Análisis
La batalla cultural de la ultraderecha (norte)americana

Una mirada rápida sobre el mapa político de América Latina muestra que la mayor parte de los países de la región, sobre todo los países andinos, han girado últimamente hacia la ultraderecha, precediendo o secundando a la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Desde América Central hasta la Tierra del Fuego, prácticamente todos los países que recorre la cordillera de los Andes –y que suman una superficie conjunta de ocho millones de kilómetros cuadrados, equivalente a la de Brasil– han pasado a gobiernos con marcado sesgo derechista y, en casi todos los casos, decididamente ultraderechista. El proceso comenzó con la elección de Javier Milei en Argentina, pero se aceleró en los últimos meses con las elecciones de Bolivia, Chile, Perú y Colombia. En América del Sur, sólo Brasil y Uruguay se resisten a someterse a las políticas de seguridad coercitivas de los nuevos profetas del populismo ultraconservador.

Después de haber consolidado el poder de sus aliados de ultraderecha en el continente, influyendo en las elecciones nacionales a través del fraude o el encumbramiento y la financiación de sus candidatos, Estados Unidos invita a sus aliados a adoptar un preocupante arsenal jurídico basado en su nueva legislación antiterrorista, para que esos gobiernos puedan perseguir, reprimir y dado el caso exterminar abiertamente a los opositores. Un nuevo plan Cóndor de persecución de enemigos (antes llamados subversivos)que ahora sería aplicado a escala global. Y como los fantasmagóricos enemigos no son terroristas ni guerrilleros, sino izquierdistas democráticos, asociar las ideas de izquierda con la calificación de extremistas es el cóctel perfecto para recabar el apoyo de los grandes medios de manipulación de audiencias, empezando por los nuevos medios digitales.

¿Resurgimiento del Terrorismo Político?

El pasado 16 de julio Estados Unidos convocó a más de 60 países a una cumbre de alto nivel en Washington para coordinar con ellos –la lista completa se mantiene en secreto– su nueva estrategia antiterrorista. Dicha cumbre, denominada Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, contó con una representación de menor nivel del gobierno español, lo que sugiere que no todos los participantes compartirían a priori los planes de la Casa Blanca. La convocatoria institucional pretende legitimar internacionalmente la cruzada ideológica anticomunista que han lanzado Marco Rubio y el presidente Donald Trump.

El discurso inaugural lo pronunció el Secretario de Estado, Marco Rubio, alimentando fantasmas del pasado como las Brigadas Rojas o los Tupamaros, organizaciones extintas hace más de medio siglo, y confundiéndolas con entidades fantasmagóricas inventadas por la Administración Trump, como una supuesta red transnacional interconectada de “militantes de Antifa”, que como el fantasmagórico “Cartel de los Soles” nunca ha existido.

Una cruzada ideológica contra el conocimiento científico, la conciencia social y la insumisión; contra cualquier forma de organización colectiva que haga peligrar los privilegios de las élites políticas y económicas a través de la crítica. Batalla cultural contra nociones y conquistas largamente asentadas en la civilización occidental, tanto europea como latinoamericana: justicia social, libertad de expresión, respeto por las diferencias, debate político sosegado; todas ellas reemplazadas por sus opuestos: inequidad extrema, censura, homofobia y persecución de las minorías, disputa política exasperada. Cruzada religiosa (puritana) contra el ordenamiento social y los valores que históricamente propugnó la Iglesia católica con su doctrina social, adoptada por movimientos políticos latinoamericanos como el peronismo, para sustituirla por la ética reaccionaria del judaísmo sionista (Milei) o de las iglesias pentecostales (De la Espriella).

La batalla cultural que libran los extremistas de ultraderecha consiste en construir la trama simbólica de una nueva forma de dominación

El escritor estadounidense Quinn Slobodian define a la “derecha alternativa” o extrema derecha como “un intento de desarmar la obra del humanismo liberal igualitario de los últimos 200 años y restaurar un orden jerárquico”. El programa político de esa extrema derecha ultrarreligiosa que va tomando cuerpo a nivel global en Estados Unidos incluye, entre otras regresiones antidemocráticas, quitar el derecho al voto a las mujeres.

