Extremadura
La Junta amenaza con expedientes a orientadores por no usar su coche

¿Se imagina que un médico, o médica, del SES tuviera que poner su propio vehículo para visitar a sus pacientes, algunos de los cuales están a más de 100 km del centro de salud donde trabaja?

Esto sucede con un conjunto de funcionarios y funcionarias de la Junta de Extremadura, el profesorado que integra los llamados EOEP, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de ambas provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz, integrados por profesionales de la Orientación (con la categoría de psicología o psicopedagogía), profesorado de Servicios a la Comunidad y otros perfiles pedagógicos, como son los especialistas en Audición y Lenguaje. Hartos y hartas de poner sus automóviles familiares para prestar un servicio de la Junta de Extremadura han dicho basta y han pedido una solución para no dejar de cumplir con su trabajo, que seguirán realizando con igual diligencia, pero atendiendo las demandas de los centros desde sus sedes, mediante vía telefónica o telemática en horario laboral. La Consejería de Educación, lejos de escuchar sus demandas, les acusa de tratar de hacer una huelga ilegal, les llama al orden y les amenaza con abrirles un expediente.

Desde que el estado español creara estos equipos, en 1992, y tras recibir la Junta de Extremadura en el 2000 las transferencias educativas, un proceso que culminó en el año 2005 con la sectorización de estos organismos, divididos en Equipos Generales (encargados de la educación infantil y primaria), de Atención Temprana (etapa de 0 a 3 años) y Específicos (alumnado con discapacidad auditiva y sensorial), sus miembros han recorrido las carreteras extremeñas al menos tres días a la semana, sin dejar de atender en ningún momento ninguna de las demandas recibidas desde los colegios públicos o centros privados-concertados, poniendo sus propios vehículos particulares al servicio de la administración pública en todo momento y bajo condiciones adversas en muchas ocasiones, ya fuera con tormentas o lluvias torrenciales, nieblas espesas o temperaturas extremas. Estos desplazamientos se realizan desde las sedes de los equipos, establecidas en determinadas localidades. En muchas ocasiones, como acontece con los equipos específicos, que son de carácter provincial, las visitas programadas se realizan a centros educativos que distan a más de 100 km de estas sedes, estando obligados a personarse en los centros para atender las citas a una hora determinada, a pesar del tráfico, las condiciones meteorológicas o condiciones de la carretera que se puedan encontrar en el viaje, que siempre es de ida y vuelta. Los riesgos laborales no están contemplados actualmente en este sector.

A pesar de las modificaciones realizadas, la situación de quienes componen los equipos sigue siendo hoy día la misma que cuando se institucionalizó este servicio educativo, hace ya más de un cuarto de siglo. Por el uso de sus vehículos familiares reciben una compensación económica de 26 céntimos el km recorrido, un precio establecido antes de la subida de los combustibles tras el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, y el coste de media dieta en caso de que el regreso al domicilio particular sea después de las 16:00 horas, una condición que difícilmente se cumple en el caso de aquellos equipos que prestan su atención entre las 9:00 y las 14:00 horas, horario escolar.

A este recorte se suma, según el comunicado hecho público por los miembros de los equipos de orientación de Extremadura, el ninguneo a que les somete la Consejería de Educación y Formación Profesional. El 28 de julio de 2025 representantes de los equipos de Cáceres y Badajoz se reunieron con el Director General de FP, Innovación e Inclusión Educativa y destacados miembros de la Secretaría General de Educación. Según escrito enviado al servicio de Inspección Educativa por los miembros de los EOEP, en aquella reunión se alcanzaron acuerdos verbales para llegar a la equiparación de estos equipos, que disponen de sede escolar propia, con la categoría de centros educativos, con su consecuente remuneración económica y equiparación en sueldo de los directores y directoras, cuyo complemento de destino es distinto y mucho menor al de un director o directora de centro público. También se llegó al acuerdo verbal de establecer un complemento específico para los trabajadores y trabajadoras de los EOEP, con el fin de mejorar su situación económica de modo que revirtiese en el gasto que les ocasiona el uso de sus vehículos particulares.

