Migración
Meloni marca la agenda política migratoria de la UE

La firma de un acuerdo sobre migración con Túnez y la organización de la Conferencia Internacional de Migraciones y Desarrollo son dos de los hitos de una apuesta que habla de crisis y urgencia para legitimar violaciones de los derechos humanos.
Von Der Leyen Meloni Tunez
Von Der Leyen y Meloni en visita oficial de la UE a Túnez.
1 ago 2023 06:34

El pasado 26 de julio los 27 países de la Unión Europea suspendieron la negociación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.  Las partes no consiguieron llegar a un acuerdo respecto a los procedimientos en el marco de las denominadas “crisis migratorias”, a pesar de los intentos de la Presidencia Española para llegar a un consenso Polonia, Hungría, la República Checa y Austria se mostraron en contra de la propuesta, mientras que Alemania, Eslovaquia y los Países Bajos se abstuvieron.

Las negociaciones debían de cerrar un documento en base al pacto alcanzado el 8 de junio por los ministros de interior de 21 estados miembros en el que profundiza en el modelo de “solidaridad a la carta”, que implica la reubicación de migrantes en países distintos a aquel en el que solicitaron asilo, o, en caso no querer aceptar persones migrantes, el pago de una compensación de 20.000€ por cada personas migrante rechazada. El pacto también incluye otras novedades que han sido repetidamente criticadas por las organizaciones:  el endurecimiento de las condiciones de asilo o la posibilidad de retener a las personas solicitantes más tiempo mientras dure el procedimiento. 

El pacto del pasado mes de junio, bajo el nombre de Regulación del Procedimiento de Asilo, tenía como objetivo explícito homogeneizar los procesos de asilo en todo el territorio europeo, estandarizando su duración, mientras se unifican las garantías de respeto a los derechos de las personas solicitantes de asilo. La regulación también asienta criterios comunes sobre la obligación del solicitante de asilo de cooperar con las autoridades para “prevenir abusos” del sistema.

Migración
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En septiembre o más adelante seguirá el debate sobre esta nueva legislación, que vendría a sustituir al reglamento de Dublín —que data del 2013— recortando los tiempos y facilitando los procesos de retorno. El reglamento citado, obliga a los solicitantes a permanecer en el primer país de llegada: el acuerdo alcanzado en junio reorganiza los plazos que rigen la responsabilidad de cada estado sobre cada solicitante de asilo.  Así el país de entrada será responsable durante los dos años posteriores a la solicitud. Cuando un estado quiera aplicar el retorno de un solicitante de asilo que ha dejado el país de entrada, y la persona se escapa, pasados los tres años la responsabilidad de este solicitante pasará a corresponder al país donde se encuentra la persona migrante. Si el estado rechaza un solicitante en un procedimiento en la frontera, será responsable de esta persona durante 15 meses en caso de que vuelva a solicitar asilo. 

Expuestos los acuerdos alcanzados en junio, los desencuentros tienen que ver con dos cuestiones: las normas a aplicar en caso de crisis migratoria, y la definición misma de qué supondría una crisis de este tipo. En torno a esta tensión se han articulado dos ejes, uno formado por los países de llegada, como son España e Italia, defensores de la reubicación de migrantes en caso de “emergencia migratoria”, y los países del Norte, que se resisten, aunque no tanto como los del este. Desde los países del Sur europeo también se propone suspender el Reglamento de Dublín cuando el país de llegada esté en situación de crisis.

Durante la semana pasada los países estuvieron haciendo números, regateando las cifras que suponen una crisis, o los meses que cada país es responsable de un solicitante de asilo... en este sentido, la presidencia española, a la que ha correspondido supervisar las conversaciones, intentaba conseguir el consenso de los países nórdicos, que finalmente no cedieron. La propuesta de España permitía mantener a los solicitantes de asilo en centros en la frontera durante más tiempo, y rebajar los estándares del alojamiento durante las crisis, según informaba la agencia DPA. Ya el pacto implicaría la creación de centros de procedimientos en frontera para analizar las solicitudes de asilo. Las organizaciones alertan de que espacios como las Islas Canarias, o Ceuta y Melilla, podrían albergar este tipo de centros.

En las conversaciones fallidas de la semana pasada, los países del Este insistieron en la necesidad de considerar como crisis migratorias a las situaciones en las que terceros estados utilizan la llegada de migrantes para dar batallas políticas, apuntaban, tomando como antecedente Bielorrusia

Alemania, por su parte, habría dado un golpe en la mesa, manteniéndose firme contra la suspensión del reglamento de Dublín en las denominadas crisis migratorias, al tiempo que demandó que menores y sus familias fueran exentas de los controles de frontera, según informaba un diplomático participante en las negociaciones al medio Político. Este país se mostraría también contrario a la propuesta de rebajar los mínimos en los procedimientos de asilo en situación de crisis, alertando que esto podría redundar en violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes. El bloque del norte mostró por otro lado su desacuerdo frente a la posibilidad de que en las denominadas situaciones de “crisis” en los países de llegada, se interrumpan los controles migratorios estrictos. Mientras, el discurso más beligerante lo mantuvieron los países del Este. Desde este bloque se insistió en la necesidad de considerar también como crisis las situaciones en las que terceros estados utilizan la llegada de migrantes, para dar batallas políticas, tomando como antecedente Bielorrusia. El eje de Visegrado también pidió medidas más estrictas en caso de crisis migratorias.