Esta mística oscura entronca directamente con la nueva clase dirigente de Estados Unidos, la de los tecno-oligarcas. Entre ellos Peter Thiel, fundador de PayPal y presidente de Palantir, quien aseguró en una conferencia que la activista por el clima Greta Thunberg es una “legionaria del anticristo”, al igual que quienes se oponen al desarrollo irrestricto de la IA. Thiel, que financió la campaña electoral del vicepresidente JD Vance, impartió en octubre de 2025 varias conferencias en las que combinó su apuesta tecnológica por la IA para uso militar con su búsqueda personal de alcanzar la inmortalidad y sus reaccionarias ideas religiosas.

No nos engañemos. La batalla cultural que libran los extremistas de ultraderecha consiste en construir la trama simbólica de una nueva forma de dominación, la de los señores tecno oligarcas que han conseguido cooptar a muchísimos gobiernos. Incluidos los de muchos países de la UE, que ya les permiten controlar el contenido de nuestras comunicaciones: datos, mensajes, fotos, vídeos y conversaciones. Y esto se hace con el consentimiento explícito del poder político a la mercantilización de nuestros datos, con el argumento de proteger a los menores en las redes sociales. La policía del pensamiento ha tomado forma, ya sea interceptando nuestras comunicaciones, ya sea restringiendo nuestra libertad de expresión al forzarnos a interiorizar las restricciones impuestas para no ser catalogados como “terroristas de extrema izquierda”.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de una ex senadora uribista, Paola Holguín, como ministra de Cultura de su gobierno. Holguín posee una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, y cursó estudios especializados en Política y Estrategia de Seguridad y en Terrorismo y Contrainsurgencia en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa (CHDS) de la Universidad de Defensa en Washington. Con tales credenciales, además de su formación como “comunicadora social”, Holguín llevará adelante la batalla cultural en el terreno específico de la creación y el arte. Sus detractores ya anticipan que impondrá una férrea censura y comandará un dispositivo de persecución política de los creadores disidentes. Su labor complementará a la de una nueva ministra de Educación, Viviane Morales, cuyo objetivo manifiesto es la evangelización del país, inspirada en la idea reaccionaria de “reconstrucción moral de la patria” que formuló De la Espriella y que propugna un retorno a los valores tradicionales en las aulas.

Se levanta la veda a la persecución de “enemigos” políticos, concebidos según los parámetros del neoimperialismo extractivo y sus exigencias de control territorial y dominación social

La extrema derecha envalentonada por los resultados electorales emprendió en Colombia la caza de brujas antes de llegar al gobierno. Docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira recibieron correos electrónicos intimidatorios, en sus cuentas de correo institucionales, remitidos por el Movimiento Defensores de la Patria. En un comunicado titulado “Se les acabó la dicha comunistas”, el sello político de ultraderecha que respaldó a De la Espriella amenazó así a los profesores: “EXTERMINAR EL COMUNISMO ES UNA MISIÓN SAGRADA. Vamos a limpiar todas las universidades de este país, vamos a eliminar el Ministerio de Educación y no vamos a permitir que los guerrilleros terroristas se sigan formando en estos centros basura”. En el párrafo anterior, que tampoco tiene desperdicio, aseguran que su objetivo es “erradicar a todo aquel que piense desde el marxismo y haga apología a ideologías basura que no le sirven a la Patria Milagro. (…) EL TERRORISMO EN COLOMBIA NO VA MÁS CON EL TIGRE”.

Este panfleto desenfrenado resume a la perfección la proximidad ideológica de esta nueva ultraderecha con el pensamiento imperial de Donald Trump y Marco Rubio. La idea de “misión sagrada” y la mención a la programática Patria Milagro aportan el encuadre del fanatismo ideológico que justifica las amenazas. La mención del marxismo es una precisión crucial para identificar lo que estos exterminadores entienden como el núcleo más peligroso de la izquierda internacional: una filosofía de la historia y su economía política, no movimientos u organizaciones de uno u otro color. Y la asociación de esta ideología con el terrorismo remite directamente a la Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos difundida en mayo de 2026, que identifica y dice enfrentar a los “tres mayores tipos de grupos terroristas”: narcoterroristas y bandas transnacionales, terroristas islámicos reciclados y extremistas de izquierda violentos, incluyendo anarquistas y antifascistas.

Al explicar esta estrategia, Marco Rubio dice: “Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma: un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación”. En una aceleración de las narrativas de retorno a la guerra fría, se estigmatiza un conjunto de conceptos que por ahora excluye cuidadosamente el término “socialistas”, para no ofender a los aliados de la OTAN con gobiernos en los que participan partidos socialdemócratas. Con esta sola exclusión, toda ideología que explique y cuestione el capitalismo sería punible.

