Extremadura
26-M: elecciones extremeñas en la edad de la ira

En el régimen político extremeño de 1983, coexpresión territorial articulada y funcional pero en diversos y significativos aspectos específica del régimen político español de 1978, cristaliza la correlación de fuerzas resultante del sexenio transicional transcurrido entre la muerte de Franco en 1975 y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura en 1983. Inicialmente pilotada por las élites reformistas del franquismo y algunos antifranquistas liberales, aquella transición extremeña fue enérgicamente desviada de su rumbo previsto por una concatenación de movilizaciones campesinas, industriales, ecologistas, vecinales o por la autonomía, que fermentaron en toda una nueva cultura política regional. En completa ruptura con el imaginario franquista de sufrido y paciente solar de Hispanidad, Extremadura se alzó en un inesperado gesto colectivo de afirmación y desafío, que comienza en la misma enseña autonómica verde, blanca y negra, impuesta a las nuevas instituciones por el movimiento popular que previamente la había hecho suya en las calles.

El punto álgido de este amplio ciclo de movilizaciones es el encierro de alcaldes y la enorme manifestación contra la central nuclear de Valdecaballeros del 1 de septiembre de 1979 en Villanueva de la Serena, celebrada en abierta desobediencia a su prohibición por el gobierno civil y ante la total impotencia del nutrido despliegue policial. La mayoría de los alcaldes encerrados son del PSOE, y a la cabeza de la manifestación marcha junto a ellos el joven diputado socialista pacense Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que arranca allí, al calor de aquella multitud concienciada y resuelta, su camino hacia la presidencia autonómica que detentará ininterrumpidamente durante casi un cuarto de siglo. Depositario de las expectativas de aquel poderoso movimiento transicional, Rodríguez Ibarra persiste, una vez en el gobierno, en su retórica reivindicativa, a la vez que, en la práctica, apacigua los conflictos que la alimentaban. Se paraliza la central de Valdecaballeros, pero se asume la continuidad de Almaraz; se consolidan algunos avances para los trabajadores del campo, pero se burocratiza el sindicalismo campesino y se desestima la reforma agraria; se crea un extenso tejido cultural institucional y se apoya la «movida» más lúdica y despolitizada, pero se asfixia la cultura crítica y reivindicativa; se recupera la memoria histórica de la guerra civil y la primera posguerra, pero se silencia o adultera la de la larga dictadura, el antifranquismo y la transición ―auténtica caja negra de las incontables imposturas y renuncias del PSOE. Con la acumulación de mayorías absolutas socialistas, cunde la más impúdica confusión entre el aparato del partido y las instituciones autonómicas. Las abundantes ayudas al desarrollo y otras transferencias estatales y europeas permiten compensar parcialmente la continuidad del expolio de las materias primas y el medio natural, la mano de obra y el capital financiero local ―en resumen, la condición extremeña de «colonia intrametropolitana» del sistema económico español, teorizada José Manuel Naredo y otros en su libro Extremadura saqueada. Rodríguez Ibarra, pródigo antes y después de llegar a la presidencia en gritos de guerra, es el implacable muñidor de la paz social que hace posible esta continuidad estructural.

En esta primera etapa del régimen extremeño de 1983, la sólida posición institucional del PSOE y su extensa base interclasista reducen a la oposición de derecha a una suerte de minoría natural, competitiva en las grandes y algunas medianas localidades de la región pero arrinconada en el mundo rural en el que vive más de la mitad de su población, y en consecuencia irremediablemente imposibilitada para acceder al gobierno autonómico. Solo una vez en este largo período, en 1995, precediendo en unos meses al fin del largo periodo presidencial de Felipe González y la llegada del Partido Popular al poder en España, Rodríguez Ibarra ha de conformarse con una mayoría relativa y requiere para ser investido de la abstención de Izquierda Unida ―que en paralelo accede a la presidencia de la Asamblea mediante un acuerdo con el PP―, cuyo grupo parlamentario terminará fracturándose a mitad de legislatura. En 2007, Rodríguez Ibarra se retira de la primera linea política dejando instalado en la presidencia a su delfín Guillermo Fernández Vara con una cómoda mayoría absoluta. Será la última. Durante su mandato, Fernández Vara sufre el doble desgaste estatal de la desastrosa gestión de la crisis económica del gobierno central de Rodríguez Zapatero y regional del demencial proyecto de refinería petrolera en Tierra de Barros, que hereda de Rodríguez Ibarra y que provoca las mayores, mejor organizadas y más persistentes movilizaciones en la región en casi dos décadas. En 2011, con las protestas del 15-M llenando calles y plazas en todo el país y también en Extremadura, el PP gana las elecciones autonómicas por la mínima e IU decide, tras un proceso de consulta a militantes y simpatizantes y pese a las enormes presiones internas y externas en sentido contrario, abstenerse, permitiendo la investidura con mayoría minoritaria de José Antonio Monago.

