Frontera sur
Violencia administrativa, la otra frontera que espera a las personas migrantes en Ceuta, Melilla y Canarias

Las organizaciones No Name Kitchen, Solidarity Wheels y el Taller Frontera-Sur presentan un informe que documenta las barreras burocráticas con las que se vulneran los derechos de las personas migrantes en los distintos puntos de la Frontera Sur
pancarta Ceuta
Acción de jóvenes migrantes en Ceuta Kike Castro
13 jun 2024 11:32

En la frontera suroccidental de Europa, que recorre las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, así como las Islas Canarias, tras las vallas y el océano, esperan otras barreras a las personas migrantes, muros que a veces parecen insalvables. Se trata de fronteras burocráticas, levantadas por la administración pública sobre normativas como la Ley de Extranjería, pero también sobre la no aplicación de la normativa, o la denegación de derechos comprendidos en el marco legal. 

Las organizaciones Solidarity Wheels (Melilla), No Name Kitchen (Ceuta), El taller- Frontera Sur (Gran Canaria) llevan años en la primera línea de la frontera, documentando las vulneraciones de derechos humanos que sufren quienes llegan a territorio español tras sortear múltiples desafíos y arriesgar su vida, y se encuentran con unas administraciones que ejercen violencia administrativa contra ellos. 

Es a través de la construcción de relaciones de confianza y la conversación con las personas afectadas que estos tres colectivos, en alianza, ha configurado el informe Burorrepresión en la frontera sur de Europa. Violencia administrativa contra las personas migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla, en el que se recogen numerosos testimonios de personas migrantes que dan fe de prácticas similares en los tres territorios, en lo que las organizaciones califican como una burorrepresión sistemática ejercida en los espacios de no-derecho que ha devenido la frontera. Hoy 13 y mañana 14 de junio estarán presentando sus conclusiones en Gran Canaria.

Entre el primero de los derechos vulnerados, las organizaciones han detectado la falta de acceso a información sobre la propia situación, un mal que atraviesa todos los estadios del proceso migratorio

Entre el primero de los derechos vulnerados, las organizaciones han detectado la falta de acceso a información sobre la propia situación, un mal que atraviesa todos los estadios del proceso migratorio. En el informe se apunta a que el Estado subcontrata o terceriza su obligación de facilitar información a las personas migrantes, eludiendo sus responsabilidades. Las personas migrantes acaban conociendo sus derechos “sobre la marcha”, como explica uno de los testimonios, recabando información de la conversación con otros migrantes, a fuerza de preguntar y preguntar, o gracias a la labor de colectivos y redes solidarias. 

“Al final tú preguntas una y muchas veces por tus papeles, por trabajar, por todo y yo hasta casi el final no tuve clara ninguna respuesta”, narra en el informe un joven marroquí, en un testimonio que muestra cómo la falta de información se interrelaciona con una segunda vulneración de derecho, el de obtener la documentación necesaria para acceder al resto de derechos.

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El desamparo espera a quienes consiguen llegar a Europa, tras sortear sus blindadas fronteras, en una Europa que avanza hacia la normalización de su vertiente más restrictiva, a través del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La información confusa, y absoluta incertidumbre respecto a los trámites necesarios para regularizar la propia situación a nivel administrativo “sitúa a las personas migrantes, especialmente a los y las menores de edad, como sujetos pasivos de su proceso, asentando una óptica victimizadora que niega su agencia”, explican las organizaciones. 

El derecho a la información, apuntan, está asimismo afectado por otro de los derechos vulnerados, el de contar con asistencia letrada y un intérprete. “Los documentos que firmaba estaban en español. No había traductor. Sólo estaba allí para confirmar que había entrado en Europa. Me limité a firmar, no miré la lectura y luego les devolví el papel”, reporta un joven de Liberia en el informe. El informe denuncia la arbitrariedad en la asignación de intérpretes, con situaciones dispares. Además, se destaca la falta de estos profesionales en idiomas que no sean francés, inglés o árabe, sobre todo en Ceuta y Melilla, lo que deja a muchas personas sin la posibilidad de recibir la información en su lengua. La misma arbitrariedad, señalan, se da en la asignación de asistencia legal, según reflejan los testimonios recabados. 

