Fronteras
Túnez endurece la represión contra las ONG de ayuda a las personas migrantes

Además de Saïd, fundador de la ONG “Niños de la luna”, también se encuentran bajo investigación el secretario general de la entidad, el tesorero, y dos empleados de un banco con el que colaboraban. En el caso de Said, no hay ninguna duda de que su detención está directamente relacionada con la ayuda a personas migrantes, aunque en sus inicios su fundación se dedicaba solo a ayudar a los niños que padecen xerodermia pigmentosa, una enfermedad cutánea grave y muy poco común. “Said tenía una buena relación con las autoridades, y nunca se metía en política”, apostilla Ben Amour.

“El régimen tiene en su punto de mira todas las ONGs que han recibido financiación exterior y trabajan en la cuestión migratoria”, sostiene un cooperante que prefiere guardar el anonimato por miedo a represalias. El pistoletazo de salida de esta caza de brujas tuvo lugar en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del pasado 6 de mayo. Entonces, el presidente Said utilizó palabras gruesas como “traidores” o “mercenarios” para referirse a las asociaciones solidarias, a las que acusó de “recibir sumas astronómicas del extranjero… para implantar africanos en Túnez”. En cuestión de horas, empezaron los arrestos.

Este discurso del presidente encaja con el que pronunció en febrero del 2023, cuando se refirió a la existencia de “un plan criminal” para cambiar la “composición demográfica de Túnez” y reemplazar a su población árabe y musulmana por “hordas” de migrantes subsaharianos negros, una idea inspirada en la teoría del “gran reemplazo” de la extrema derecha europea.

En mayo, la policía arrestó a varios responsables de tres ONG conocidas por sus labores de solidaridad con personas migrantes. Seis, incluidos la expresidenta de la ONG francesa Terre d'Asile, Sherifa Riahi, la activista antirracista de Mnemty, Saadia Mosbah. Además, otras decenas de personas fueron imputadas o interrogadas por la policía, la mayoría por haber trabajado o colaborado con estas ONG. Entre ellos, figuran funcionarios municipales, un exalcalde, trabajadores de ONG e incluso propietarios de hoteles que alojaban a refugiados.

Según fuentes cercanas al proceso, que se encuentra en fase de instrucción, las acusaciones son asociación con malhechores para ayudar a entrar a personas extranjeras ilegalmente en el país y blanqueo de dinero. Entre sus familiares, está la convicción de que son acusaciones completamente fabricadas. Por el momento, los locales de las tres asociaciones mencionadas han sido selladas y sus cuentas bancarias congeladas, por lo que ha cesado su actividad.

Aunque la cifra de refugiados y personas migrantes en el país magrebí es muy pequeña —unas 70.000 personas sobre un total de 12 millones de habitantes—, la cuestión migratoria ha entrado con fuerza en la agenda política. El pasado verano, tras un pico de comentarios racistas en las redes, las autoridades deportaron a cientos de migrantes y refugiados subsaharianos a una zona fronteriza con Libia. Atrapados en el suelo de nadie, al menos una veintena murieron de sed. Sin embargo, en aquel momento, el Estado negó haber realizado este tipo de prácticas. Fue tan solo en la citada reunión del Consejo de Seguridad Nacional que el propio presidente Said lo reconoció públicamente.

“Como consecuencia de estas medidas contra las ONGs, los migrantes han quedado aislados, privados de ayuda de cualquier institución. Quienes lo hacían, ahora están aterrorizados”, comenta Ben Amour. Túnez no cuenta con un sistema público para el reconocimiento y la acogida de refugiados, por lo que esta labor quedaba en manos de ACNUR. La agencia de la ONU subcontrataba a menudo al Consejo Tunecino para los Refugiados, una de las asociaciones víctimas de la campaña de represión y que ha cesado su actividad. Ahora, la única opción que ofrecen las organizaciones internacionales, esta sí apoyada por el régimen, es el “retorno voluntario” a través de la Organización Internacional de las Migraciones.

El año pasado se creó una red informal de activistas que prestaban ayuda a las personas migrantes de forma clandestina, “todavía continuamos con el trabajo, pero hemos reducido nuestras actividades”, reconoce un miembro del grupo. Esta ola represiva ha contado con el silencio cómplice de la delegación de la UE en el país magrebí. En verano, y tan solo después de recibir fuertes críticas, se limitó a emitir un comunicado en el que deploraba “las detenciones de figuras de la sociedad civil, periodistas y políticos”. “La política de criminalización está en línea con la de Georgia Meloni y la extrema derecha. A la UE ya le va bien”, remacha Ben Amour.

El presidente Said, un político populista y conservador, fue elegido en las urnas en 2019, pero dos años después, dio una especie de “autogolpe” y se arrogó plenos poderes. Desde entonces, el país experimenta una deriva autoritaria. El primer blanco de la represión fueron los partidos de la oposición, y unos 30 líderes políticos ya hace unos dos años que se hallan entre rejas. Después, fue el turno de la sociedad civil, incluidos periodistas e incluso el otrora poderoso sindicato UGTT. “En los últimos tres años, más de una docena de sindicalistas han sido detenidos. Ahora, solo uno permanece en la cárcel, pero el resto tienen juicios pendientes. Y me temo que la lista se ampliará”, augura Sami Tahri, Secretario General adjunto de la UGTT, que prevé un 2025 “caliente” de movilizaciones sociales.