Aunque esta excepción podría ser precaria y solo temporal, como lo prueba el ensañamiento de los ultras —empezando por el mismo Donald Trump– contra el presidente español Pedro Sánchez. Como en la Alemania de Bismarck, cuando el crecimiento del Partido Socialdemócrata –temido por liberales y conservadores– amenazaba a la estabilidad nacionalista burguesa y se denominó el “espectro rojo”. La invocación al “rojo” como color del enemigo de clase se hace sentir un siglo más tarde del ascenso del nazismo como argumento de los verdugos de la extrema derecha para apalizar a sus adversarios. Un ejemplo reciente es la agresión física que sufrió en Cádiz el periodista y militante antifascista Fonsi Loaiza, autor de libros de denuncia sobre las prácticas mafiosas de las clases dominantes, tales como Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024) y muchos otros sobre las mafias del fútbol, a quien le gritaron “rojo” como insulto antes golpearlo de manera salvaje y dejarlo inconsciente. Tras la agresión, que denunció como “violencia ultraderechista”, declaró en sus redes sociales: “A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar”.

Hay que señalar que una de sus publicaciones más recientes celebraba la victoria electoral de la alcaldesa comunista de la segunda ciudad de Austria: “La alcaldesa comunista Elke Kahr ha barrido en las elecciones municipales de Graz, Austria. Sus medidas: viviendas sociales y prohibir privatizar el suelo. Dona el 75% de su sueldo.” Esta exaltación del “comunismo” en un país democrático es absolutamente inaceptable para la policía del pensamiento que pretende imponer la dictadura del neoliberalismo a sangre y fuego.

La narrativa desplegada por Marco Rubio acusando a la izquierda de actuar por resentimiento “disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación” expande el plano de actuación de esa estrategia antiterrorista a cualquier forma de crítica al poder. Se levanta la veda a la persecución de “enemigos” políticos, concebidos según los parámetros del neoimperialismo extractivo y sus exigencias de control territorial y dominación social.

Una “beca” del Departamento de Estado de hasta tres millones de dólares permitirá comprar talentos (periodistas, influencers) para promocionar la simpatía con MAGA en Europa

En efecto, la ofensiva teórica viene acompañada de políticas abiertamente injerencistas. Después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, Marco Rubio se ha convertido en el “Virrey” de Trump para gestionar los asuntos de Venezuela, aprobando los flujos económicos y de hidrocarburos que entran y salen de ese país. El siguiente paso sería derribar al sistema comunista cubano contra al que siempre boicoteó. Un documento del Departamento de Estado de 107 páginas divulgado el 20 de julio, titulado “Cuba, capital del comunismo del siglo XXI”, invierte los términos del conflicto entre ambos países, al situar a Cuba en el lugar de acosador y a Estados Unidos como víctima, debido a una supuesta campaña de“espionaje y subversión” organizada al interior de Estados Unidos durante las últimas siete décadas. Curiosamente, el país al que casi todas las naciones del mundo consideran víctima del bloqueo estadounidense, y al que ahora se intenta estrangular, aparece en la narrativa de Rubio como el verdugo que se vale del terrorismo para actuar contra sus conciudadanos.

El informe contra Cuba implica a figuras de la izquierda internacional, como el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn (quien fuera acusado por Israel de antisemitismo por su apoyo a la causa palestina) y el ex vicepresidente de gobierno español Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Iglesias se pronunció desde Canal Red contra esta “fascistización de las derechas que controlan dispositivos de Estado” y decretan “la proscripción de ideas políticas”, “una criminalización de las ideas y de las organizaciones políticas”, ya que “usted es un terrorista por su manera de pensar”, por ser de izquierda o comunista, lo cual lo convierte en “un peligro para la seguridad de Estados Unidos”. Iglesias y Corbyn participaron en marzo en una misión de ayuda humanitaria a Cuba denominada Nuestra América, Convoy a Cuba.