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En 2023, 2.000 personas pasaron una media de 30 días en los CIE. El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia un año más las vulneraciones de derechos humanos que sufren estas personas encerradas por encontrarse en situación administrativa irregular.

Volviendo a la vulneración del derecho a la información, llama la atención de las organizaciones el amplio desconocimiento sobre la protección internacional, y en particular que muchas personas, aún no siendo ajenas a la existencia del asilo, no saben que podrían solicitarlo. Casi nueve de cada diez solicitantes de asilo participantes en la investigación, ignoraban que podían recurrir a la protección internacional antes de su llegada. 

Esta falta de conocimiento previo de la protección internacional se topa además, con unas entrevistas de asilo, paso determinante en el proceso, frente a las que las personas preguntadas manifiestan un alto grado de insatisfacción por diversos motivos, relativos en gran medida a esta falta de información tanto del proceso como del derecho. Además, su realización en espacios en los que no se sienten seguras, la superficialidad de la entrevista, o las deficiencias en la interpretación se suman a las críticas manifestadas por los solicitantes de asilo. “No nos han leído nuestros derechos. En mi caso duró siete minutos la entrevista, simplemente me preguntaron por qué quería solicitar asilo, si volvía a mi país qué me pasaría y cuál era mi objetivo de llegar a Europa”, resume el testimonio de otro joven marroquí recogido en el informe. 

Una acogida precaria

La falta de planificación en la política de acogida dificulta atender a las personas que llegan a los tres territorios de una manera acorde al cumplimiento de sus derechos humanos, generando situaciones de embudo, por una escasa coordinación entre los puntos de llegada de las personas migrantes, y el resto de las comunidades autónomas. El informe también señala cómo el aislamiento de los centros de acogida, situados en espacios alejados de los núcleos de población refuerza la segregación de las personas migrantes, una tendencia que el Pacto Europeo de Migración y Asilo avala e intensifica. 

“Para mí no estar empadronada ha sido no tener ningún derecho y moverme en círculos en Ceuta”

Aparte del aislamiento físico, la exclusión administrativa empieza con las dificultades para empadronarse. Esta documentación a la que toda persona presente en el territorio tiene derecho, es fundamental para acceder a los principales servicios públicos, además de una pieza esencial para la regularización. “Para mí no estar empadronada ha sido no tener ningún derecho y moverme en círculos en Ceuta”, recoge un testimonio del informe: en ambas ciudades autónomas el acceso al empadronamiento está lleno de obstáculos. En Canarias, las personas entrevistadas apuntan a la diversidad de criterios en la documentación requerida. 

En esta acogida precaria, con la incertidumbre acechando y la falta de información sobre su suerte, no resulta fácil reclamar que se cumplan los propios derechos a denunciar las vulneraciones que se sufren. Esto, recuerdan en el informe, no ha sido óbice para que repetidas veces las personas migrantes se organizasen en los distintos puntos de la frontera sur, para defender sus derechos. 

Pero muchas veces estas denuncias vienen con represalias, el informe recopila casos en los que se impide denunciar agresiones a las personas migrantes en los centros, amenazándolos con la deportación, o en los que son los guardias de seguridad de las empresas contratadas por la administración los que maltratan a las personas migrantes en los centros. 

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Tal como plantean su trabajo los colectivos involucrados en el informe, el trabajo se dedica en gran medida a recoger directamente la voz de las personas afectadas, a quienes preguntan qué le dirían a las instituciones. El deseo de tener una vida como la de cualquier otra persona, poder trabajar y prosperar, no verse devuelto a su país con las manos vacías, se encuentra en muchos de estos testimonios expresado de diversas maneras. 

“Que me dejen hacer algo. Que no digan a todo que no. Yo no puedo volver así. Yo aquí estoy haciendo las cosas bien, yo sé hacer cosas, que me dejen hacer algo, lo que sea, pero algo”, sintetiza un joven saharaui la impotencia ante las fronteras burocráticas. “No sois justos como pretendéis. Pretendéis ‘somos justos, tenemos justicia, tenemos . . . ’ No, no tenéis nada”, expresa su frustración un chico sirio.

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