En esta primera etapa del régimen extremeño de 1983, la sólida posición institucional del PSOE y su extensa base interclasista reducen a la oposición de derecha a una suerte de minoría natural

IU fundamenta esta abstención en que existe un claro mandato popular destituyente en el resultado electoral, y la condiciona al cumplimiento de un decálogo de medidas ―los célebres «doce mandamientos de IU»―, que Monago dice acatar. Un entendimiento anómalo en aras de unos supuestos objetivos comunes de regeneración institucional, recuperación económica y protección social, cuyas condiciones comienzan muy pronto a incumplirse, cuando el gobierno de Monago, ―bajo la dirección estratégica de su gurú Iván Redondo―, muy hábil mostrando su cara más amable en materia de derechos civiles o políticas culturales ―dejan constancia de ello la avanzada ley extremeña de derechos LGTBI o las Medallas de Extremadura otorgadas a notables malditos del régimen cultural ibarrista, como el escritor Víctor Chamorro o el músico Robe Iniesta―, comience a incumplir la parte socioeconómica del acuerdo, aplicando recortes en servicios públicos esenciales, desahuciando familias de viviendas sociales de titularidad pública o regateando a la baja la ley de renta básica que IU llevaba entre sus mandamientos y un amplio movimiento social defendía en las calles. A pesar de todo ello, IU se aferra a su posición de interlocutor privilegiado del gobierno del PP, y todo el espacio político, social y cultural a la izquierda del PSOE estalla en pedazos.

Fernández Vara, reeditando ―aunque con un muy diferente estilo personal― la estrategia de Rodríguez Ibarra tres décadas atrás, juega cómodamente a lo largo de toda la legislatura por la banda izquierda despejada por el enroque de IU, travistiéndose en paladín de la Extremadura excluida, movilizando a las bases socialistas contra los recortes, acercándose a los movimientos sociales y practicando una durísima oposición parlamentaria ―siempre más orientada a poner en evidencia la existencia del bloque legislativo PP-IU que a disgregarlo y componer una mayoría alternativa. En ausencia de otra oposición política real, en favor del PSOE fueron computando la nefasta gestión socioeconómica de Monago ―medularmente neoliberal, emprendedurista y aporofóbica, en una región en plena quiebra y sufrimiento social―, algunos excesos finalmente contraproducentes del exuberante aparato propagandístico de Redondo y, como colofón, las informaciones sobre los tan frecuentes como poco justificables viajes de Monago a las islas Canarias a cuenta del erario público. Los interminables y ruidosos sainetes interconectados de la cooperativa ACOREX y la Caja Rural de Extremadura, o la no emisión en la televisión pública autonómica del debate de la moción de censura presentada por el PSOE contra Monago ―la primera en tres décadas de parlamentarismo extremeño―, fueron algunos de los síntomas de la alarmante degradación institucional que el ejecutivo del PP estaba provocando en su agónico final de mandato. En las elecciones europeas de 2014, con una bajísima participación, el PSOE ya gana por la mínima. Podemos aparece de forma modesta, pero logra enseguida una notable implantación territorial y presencia social, que refleja la orfandad en sectores activistas de la región de un referente electoral, que la IU atrincherada a la sombra de Monago y Redondo no podía ya ser y que, dato este fundamental para explicar la trayectoria posterior de Podemos en la región, esos sectores no habían sido capaces de generar por sí mismos en el ámbito y desde la identidad, la historia y la cultura política extremeñas.

