Francia
Macron prohíbe manifestarse en decenas de ciudades para frenar la revuelta estudiantil

Hoy sábado, el movimiento social en Francia no podrá manifestarse legalmente en el “Acto II”, la cita para dar continuidad al estallido preinsurreccional del pasado 17 de octubre. En las grandes ciudades y en muchas de tamaño medio, los prefectos han prohibido “todas las manifestaciones, agrupamientos, desfiles, congregaciones o concentraciones reivindicativas en la vía pública”.

El presidente, Emmanuel Macron, ha justificado el veto a “todas aquellas convocadas por gente que carece de legitimidad para ello”. La prohibición la dictan los prefectos, delegados del Gobierno en cada departamento y con amplios poderes en Francia. Para las marchas que convoquen los sindicatos, el Ejecutivo propondrá recorridos alternativos.

Las marchas prohibidas de hoy medirán la fuerza del movimiento; en París, podrán manifestarse convocados por la CGT, pero bajo un fuerte dispositivo policial

Según los expertos consultados por El Salto, tanto la Constitución francesa como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconocen el derecho de manifestación, y “cualquier ciudadano, asociación o colectivo, constituido formalmente o de hecho, dispone de la capacidad jurídica para convocar una concentración”.

Ese derecho no regirá hoy en Lyon, Grenoble, Rouen, Perpignan, Marsella, Montpellier y muchas otras ciudades. En París, en cambio, la manifestación registrada por la Confederación General del Trabajo (CGT) saldrá a las 14:00 de la plaza de La Bastilla hacia la de la Nation, con autorización y un fuerte dispositivo policial. La secundan los colectivos estudiantiles de institutos y universidades, la Unión Sindical Solidaires y otras organizaciones de la Intersindical, y se espera multitudinaria. Queda por ver qué ocurre en las ciudades donde se ha prohibido manifestarse.

La revuelta nace en los institutos

A mediados de septiembre, el movimiento prendió en los institutos de Seine-Saint-Denis, uno de los departamentos más pobres de Francia y con más población joven. De ahí saltó a liceos de todo el país y, después, a universidades y escuelas superiores, muchas de ellas sin tradición de lucha, como la Universidad Paris-Panthéon-Assas, feudo conservador, el Instituto Católico de París o la escuela de negocios HEC Paris.

En octubre, este movimiento social –así se llama en Francia a los ciclos de movilización que encadenan bloqueos, ocupaciones, huelgas y manifestaciones masivas– desbordó los centros educativos. Su reivindicación principal son mejores condiciones para estudiar: un plan de inversiones contra el deterioro de los edificios y la falta de profesorado y de personal en la educación pública.

Los estudiantes exigen también el fin de Parcoursup, la plataforma digital que desde 2018 reparte a los bachilleres entre los estudios superiores y que, en la práctica, ha impuesto una selección para entrar en la universidad. Hasta entonces, cualquier titulado de bachillerato podía matricularse en la carrera que quisiera; solo las grandes escuelas y las formaciones técnicas seleccionaban a su alumnado.

La plataforma ha permitido no ampliar las plazas universitarias pese a que cada año llegan más bachilleres. La pirámide demográfica francesa alcanza su pico en quienes hoy tienen 16 años, la cohorte más numerosa en casi tres décadas. A la vez, el Ministerio de Educación mantiene el objetivo de que el 80% de cada generación obtenga el bachillerato, mientras el presupuesto de la enseñanza superior se estanca o incluso baja.

En lugar de construir universidades y contratar profesorado, los gobiernos macronistas han endurecido la selección para entrar en la universidad

En lugar de construir universidades y contratar profesorado, los gobiernos macronistas han endurecido la selección. El resultado es la angustia de las nuevas generaciones de estudiantes de secundaria, que cada vez se quedan más a menudo fuera de las carreras que eligen, sobre todo en los barrios populares, donde es más difícil entrar en las que tienen mejores salidas profesionales.

El 17 de octubre, el regreso de los chalecos amarillos

La convocatoria del 17 de octubre nació de llamamientos difusos en internet, poco antes de que se movilizaran los institutos de Seine-Saint-Denis. Su motivo era la pérdida de poder adquisitivo por la moderación salarial y la subida de los precios, sobre todo de la gasolina y el gasóleo, que ya han llegado a 2,40 euros el litro.

Aquellos llamamientos pedían el regreso de los chalecos amarillos, el movimiento popular, heterogéneo y autoorganizado que estalló a finales de 2018 por la subida del gasóleo hasta 1,40 euros el litro.

La multitud llegada de los barrios populares corea “¡Aquí estamos, aunque Macron no lo quiera, nosotros aquí estamos por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor!”

El movimiento estudiantil hizo suya la fecha. Junto a chalecos amarillos “históricos”, muchos jóvenes salieron a la calle con esa prenda, de fuerte carga simbólica en la lucha social francesa. Se vio sobre todo en la multitud llegada de los barrios populares, que coreaba los cánticos de entonces: “¡Aquí estamos, aunque Macron no lo quiera, nosotros aquí estamos por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor!”.

Detenciones masivas y estudiantes mutilados

La represión contra el alumnado de secundaria ya era brutal antes del 17 de octubre, con cerca de 8.000 detenciones solo en las dos primeras semanas del mes. A ello se suma la muerte por parada cardiaca de Christophe M., trabajador intermitente del espectáculo de 59 años que, según su abogado, no tenía problemas de salud. Solo el 17 de octubre hubo 2.500 arrestos, la gran mayoría sin pruebas ni cargos, y a lo largo de la semana la cifra oficial subió hasta 2.700.