Más allá de los reclamos del ala dura representada por países como Polonia o Hungría, el endurecimiento de los procesos ya forma parte del pacto alcanzado en junio, cuyos detalles deberán de seguir siendo negociados a la vuelta del receso estivo o, en todo caso, antes de las elecciones del Europarlamento en junio de 2024. En esa fecha también, tras la presidencia europea de España y Bélgica, le tocaría el turno a Hungría, abriéndose un marco aún menos favorable para los derechos de las personas migrantes.  Ya en el primer acuerdo del 8 de junio, se exigía a los países del Sur ser más estrictos con los procedimientos de asilo en frontera con aquellas personas que no serán aceptadas, dotándoles de un mayor margen de maniobra para proceder a la devolución de las personas solicitantes de asilo rechazadas. 

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El conflicto en torno a la cuestión migratoria, no se rige solo por cuestiones geográficas, entre el sur y el norte sino que enfrente a los distintos poderes de la UE. En el Parlamento Europeo, los debates migratorios están muy polarizados dada las distintas miradas que se pueden encontrar sobre las fronteras.  Por su parte, en la Comisión Europea y entre los ejecutivos de los países miembros, la realpolitik se impone. Muestra de esta tensión se manifestó tras el naufragio de una embarcación el 14 de junio en aguas griegas, en el que cientos de personas perecieron. A raíz de la catástrofe en el Parlamento se debatió la creación de un cuerpo de rescate europeo, una posibilidad que la Comisión Europa no considera.

Por otro lado desde la sociedad civil y los colectivos en defensa de los derechos de las personas migrantes cunde la preocupación por lo que puede implicar este eventual Pacto Europeo de Migración y Asilo. En el estado español, un grupo de organizaciones firmaron en junio una petición en la que alertan de que, tal como se conciben estas negociaciones sale reforzado “un sistema  migratorio basado en la disuasión, en el control y en la devolución de las personas migrantes y refugiadas que consiguen llegar a las fronteras europeas poniendo en grave riesgo su vida, su seguridad y su dignidad”. Y reclaman otro enfoque muy distinto al que las propuestas perfilan: el establecimiento de Vías Legales y Seguras “que garanticen una acogida digna de las personas que migran, y que contengan una perspectiva de infancia y de género que proteja especialmente a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad”.

En su documento las organizaciones muestras sus resistencias, principalmente, frente al reglamento sobre crisis cuyo consenso ha debido posponerse, y alerta contra la posibilidad de suspender mecanismos fundamentales para la garantía de derechos, en las llamadas situaciones de crisis que estarían marcadas por la llegada “masiva de migrantes” (re-redacta esto) Las organizaciones llamaban en su petición a España desde la presidencia a defender el respeto de los derechos humanos en las fronteras, blindar “el cumplimiento de la legislación internacional marítima para evitar nuevos naufragios” y el establecimiento de vías legales y seguras, una petición fundamental desde los colectivos que no parece entrar nunca en una agenda europea que cada vez se adentra más en los postulados de la derecha. 

La amenaza que deshumaniza

La agenda migratoria es uno de los principales activos políticos de la derecha en Italia, que viene agitando en los últimos años el fantasma de una crisis migratoria inmanejable ante la que aplicar mano dura, como ya hiciera la Lega de Salvini, y como hace la actual primera ministra italiana, líder de Fratelli di Italia. Mientras los elementos más a la derecha del gobierno llegan a hablar hasta del gran reemplazo —como hiciera el ministro de agricultura Francesco Lollobrigida conectando con las tesis más nacionalistas de la derecha—, la primera ministra ha adoptado el marco de la crisis. Esta ha sido la narrativa subyacente a la declaración del estado de emergencia, del pasado abril, o del decreto Cutro, que restringe los movimientos de los barcos de rescate de la sociedad civil, o de las últimas negociaciones fallidas en el seno de la UE. 

El marco de la crisis, abrazado por la Unión Europea, permite la excepcionalidad en la aplicación de los estándares de derechos humanos. La buena sintonía entre la presidenta de la UE, Ursula Von der Leyen y la primera ministra italiana, que ya se reunieron en enero para discutir de políticas migratorias, marca un año que sigue con el acercamiento de posturas con España, en el encuentro con Pedro Sánchez del pasado abril, y continúa con la imagen de nuevo de Von der Leyen, Meloni y Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos en funciones, firmando un memorando de entendimiento con Túnez, a principios de junio, tras meses de violencia contra la población negra en Sfax, alentada por las declaraciones racistas del presidente tunecino Kais Sayed, que como Lollobrigida, alertaba contra el gran reemplazo, es decir, contra la presunta amenaza de un cambio demográfico en el país magrebí. Los cuerpos encontrados en la frontera con Libia, o las múltiples imágenes de fuerzas de seguridad tunecinas abandonando a personas negras en los confines con este país y con Argelia, sin agua y sin comida, no disuadieron al trío de mandatarios europeos para viajar una segunda vez el 14 de julio al país y avanzar en unos acuerdos cuya opacidad ha sido denunciada por múltiples organizaciones. 