Policía internacional de criminales y narcos

Aunque Donald Trump hizo campaña prometiendo concentrarse en los asuntos nacionales de Estados Unidos, su gobierno dilapida tiempo y recursos haciendo guerras inútiles e interviniendo en los asuntos internos de casi todo el mundo. La injerencia de Estados Unidos en países latinoamericanos bajo el argumento de perseguir terroristas tuvo otro momento destacado a fines de mayo de 2026, cuando el Departamento de Estado se involucró en temas de política interna de Brasil, designando como organizaciones terroristas extranjeras al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores organizaciones criminales del país, una con base en Rio de Janeiro y la otra en Sao Paulo, que se financian a través del narcotráfico, secuestros, asaltos, extorsiones y del sicariato. Ambas cuentan con decenas de miles de integrantes, muchos de los cuales actúan desde las prisiones. Ninguna de las actividades de estas bandas, a pesar de su extrema violencia, puede ser considerada como terrorista.

Asociar como causas del terrorismo al tráfico de drogas con el terrorismo yihadista es desde luego un enorme disparate. Pero vincular ambas conductas punibles con las convicciones de anarquistas y antifascistas que se expresan a través de la protesta pacífica, o de un legítimo reclamo antiimperialista, equivale a la imposición de un régimen de persecución ciudadana a escala global. Un sistema de vigilancia panóptico con epicentro en Estados Unidos, pero con ramificaciones europeas que se manifiestan por ejemplo en el aval a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses para “supervisar” nuestras comunicaciones.

La inversión en publicidad política en el exterior se ha convertido en prioridad de la Administración Trump. Después del escándalo que se produjo por las infidencias del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, narcotraficante condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel e indultado por Donald Trump, el Departamento de Estado decidió subvencionar directamente a los propagandistas del nuevo orden imperial. Una “beca” de hasta tres millones de dólares permitirá comprar talentos (periodistas, influencers) para promocionar la simpatía con MAGA en Europa.

En este punto conviene recordar la noción de “narcoestado” de la que se ha valido Estados Unidos para violar la soberanía de otros países, principalmente en América Latina. Un país se define o no como narcoestado dependiendo de los intereses geopolíticos de Washington. Panamá fue un supuesto narcoestado cuando los intereses de Noriega entraron en conflicto con los del centro de mando imperial. Ni antes ni después de su violento derrocamiento ese país fue una amenaza vinculada al narcotráfico. Afganistán, en cambio, se convirtió durante más de dos décadas de ocupación de la OTAN, liderada por Estados Unidos, en el mayor “narcoestado” no reconocido del mundo, y dejó de serlo cuando los expulsaron del poder los talibanes. Por su parte Colombia no se consideró narcoestado bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, cuando la prioridad de Washington era la lucha contra las guerrilleras, aunque encubierta en los documentos del Plan Colombia como guerra contra las drogas.

La propaganda política de la ultraderecha se extiende a través de las redes por motivos económicos: el algoritmo se alimenta más y más rápido con información corrupta, sesgada y polarizadora

Estados Unidos se ha considerado desde siempre la “nación elegida”, “la Nueva Israel”. En la mística fundacional, desde las primeras colonias puritanas, los recién llegados convirtieron a esta región del mundo en “la tierra prometida para el pueblo escogido por Dios”, tal como afirma Jim Cullen en su libro El sueño americano. Los siguientes pasos fueron asignarse para sí el nombre de América, tomando la parte por el todo, y desarrollar la doctrina Monroe y asignarse el papel de salvadores de los demás países del hemisferio. Y ahora, las mismas formas de fundamentalismo religioso que tienen un papel relevante en la cultura política doméstica de Estados Unidos, se proyectan como una nueva cultura de masas a través de la política exterior.

Las batallas judiciales

La batalla cultural de la extrema derecha internacional es también una guerra judicial que no solo se vale del lawfare para acorralar a las figuras políticas más prominentes del progresismo internacional. Hay además otro objetivo de carácter sistémico: desmantelar las instituciones internacionales que históricamente han representado alguna forma de contención a las ambiciones desmedidas de los estados “bandidos”, aquellos que se dedican impunemente al saqueo de tierras y recursos naturales invadiendo y bombardeando países soberanos. Una de esas instituciones es el Tribunal Penal Internacional (TPI). En un artículo publicado por Marco Rubio en The Wall Street Journal, el secretario de Estado afirmaba que Estados Unidos nunca había aceptado la existencia de un tribunal mundial con competencias que pudieran “prevalecer sobre nuestros propios tribunales y la Constitución”.