El miércoles, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció que más de 900 detenidos serían juzgados “en comparecencia inmediata”, el juicio rápido francés, y que 174 ya estaban en prisión. Macron, por su parte, compareció el lunes ante los medios sin más anuncio que el de nuevas medidas represivas, entre ellas la posibilidad de prohibir manifestaciones, que se ha concretado esta semana.

La represión ha causado heridos y al menos cuatro estudiantes de secundaria mutilados. Uno de los vídeos más difundidos, que ha desatado una indignación generalizada, muestra a un joven con la mandíbula y los dientes rotos por un disparo directo a la cabeza a menos de dos metros. Ha habido también ojos perdidos por pelotazos de los antidisturbios y una mano arrancada por una granada aturdidora.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha defendido esta violencia contra jóvenes, en su mayoría menores: “No hay ninguna consigna de contención y, de hecho, tampoco hay consigna alguna para no utilizar todo el armamento intermedio a disposición de las fuerzas de seguridad interior”.

El Gobierno asocia las protestas estudiantiles con la violencia urbana para tratar el movimiento como un problema de orden público

Desde el principio, el Gobierno asocia las protestas de los y las estudiantes de secundaria con la violencia urbana y los motines para justificar que el movimiento se trate como un problema de orden público, cuya solución corresponde a la policía. A las personas jóvenes mutiladas no les ha dedicado ni una palabra ni una medida. Esta violencia desmedida ha llevado a familias y profesorado a sumarse a las movilizaciones para proteger a sus hijas, hijos y alumnado.

Diez años de revueltas contra Macron

Se cumplen casi diez años de macronismo, una década de inestabilidad institucional y de fuerte contestación social a un neoliberalismo de manual que parece no ver que el mundo cambia y que un periodo histórico se acaba.

Los chalecos amarillos ocuparon las rotondas de toda Francia durante el curso 2018-2019 y tomaron cada sábado las grandes ciudades sin declarar las manifestaciones, hasta paralizar sus centros históricos.

En 2023 hubo 14 jornadas de huelga general contra la reforma de las pensiones. Como Macron no tenía mayoría en la Asamblea, el Gobierno renunció a someterla a votación y la sacó adelante con un insólito rodillo gubernamental. Ese mismo año, la muerte de Nahel Merzouk, un joven de 17 años abatido por un policía en Nanterre, desató revueltas en numerosas ciudades.

En 2024 estallaron las protestas de Nueva Caledonia-Kanaky contra la reforma del censo electoral, y en otros territorios de ultramar las movilizaciones “contra la vida cara” duraron meses. Ese año Macron disolvió por sorpresa la Asamblea Nacional, lo que obligó a las izquierdas a unirse a toda prisa. El Nuevo Frente Popular fue la primera fuerza en las legislativas y relegó a la extrema derecha a la tercera posición, pero Macron mantuvo a los suyos en el Gobierno gracias a su alianza con Los Republicanos, la derecha tradicional, cada vez más escorada.

Pese a su extrema debilidad y a la crisis de régimen, Macron ha seguido concediendo ayudas públicas a las grandes empresas y regalos fiscales a los oligarcas del país, y presentando presupuestos con recortes de más de 50.000 millones, como los actuales. Lo ha hecho sin mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, gracias a sus aliados.

Mientras, los accionistas de las grandes empresas se reparten dividendos récord y el paro lleva cuatro años subiendo; entre la juventud trabajadora supera ya el 20%. El poder adquisitivo de las familias cae año tras año por la moderación salarial, los recortes en prestaciones sociales y las subidas de precios que provocan la inestabilidad internacional, las guerras y los conflictos comerciales.

Las movilizaciones se autoorganizan cada vez más, aunque los sindicatos conservan su capacidad para impulsarlas y darles cobertura

Autoorganización y apoyo sindical

En este contexto, las movilizaciones actuales, de las más importantes de las últimas décadas, se autoorganizan cada vez más. Es algo habitual en un país con una de las tasas de afiliación sindical más bajas de Europa, aunque sus sindicatos conservan una gran capacidad para impulsar las protestas y darles cobertura legal y reivindicativa.

Solidaires secunda de forma constante las manifestaciones convocadas por la juventud o a través de las redes sociales, y la CGT lo hace “cuando las condiciones locales lo permitan”. Aun así, los medios y los partidos, desde el extremo centro hasta la derecha neofascista, ocultan las reivindicaciones y el carácter popular de la movilización. Solo hablan de robos y actos violentos, para desacreditar al movimiento y reprimirlo mejor.

Samuel Hayat afirma en mediapart que “mientras esta juventud en rebelión continúe con este levantamiento, hará valer su pretensión de ser el pueblo que construye la historia, que hace las revoluciones”

Según el politólogo Samuel Hayat en Mediapart, las causas de este momento prerrevolucionario están en la represión de las manifestaciones estudiantiles y del estallido del 17 de octubre, “que ha provocado la mayor cantidad de detenciones desde el terrible 17 de octubre de 1961”. Aquel día, la policía mató en París a centenares de argelinos que se manifestaban convocados por el Frente de Liberación Nacional.

A ello suma Hayat “la incapacidad del Gobierno para dar la más mínima muestra de escucha o de cambio en sus políticas”, el desprecio hacia unos manifestantes a los que se presenta como “manipulados por La Francia Insumisa” y “la perspectiva de que una extrema derecha detestada por gran parte de la juventud llegue al poder”. Pero, concluye, “mientras esta juventud en rebelión continúe con este levantamiento, hará valer su pretensión de ser el pueblo que construye la historia, que hace las revoluciones”.