También en Extremadura, 2011 y los que le siguieron fueron, como los denominó el filósofo Slavoj Žižek, «años en los que soñamos peligrosamente». Soñamos el sueño, largamente acariciado desde la transición, de un asalto de envergadura por la izquierda al régimen extremeño del 83, recombinando la potencia de una reforzada izquierda política, las lecciones de la lucha victoriosa contra la refinería y el impacto local del 15-M, pronto mutado en el potente sujeto regional por los derechos sociales que lideraron los Campamentos Dignidad. La penosa y por momentos brutal fractura de la izquierda en torno al pacto legislativo con el PP desbarató ese sueño. La aparición de Podemos pareció darle una segunda oportunidad, que muy pronto, ya antes del primer Vistalegre, empezó a mostrar sus claroscuros orgánicos e ideológicos, a chocar con el tejido antagonista preexistente y a desgastar su propia base en pos de la más granítica uniformidad y verticalidad, concebidas como condiciones imprescindibles para el crecimiento del proyecto. Ensimismado en su burbuja identitaria, todavía electoralmente expansiva, Podemos Extremadura rechazó unir fuerzas en las elecciones autonómicas y municipales de 2015 con la parte de IU que se había opuesto a la política de conciliación con el PP ―que en las municipales había integrado fórmulas de confluencia en Badajoz, Cáceres, Plasencia y otras ciudades, con un amplio respaldo de los movimientos sociales locales― y con Equo ―que promovió, junto a otros pequeños partidos y movimientos, la candidatura autonómica Adelante Extremadura. Una decisión que no costó muchos votos a un Podemos en plena cresta de la ola electoral, pero que sí le resultaría luego muy gravosa en términos de construcción orgánica, elaboración cultural e implantación territorial.

También en Extremadura, 2011 y los que le siguieron fueron, como los denominó el filósofo Slavoj Žižek, "los años en que soñamos peligrosamente"

En mayo de 2015, el PSOE volvió a ganar las elecciones autonómicas extremeñas por una estrecha diferencia de 30.000 votos a un PP que, a pesar de la desastrosa legislatura de Monago, conservaba una sólida base electoral y seguía gobernando las dos capitales provinciales y otros municipios importantes. Partida en tres ―Podemos, IU, los encomunes municipalistas y Adelante Extremadura―, la izquierda obtuvo un resultado mucho más modesto del esperado, 6 escaños de Podemos, los mismos que los obtenidos por IU en 1996, aunque con 20.000 votos menos ―IU, con 27.000 votos, no alcanzaba el 5% que señala la ley electoral extremeña para entrar en la Asamblea. Aún así, resultaba de las urnas una holgada mayoría parlamentaria de 36 escaños para una salida por la izquierda del cuatrienio negro del monaguismo, que es lo que se escenifica en el llamado «pacto de la Corrala» entre PSOE y Podemos, simbólicamente negociado en un edificio okupado en Mérida por el movimiento por el derecho a la vivienda, y por el que Podemos facilita la investidura de Fernández Vara aunque sin incorporarse a su gobierno, dando inicio a una legislatura cuyo desarrollo será, sin embargo, muy diferente al prefigurado por aquella escenificación. El PSOE empezará desde muy pronto a bascular entre ocasionales gestos sociales hacia Podemos, obsesionado por entonces con deslindarse de toda radicalidad izquierdista, y un sólido consenso de fondo en los grandes asuntos con el PP, interesado en un primer tiempo de legislatura en una oposición no demasiado ruidosa que permitiese olvidar su desastrosa experiencia de gobierno.