También se llegó al acuerdo verbal de establecer un complemento específico para los trabajadores y trabajadoras de los EOEP, con el fin de mejorar su situación económica...

Sin embargo, todo quedó en agua de borrajas: desde esa fecha y a pesar de que se ha solicitado por parte de los equipos una nueva reunión y se ha comunicado a la Consejería que en tanto no se les dé una respuesta seguirán atendiendo las demandas desde sus respectivas sedes educativas, mediante vía telefónica o telemática, pero sin desplazamientos a los centros, no se ha recibido ninguna respuesta conciliadora, ni parece que vaya a haberla. Más bien, tras las protestas hechas públicas por este sector de la educación, que viene contando con diversas concentraciones desde hace días, los equipos recibieron el pasado miércoles 30 de septiembre un correo de la Directora General de Innovación e Inclusión Educativa, Carmen Gómez Labrador, a través de la plataforma educativa Rayuela convocando para el viernes 9 de octubre a dos representantes de la provincia de Badajoz y otros dos de la de Cáceres.

En el correo se informa a los miembros de los equipos de que no existe convocatoria de huelga formal que ampare la no asistencia presencial a los centros, cuando entre las comunicaciones realizadas por tales equipos no se ha hablado en ningún momento de huelga. Al mismo tiempo se les advierte de un “posible incumplimiento de funciones”, informando que “si la Administración exige un desplazamiento como parte de las funciones del puesto, voluntariamente aceptado, y el trabajador se niega a realizarlo de forma unilateral sin secundar una huelga formal, la Consejería de Educación y Formación Profesional puede considerarlo un incumplimiento de los deberes profesionales o dejación de funciones”. “De acuerdo con el artículo 95 del TREBET (sic)”, concluye el correo de la Directora General Carmen Gómez Labrador, “se podría incurrir en una falta grave o muy grave”.

“De acuerdo con el artículo 95 del TREBET (sic)”, concluye el correo de la Directora General Carmen Gómez Labrador, “se podría incurrir en una falta grave o muy grave”

La Consejería alude, así, al RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (TREPEP, y no TREBET, como figura en el correo de la Directora General), para amenazar a este conjunto de trabajadores y trabajadoras que solicitan una reivindicación digna. Consultados diversos sindicatos, avalan con informes jurídicos existentes la postura de los miembros de los equipos si no quieren poner sus vehículos a disposición de la administración educativa, es decir, debe ser esta última la que implemente los medios necesarios para que estos trabajadores y trabajadoras de la educación puedan desarrollar su labor, sin obligarles a utilizar sus propios medios particulares.

La reivindicación y protesta de los miembros de los equipos ha recibido por el momento el apoyo de otros sectores de la educación, entre los que se encuentra la Asociación del Profesorado de Servicios a la Comunidad  de Extremadura (APSCEx), que también denunció en su momento que los nuevos Equipos de Orientación Educativa Específicos de Atención al Alumnado con Altas Capacidades nacen incompletos y con graves deficiencias, dado que no incluyen la figura profesional de este perfil, los profesores y profesoras de Servicios  a la Comunidad, necesarios para lograr una plena inclusión y facilitar en equipo el trabajo de los profesionales de la orientación en su relación con las familias.

A título personal diversos miembros de los equipos y otros trabajadores de la educación pública extremeña señalan la falta de tacto, comprensión y deseos de solución de la actual Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa de la Consejería de Educación y Formación Profesional, patente en el correo enviado, cuya intención se interpreta como un amago de amedrantamiento y de división. Por el momento, los casi 300 miembros de estos equipos se mantienen firmes en su postura y unidos ante lo que consideran una reivindicación no solo justa y digna, sino necesaria para mejorar la calidad de los servicios educativos de Extremadura.