Pero no se queda en una posición defensiva. Aquí como en otros órdenes, Estados Unidos se cree llamado a desbaratar los sistemas de acuerdos internacionales: “Queremos destruir el Tribunal ladrillo a ladrillo”. Dado que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del TPI para sus ciudadanos, esta ofensiva es otra forma de injerencia directa en los asuntos de las demás naciones. Marco Rubio invitó a los países aliados de Washington a desvincularse también del TPI. Por otra parte, el gobierno estadounidense sancionó a los siete jueces del Tribunal y a los tres fiscales por haber participado en la aprobación de una orden de captura contra Benjamin Netanyahu por crímenes de lesa humanidad. Todos ellos fueron incluidos en la lista de “metecos” financieros en febrero de 2025, conocida como lista Clinton, y desde entonces no pueden acceder a servicios (bancarios) estadounidenses, ni a tarjetas de crédito (las más usadas en Europa son estadounidenses), ni a aplicaciones de reserva de hoteles o aviones, entre muchas otras restricciones.

Este es el mismo trato que el presidente de Estados Unidos brinda a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, o al presidente colombiano Gustavo Petro y varios de sus allegados. El escarmiento a sus contradictores incluye siempre durísimas sanciones para que no puedan gozar de ninguna libertad económica. Además, no contento con esas restricciones, Estados Unidos emprendió una persecución soterrada del fiscal jefe Karim Khan, hasta conseguir que 82 de los 125 países que componen el TPI votasen a favor de destituirlo en una reciente Asamblea de los Estados Partes.

El desconocimiento y boicot a las instituciones jurídicas multilaterales se extiende a los aliados de Estados Unidos. El ultraderechista colombo-estadounidense Abelardo de la Espriella, que sigue en todo los pasos de Donald Trump, sugirió en su campaña que Colombia podría abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una institución respetada en América Latina como tribunal de última instancia, que revisa las arbitrariedades de la justicia estatal de cada país. Esta propuesta haría imposible dar continuidad a más de 1.400 expedientes relacionados con el Estado colombiano que permanecen bajo la lupa de la Corte. Algunos casos se han resuelto con condena al Estado tras más de 30 años de denuncias e investigaciones judiciales infructuosas en el fuero estatal.

Desafíos a la democracia en el mundo

La profesora estadounidense Shoshana Zuboff, que desarrolló el concepto de “capitalismo de vigilancia” para retratar el momento actual de la humanidad, caracterizado por el dominio universal de los tecno oligarcas digitales, que atentan contra la democracia por la misma naturaleza de su negocio, ha publicado un libro titulado ¿Capitalismo de la vigilancia o democracia? en el que da cuenta de esta contradicción en su opinión irresoluble.

La información “corrupta” que recibimos a través de los gigantes tecnológicos ha generado durante las dos últimas décadas un “totalitarismo con ánimo de lucro”. Al mismo tiempo, se produce una concentración ilícita de datos que después deriva en concentración ilícita del conocimiento en manos de las élites tecno-oligárquicas. “Lo que el economista ve como un dominio oligopólico del mercado se revela, desde el aspecto sociológico, como una oligarquía del conocimiento que institucionaliza los privilegios de la gobernanza privada sobre la división del aprendizaje en la sociedad”.

La propaganda política de la ultraderecha se extiende a través de las redes por motivos económicos: el algoritmo se alimenta más y más rápido con información corrupta, sesgada y polarizadora. Shoshana Zuboff ha documentado esta tendencia del oligopolio tecnológico a inclinar la balanza hacia la derecha: “como el grueso de la desinformación es producida por representantes de la extrema derecha, su valor económico superior significa que la desinformación de extrema derecha tiene un privilegio consistente con cada optimización algorítmica” del sistema.

El economista griego Yanis Varoufakis se refiere como “tecno-feudalismo” a la mutación actual del sistema capitalista, un capitalismo de plataformas en el que desaparecen la competencia y el mercado tal como los hemos conocido. En la cúspide del sistema están los dueños de la “nube” (Amazon, Google, Facebook (Meta), Apple y Microsoft) y las grandes compañías de IA (Open IA, Anthropic, Palantir), y en el estrato inferior la mayor parte de la humanidad, que alimenta el sistema con la servidumbre de generar datos solo por el uso de esas plataformas. Hay quien sugiere que el término “tecno-feudalismo” es más una metáfora del poder hiperconcentrado de las compañías tecnológicas que una categoría analítica útil. Shoshana Zuboff afirma que el capitalismo de la vigilancia es la forma que adopta esta nueva fase del capitalismo de carácter antidemocrático.