Con su exigua mayoría minoritaria blindada por la cautela y el imposible entendimiento entre sus adversarios a derecha e izquierda, Fernández Vara recupera los hábitos, remozados en las formas pero apenas distintos en el fondo, del ibarrismo. Su altisonante cruzada como líder de la oposición contra la pobreza y la exclusión social se reencauza en el gobierno hacia el más ponderado posibilismo. Dolorosamente consciente, tras la experiencia de la refinería, de la potente conciencia medioambiental de la región, lanza el huero señuelo de la denominada Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular a la vez que autoriza más de doscientas prospecciones mineras por toda la región y apoya la renovación del período de explotación de la central nuclear de Almaraz. Y cuando el malestar por el calamitoso estado del transporte ferroviario comienza a cobrar cuerpo en la sociedad extremeña tras las protestas de Milana Bonita y otros colectivos, lanza el Pacto por el Tren para encabezar la movilización, rentabilizarla y desactivarla políticamente, con rotundo éxito. A pesar de su breve descabalgamiento en la legislatura de Monago, el del PSOE extremeño sigue siendo un sólido aparato de partido con treinta años de experiencia de gobierno a las espaldas y profundísimas raíces en la sociedad civil, los poderes económicos y los operadores culturales de la región.

Podemos asiste a este fastuoso juego de triles atónito y además muy debilitado por una incesante hemorragia de purgas, vetos y abandonos ―primero entre los críticos con su línea oficial, después entre su mismo equipo dirigente, aparato burocrático e intelectuales afines―, y por una relación en general entre indiferente y problemática con los movimientos sociales y la cultura crítica de la región, también en clara bajamar tras las grandes movilizaciones de la legislatura anterior ―en parte por el natural desgaste del capital militante y en parte también por la abrasiva fricción que volvía a producirse entre política de movimiento y política institucional. En las elecciones generales de 2015 Podemos pasa de los 80.000 votos y consigue un escaño por Badajoz, que junto a los casi 20.000 de IU, suman un techo histórico de 100.000 electores a la izquierda del PSOE en la región; en 2016, ya coaligados, revalidan el escaño pacense, pero retroceden hasta los 80.000 votos y no logran traducir su avance institucional en términos de implantación territorial e influencia cultural. Los procesos de confluencia, cautelosamente manejados por las dirigencias y burocracias partidarias implicadas, tampoco tienen, ni en realidad parecen en ningún momento buscarlo, un efecto de cooperación y desborde entre lo institucional, lo social y lo cultural.

Como sucedió en las elecciones autonómicas de 2011 y 2015 con la oleada mundial de protestas progresistas contra el neoliberalismo en forma de 15-M y Podemos, también en las de 2019 reverberarán en Extremadura los ecos de las grandes transformaciones y disputas globales del momento, pero esta vez en una longitud de onda muy diferente. En 2017, las movilizaciones soberanistas del otoño catalán tuvieron un impacto palpable en la opinión pública extremeña. Como en el resto del país, el PSOE, Ciudadanos y el PP, compitiendo desaforadamente en chovinismo, alarmismo, mano dura y bandera grande, abrieron de par en par las puertas a Vox, y a través de Vox, a la vasta oleada autoritaria, machista, homófoba, xenófoba y oscurantista que, de Estados Unidos a la India, de Brasil a Italia, de Filipinas a Polonia, sacude el mundo, ya desde antes y sobre todo después de la elección de Trump en 2016, con la que Vox está ideológica y orgánicamente interconectada. Una «edad de la ira», como la ha denominado el historiador Pankaj Mishra, ante el desplome de las certezas y expectativas que sustentaban el orden económico, político y cultural neoliberal. Ya antes del gran mitin de Vox en Vistalegre se percibe un inusitado movimiento a la derecha del sistema político extremeño, animado por un puñado de dirigentes escindidos del sector duro del PP, para en el otoño desplegar una frenética actividad en todas las grandes ciudades, la mayoría de las medianas y muchos pequeños municipios de la región, que aún se redoblaría tras el espectacular resultado voxista en las elecciones autonómicas andaluzas y su acuerdo de colaboración legislativa con PP y Ciudadanos ―popularmente conocido como el «trifachito»― y la concentración de exaltación patriótica en la madrileña Plaza de Colón.