La conferencia internacional sobre migración y desarrollo auspiciada por Meloni el pasado 23 de julio ha sido definida como “una etapa más en la estrategia de externalizar el control de las fronteras exteriores de Europa a terceros países”

Una semana después de la firma del acuerdo, el pasado 23 de julio, Meloni acogía en Roma la Conferencia Internacional sobre Migración y Desarrollo. Al encuentro auspiciado por la ultraderechista acudieron la presidenta de la Comisión Europea y el del Consejo Europeo, junto a los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores de la región mediterránea. También estuvieron presentes dirigentes de las principales instituciones financieras internacionales.

Una cita que ha sido definida como “una etapa más en la estrategia de externalizar el control de las fronteras exteriores de Europa a terceros países”, según denunciaba un comunicado de Médicos sin Fronteras. El ejecutivo italiano promueve esta externalización bajo una pátina de ayuda al desarrollo en el marco del Plan Mattei, un programa de inversiones dirigido a los estados de origen de las personas migrantes, y también a los países de tránsito. 

Las fronteras externalizadas arden

Mientras los mandatarios negociaban los fondos dedicados a la externalización —la UE se comprometió con Túnez a conceder un paquete macrofinanciero de 900 millones de euros, incluidos 105 millones para la gestión de fronteras, búsqueda y salvamento, lucha contra el contrabando y retornos—  las imágenes de abandono en la frontera siguen sucediéndose provocando indignación a nivel internacional. En este marco, la  comisaria de Interior de la UE alegó la próxima firma con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de un acuerdo de financiación para el apoyo y atención de los migrantes abandonados en el desierto. 

La organización Euromed Rights, denunciaba el pasado 14 de julio el objetivo europeo de convertir a Túnez en un “guardia de frontera, responsable de contener a la migración ‘indeseable’, y mantenerla tan lejos del territorio europeo como sea posible”. Un acuerdo favorecido, argumentaban, por la profunda crisis económica en el país, y que ignora el trato que han recibido por parte de las autoridades tunecinas las personas negras en tránsito o residentes en el país. “Denunciamos en los términos más contundentes la presión ejercida por la Unión Europea sobre Túnez en el contexto de una cooperación desigual y negociada con el propósito de imponer sus políticas de inmigración y asilo ultrasecuritarias a este país mediterráneo, desafiando la legislación internacional y los derechos de los refugiados”, enfatizaban desde la organización de derechos humanos.

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La situación con Túnez, recuerda al acuerdo que se firmó con Turquía en 2015, para impedir que los solicitantes de asilo llegasen a Europa. Años después el bloqueo de miles de refugiados, principalmente sirios en el país, ha alimentado la animadversión frente a este colectivo, convirtiéndose en una cuestión fundamental de la disputa política, por ejemplo en las pasadas elecciones de junio. En Libia, los años de denuncia de las vulneraciones de derechos humanos que se dan en el país en su afán de retener a las personas migrantes a cambio del dinero europeo, no han sido suficientes para transformar la situación, generándose toda una industria en torno al tráfico y secuestro de las personas migrantes. Por último, mientras Marruecos se jactaba en la cumbre celebrada en Italia de su respeto por los derechos de las personas migrantes, son numerosas las evidencias del maltrato, violencia y persecución que sufre la población migrante que transita su territorio, tal y como pudo verse el 24J en Melilla.

Por otro lado los factores de expulsión de población no paran de incrementarse, la vuelta de los talibanes en Afganistán, la guerra iniciada en Sudán hace algo más de 100 días, la inestabilidad en el Sahel: con un golpe de estado más, esta vez en Níger, el pasado fin de semana, o la inestabilidad sin precedentes en Senegal, no hacen presagiar que se aminore la necesidad de las personas de buscar refugio o un futuro, aún arriesgando su vida cada vez más, con unos países de la cuenca sur del Mediterráneo financiados con la misión de retenerlas a toda costa. Mientras, en la frontera occidental de Europa, un Reino Unido que rompió con la de la UE aludiendo, entre otros, argumentos antiinmigración, marca vanguardia: desde el envío de solicitantes de asilo a Ruanda a su política de mano dura contra las embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha. Política que incluye el uso del barco Bibby Stockholm, una mole que albergará en el mar a 500 solicitantes de asilo mientras dure su proceso de solicitud, y que forma parte, junto al endurecimiento de la ley migratoria, de una estrategia contra solicitantes de asilo y migrantes que ha centrado el debate en la agenda pública durante los últimos meses.

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