El neoimperialismo estadounidense está desarrollando una nueva forma de dominación política que habilita al presidente de Estados Unidos a intervenir en las elecciones de otros países e inclinar la balanza en favor de “sus” candidatos. Ya lo hizo de manera ostensible en las elecciones de Argentina, Honduras y Colombia, y presumiblemente también en Perú.

¿Cómo enfrentan los progresistas y demócratas de todo el mundo este enorme desafío que se cierne sobre las democracias?

En una conferencia pronunciada por Varoufakis al final del primer gobierno de Trump, en 2020, el economista y político griego se preguntaba cómo dinamizar el funcionamiento de la Internacional Progresista, fundada para contrarrestar el resurgimiento del "nacionalismo autoritario”, y sugería “planificar y llevar a cabo acciones colectivas” como forma de enfrentar a la internacional reaccionaria (nacionalista o fascista) que articulan los partidos de ultraderecha. “Los progresistas también necesitan un programa común”, aseguraba. La necesidad de establecer una agenda común y un plan de acción colectivo “implica que la Internacional Progresista debe incluir una organización internacional”.

Por otra parte, en una conferencia que impartió el activista estadounidense Mark Bray, el pasado 23 de mayo en Barcelona, el autor del libro Antifa: el manual antifascista, perseguido por Donald Trump y exiliado de su país, afirmó: “Necesitamos crear alternativas. La historia de las victorias de la extrema derecha es también la de los fracasos de la izquierda”.

La extrema derecha estadounidense de matriz ultraconservadora que se expande por toda América Latina y España de la mano de las iglesias evangélicas aspira a consolidar un movimiento doctrinario que propugna la regresión a valores tradicionales en todos los ámbitos de convivencia, desde la relaciones laborales hasta la relaciones de género e identitarias. Sus políticas contra la izquierda woke (un término escurridizo como pocos) se basan en una matriz ideológica que apela a la renuncia de derechos adquiridos por la civilización a lo largo de casi un siglo. Tal como un sector ultraconservador hoy apela a la renuncia de las mujeres al derecho al voto y otros derechos conquistados por el movimiento feminista, imponiendo un renovado patriarcado, es imaginable que quieran retrotraer el mundo a los tiempos tenebrosos de la esclavitud o de cualquier otra forma de dominación del ser humano ya superada por la evolución de nuestras sociedades.

El principal recurso propagandístico de la extrema derecha son sus agitadores y publicistas que actúan en el universo de las redes sociales. Unas redes a su vez controladas por las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses. Pero esas narrativas de odio que apuntan contra la izquierda también se difunden en los medios de comunicación tradicionales, incluida la prensa menos derechizada. Marcar el territorio que separa lo aceptable de lo inaceptable se ha convertido en un ejercicio periodístico espurio cada vez más frecuente que denigra a la izquierda y prepara el terreno a su persecución política al etiquetarla como “extrema”. Por ejemplo, en una entrevista al dirigente y fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, (El País, 11 de junio de 2026), se califica al entrevistado como “líder del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa”, y esta calificación se repite al menos tres veces ese mismo día, incluso en la portada.

Hay que aclarar que el Ministerio de Interior francés adoptó en febrero de 2026 la decisión de considerar al partido de Mélenchon como de “extrema izquierda”, una decisión confirmada más tarde por el Consejo de Estado, a pocos días de las elecciones municipales y a un año de unas elecciones presidenciales que podrían dar el poder a la extrema derecha de Marine Le Pen. Y dado que Mélenchon es hasta ahora su principal adversario, equiparar el calificativo de “extremista” para una y otra fuerza política no es una decisión gratuita. Por el contrario, conlleva un estigma para el partido izquierdista, tanto si lo aplican políticos y jueces como cuando lo amplifica la prensa.

Además de los medios de comunicación, las organizaciones patronales con frecuencia califican de extremistas de izquierda a determinados gobiernos -nacionales o regionales- que aplican políticas contrarias a sus intereses. Por ejemplo, cuando el gobierno de la Generalitat de Catalunya, dirigido por el socialista Salvador Illa pactó con los Comunes algunas iniciativas para frenar la especulación con el precio de la vivienda, la patronal catalana calificó a esas medidas (criticadas por el Sindicato de Inquilinos por insuficientes) como “filocomunistas”.

¿Será preciso recordar que la terminología maccartista no es gratuita? Tal como ocurrió en otros momentos de la historia, hoy el uso de un lenguaje despectivo y descalificador en la esfera pública aplicado a medidas progresistas opera como una puerta facilitadora de la caza de brujas.