Explotación laboral
Imputan al jefe de Glovo por utilizar falsos autónomos

La Físcalía Provincial de Barcelona ha conseguido que la jueza que instruye el caso contra el modelo laboral de Glovo impute a su máximo dirigente. Según avanza eldiario.es, Oscar Pierre tendrá que declarar el próximo diciembre como acusado en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción 31 de la capital catalana. El origen está en el caso omiso que la compañía estaría haciendo a la histórica sentencia del Tribunal Supremo y la llamada Ley Rider, que reconoce a estos trabajadores como empleados por cuenta ajena.

Según el escrito de acusación conocido el pasado julio, el modelo laboral de Glovo “constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena”.

La causa, que va por la vía penal, se abre tras las sanciones que ya ha recibido por la vía administrativa de la Inspección de trabajo. Unas multas que están motivadas por los oídos sordos que la compañía ha hecho a la sentencia que declaró a sus riders como falsos autónomos.

El pasado enero, la Inspección de Trabajo en Madrid sancionó 7.022 faltas en el alta de trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, estableciendo una sanción de 32,9 millones de euros a la que habría que sumarle el acta de liquidación, que responde a la falta de cotización de esos trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, y que sumaría otros 19 millones de euros a la multa.

Precisamente el consejero delegado y fundador de la compañía fue hace apenas un mes ratificado en su puesto por la empresa alemana que ahora es la máxima accionista de la compañía. Delivery Hero,  propietaria de Glovo, reconoció en informes internos que se enfrenta a multas millonarias, que cifran en casi mil millones de euros. Más de la mitad podrían deberse al sistema de contratación empleado y otra parte, por una investigación en curso abierta por la Comisión Europea.

La Fiscalía acusa a Oscar Pierre de un delito contra los derechos de los trabajadores sobre la base del artículo 311, que castiga con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

El fundador de Glovo no es el primero de estas compañías de reparto que se enfrenta a condenas de cárcel por vulnerar los derechos de los trabajadores. En 2022, Francia condenó a dos directivos  con penas de cárcel por tener falsos autónomos, además de una multa a la compañía por realizar estas prácticas contra la ley. Glovo también tiene pendiente la resolución de una querella criminal por estafa y fraude, presentada por el Observatorio de Trabajo, Algorítmico y Sociedad (TAS), en colaboración con la plataforma sindical Riders X Derechos y Taxi Project 2.0.

En esa querella, se denunciaba que la utilización por parte de Glovo de falsos autónomos es una práctica continuada desde el año 2015, lo que conlleva a considerarlo un dolo reduplicado y, por lo tanto, tener que juzgarse como delito de estafa. Es decir, señalan que incluso con más de 50 sentencias en su contra por la violación de derechos laborales, “persisten en la violación sistemática de los derechos laborales, en rebeldía abierta contra las sentencias y persisten en el fraude continuado, camuflándolo con cambios irrelevantes en la aplicación, que no hacen más que empeorar la situación de trabajadores y trabajadoras”, según explicaron en su día los denunciantes del TAS.