Galicia
El gigante de la conserva proyecta dos centrales de bombeo en el sur de Galicia: “Los riesgos son imprevisibles”

Dos proyectos, un solo promotor, una misma costa. Fonte das Mañas, en Oia, y Portocelo, en O Rosal, son los nombres que la filial energética del grupo conservero Jealsa,Beltaine Renewable Energy, ha puesto a sus dos centrales hidroeléctricas reversibles de agua marina proyectadas en la Serra da Groba, en el sur de Pontevedra. Una empresa, conviene aclararlo, fundada por el ya fallecido Jesús Alonso, histórico dirigente del PP en la comarca de O Barbanza.

Ambas siguen el mismo esquema: bombear agua del mar hasta balsas construidas en la parte alta del monte para después turbinarla y generar electricidad cuando convenga. Según la Plataforma Turonio, formada por colectivos sociales de las comarcas de O Val Miñor y O Baixo Miño, los dos proyectos acumulan cerca de 50.000 alegaciones en contra.

Dos empresas, un diseño gemelo

La documentación técnica revisada por colectivos como SOS Groba, el Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) y Salvemos Monteferro, junto con las alegaciones presentadas por la Plataforma Turonio, dibuja un patrón “difícil de atribuir a la casualidad”.

Las sociedades promotoras, Hidroeléctrica Fonte das Mañas SL e Hidroeléctrica de Portocelo SL, se constituyeron el mismo día, con el mismo socio único, Beltaine Renewable Energy. Sus expedientes salieron a información pública con solo cinco días de diferencia en el Diario Oficial de Galicia y las superficies de dominio público marítimo-terrestre que solicitan son prácticamente idénticas.

Además, según denuncian las alegaciones, varias de las cifras técnicas que cada proyecto declara como propias —balsa superior, tubería de presión, subestación, central subterránea— coinciden decimal a decimal entre un expediente y otro, lo que los colectivos interpretan como “indicio de una reutilización documental no adaptada a cada emplazamiento”.

Tramitarlos por separado permitiría evitar tanto esa competencia estatal como la evaluación conjunta de los efectos acumulativos que la ley exigiría

El documento de alegaciones presentado también señala que la suma de las dos potencias declaradas —49,95 MW y 49,77 MW— supera los 50 MW que marca la Ley del Sector Eléctrico como límite a partir del cual la competencia deja de ser autonómica para pasar al Estado. Tramitarlos por separado permitiría evitar tanto esa competencia estatal como la evaluación conjunta de los efectos acumulativos que la ley exigiría.

Las cuentas energéticas que no cuadran

La costa entre cabo Silleiro y la desembocadura del Miño está reconocida oficialmente como Lugar de Interés Geológico por el Instituto Geológico y Minero de España, el mismo tipo de valor que las excavaciones y movimientos de tierra de las balsas alterarían de forma irreversible.

Por otra parte, la memoria de Portocelo reconoce la existencia de captaciones de agua potable a unos 500 metros de la balsa proyectada. Como respuesta a un eventual riesgo de salinización, propone una desalinizadora de emergencia y un aval económico cuya cifra aparece sin cubrir en la documentación expuesta a información pública.

Bruno Centelles, portavoz del IEM y de la Plataforma Turonio, va más allá de las alegaciones administrativas para desgranar la lógica energética que hay detrás de los dos proyectos. A su juicio, tanto Fonte das Mañas como Portocelo están conectadas, de un modo u otro, con la subestación de Atios, en O Porriño —la misma a la que apuntan varios de los proyectos eólicos marinos que se proyectan frente a las costas de A Guarda, O Rosal, Oia y Baiona—. “Está claro que forman parte de un macrodiseño industrial interconectado del que nos van mostrando pequeñas piezas de vez en cuando y según les conviene”, resume.

Lo que no se explica en ningún sitio, añade, es de dónde saldría la energía sobrante necesaria para bombear el agua. Falta saber, dice, a qué complejos eólicos está vinculada realmente cada central.

Centelles resume el problema con números sencillos. Una central de bombeo no produce energía, la almacena. Cuando sobra electricidad eólica, se usa para bombear agua hacia arriba; después, cuando hace falta luz, se suelta esa agua y se recupera parte de la energía gastada. “Las centrales de bombeo funcionan con una relación de dos; necesitan dos unidades de energía para bombear agua y luego recuperar una turbinando”, explica.

A eso hay que sumarle otra pérdida, ya que un parque eólico solo produce a plena potencia una de cada cuatro veces, aproximadamente. Así que, para tener un megavatio disponible cuando haga falta, hay que instalar cuatro de potencia eólica.

Aplicado a las dos centrales de A Groba, que generarían unos cien megavatios entre las dos, la cuenta da vértigo: “Hace falta un parque eólico en el mar para que esas dos centrales de bombeo consigan devolver a la red cien megavatios. Es un disparate”.

El portavoz de Turonio relaciona además la potencia declarada por cada expediente con el límite legal de los 50 MW a partir del cual la tramitación pasaría al Gobierno central. Por eso, sostiene, ninguno de los dos proyectos supera esa cifra por solo unas décimas —49,95 y 49,77 MW—, lo que permite que sigan en la órbita competencial de la Xunta, “que curiosamente tiene las competencias en el litoral”.

La falta de energía eólica disponible en las proximidades para alimentar el sistema de bombeo pone de manifiesto, según los colectivos, otra contradicción de fondo. Los propios datos técnicos de los proyectos reconocen que, para funcionar con un origen 100 % renovable, cada central necesitaría contar con entre el doble y casi el triple de su potencia en parques solares y eólicos. El problema es que esas instalaciones no existen actualmente en la zona.

Un riesgo para el abastecimiento de agua potable

Los colectivos cuestionan también la viabilidad técnica del sistema por el uso de agua del mar en las instalaciones de bombeo. “La corrosión derivada de la utilización de agua salada en los sistemas móviles de las estaciones de bombeo es de difícil solución y muy costosa”, señala Centelles. “Además, su almacenamiento en altura puede provocar filtraciones y daños en los acuíferos del entorno”.

El Ayuntamiento de Oia también pone el foco en el posible impacto del proyecto sobre el abastecimiento de agua. En sus alegaciones, advierte de que el municipio depende de acuíferos y microacuíferos cuyo funcionamiento no está suficientemente estudiado y sobre los que, según admite la propia alcaldesa, Cristina Correa, no se conoce con precisión cómo se distribuye el agua subterránea en la zona.

La principal preocupación de la regidora es que la construcción de una gran balsa de agua salada en la parte alta del monte pueda afectar a estos recursos de los que depende el abastecimiento municipal. A eso se suma la importante intervención que sería necesaria para transportar el agua desde el mar hasta la balsa, en un terreno rocoso en el que serían necesarias voladuras.

Para Correa, la combinación de estos factores introduce un riesgo que el Ayuntamiento no considera asumible: “Las consecuencias de un proyecto de estas características podrían ser imprevisibles e inasumibles. Es inadmisible asumir un riesgo de esta magnitud”.

Los colectivos ecologistas reclaman a la Xunta que suspenda la tramitación de los dos expedientes hasta aclarar si la competencia corresponde a la Administración autonómica o al Estado.

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático tiene ahora que pronunciarse sobre dos expedientes presentados como proyectos independientes pero que, según denuncian el vecindario y los colectivos ecologistas, podrían formar parte de un macroproyecto industrial que aún no ha sido evaluado en su conjunto.