En esta convocatoria autonómica del 26 de mayo, Unidas Podemos podría recuperar parte del voto prestado al PSOE en las elecciones generales como dique frente a la ultraderecha

El anticipo de las elecciones generales al pasado 28 de abril permitió tomar una primera medida de la correlación de fuerzas vigente en el espacio político extremeño al cabo de todos estos cambios de escenario y reparto. La previsiblemente abultada victoria del PSOE (38%, frente al 28’7% de media estatal) fue sin embargo insuficiente para componer mayoría progresista junto a Unidas Podemos (9’5%, frente al 14’3% de media), que perdía un cuarto de sus electores y su escaño por Badajoz. El PP sufría un importante aunque comparativamente benigno descalabro (21’4%, frente al 16’7% de media), en favor de Ciudadanos (18%, frente al 15’9% de media) y Vox (10’8%, frente al 10’3% de media), que se cobraba en Badajoz su primer diputado extremeño en el Congreso y se convertía por 8.000 votos en cuarta fuerza política de la región. Tras una campaña de alta tensión marcada por la agresiva estrategia comunicativa y excepcional capacidad de convocatoria de Vox, los resultados del 28 de abril fueron recibidos con un alivio generalizado que en Extremadura solo pudo ser alivio a medias, porque aquí sí daban los números para una reedición del "trifachito" andaluz.

En esta convocatoria autonómica del 26 de mayo, Unidas Podemos podría recuperar parte del voto prestado al PSOE en las elecciones generales como dique frente a la ultraderecha, pero parece difícil que ninguno de los dos pueda movilizar más voto progresista del ya movilizado en una campaña tan intensa como la anterior. En el flanco derecho, el menor arraigo territorial de Ciudadanos y Vox podría devolver al PP parte del voto que este les cedió en las elecciones generales. El más leve desvaimiento en la participación del electorado de cualquiera de ambos bloques podría dar al otro una victoria por la mínima. Y aparentemente fracturada la alianza estatal de las tres derechas después su mal resultado en las elecciones generales, una tercera posibilidad, un gobierno autonómico de coalición entre el PSOE y Ciudadanos ―facilitado por la histórica beligerancia del PSOE extremeño contra los soberanismos periféricos y su activismo contra el proceso catalán― asoma también en el horizonte. En cualquier caso, la bancada parlamentaria de Unidas por Extremadura, entente apresuradamente cocinada en frío entre Podemos, IU, Extremeños y Equo ―que no se repite en algunos municipios, donde compiten entre sí partidos de la coalición o esta compite con entidades municipalistas progresistas locales, ni en las elecciones europeas, a las que Extremeños concurre en solitario―, que las expectativas más optimistas cifran entre los 8 y 10 escaños y las más pesimistas reducen a la mitad, y cuyo desigual arraigo territorial y anémica capacidad de movilización ha quedado reiteradamente en evidencia durante estas dos campañas electorales, tendrá que maniobrar en un margen muy estrecho, delimitado por su propia debilidad institucional y sociocultural y por la amenaza de consolidación neoliberal o involución conservadora. Tendrá ante sí, aunque en un contexto muy diferente, parecidas disyuntivas a las que ya enfrentase la izquierda extremeña, con resultados catastróficos, en 1995 y 2011, sin que en general la experiencia de esta legislatura que ahora concluye parezca indicarnos, más bien todo lo contrario, que hoy se esté en mejores condiciones éticas, intelectuales y políticas que entonces para resolverlas mejor. Sobrevivir a la previsiblemente tortuosa configuración del próximo ejecutivo autonómico sin provocar un nuevo trauma histórico y una nueva hemorragia de capital humano y político en la izquierda extremeña será el primer desafío para la muy frágil y contradictoria concertación de voluntades articulada en torno a Unidas por Extremadura. Y aún si tal cosa se consiguiese, la tarea de construir un bloque histórico antagonista extremeño, capaz de operar con eficacia inequívocamente fuera y contra el régimen del 83 y el sistema económico neoliberal al que este sirve de superestructura política, seguirá casi enteramente por hacer.