantes procedentes de Nepal, India y Pakistán. Ya en España, eran trasladadas de finca en finca sin apenas descanso, hacinadas en alojamientos improvisados, y algunas ni siquiera sabían en qué parte del país estaban. En total, han sido liberadas 45 personas. Nueve personas han sido detenidas —tres de ellas, ingresadas en prisión provisional— en una trama que evidencia una forma contemporánea de esclavitud laboral sostenida por la agroindustria española. Los arrestos en Extremadura ponen el foco en una realidad sistemática: la dependencia del sector agroalimentario extremeño de mano de obra precaria, en su mayoría migrante y sin papeles.

Jornaleros/as invisibles

Aunque el relato oficial habla de una organización criminal desmantelada, desde organizaciones sociales y sindicatos rurales la lectura es otra: esto no es una excepción, sino el síntoma de un modelo que necesita silencio para seguir funcionando. “No hablamos de un caso aislado, sino de un sistema que externaliza su coste en los cuerpos más precarizados”, denuncian desde colectivos que trabajan con temporeras y jornaleros migrantes.

En Extremadura —y en buena parte del campo español—, los intermediarios siguen siendo clave para garantizar mano de obra barata, temporal y sin derechos. Las condiciones de semiesclavitud no se entienden sin la pasividad institucional, la falta de inspección y una legislación laboral que no protege a quienes están en situación administrativa irregular. Los testimonios hablan de jornadas de sol a sol, salarios por debajo del mínimo legal y viviendas que no reúnen ni las condiciones más básicas.

En este caso concreto, los cabecillas incluso proporcionaban documentación de otras personas migrantes para encubrir la falta de permisos, simulando una falsa legalidad ante cualquier posible control. Pero en la práctica, las víctimas eran completamente dependientes de sus explotadores.

Mientras La Vera cultiva su imagen de paraíso rural para turistas, en sus márgenes siguen ocultos los cuerpos que sostienen esa postal: jornaleros y jornaleras migrantes, sin derechos, sin nombre y sin rostro para las instituciones. La verdadera pregunta no es cuántos serán los próximos detenidos, sino cuántos seguirán siendo explotados mientras el modelo agroalimentario siga dependiendo del silencio y la impunidad.