Galicia
Nace en A Coruña una plataforma para apoyar a las personas sancionadas en las protestas contra Vox

Diez días después de las movilizaciones contra el acto de Vox en la plaza de María Pita, nace la Plataforma Antirrepresiva de A Coruña (PAC). La iniciativa se presenta para dar cobertura a las personas represaliadas por los hechos del 21 de octubre, denunciar la actuación policial y articular una respuesta colectiva frente a lo que consideran una criminalización creciente de la organización social y política en la ciudad.

El nacimiento de la plataforma llega después de una jornada que dejó decenas de personas heridas, algunas de ellas menores. La Coordinadora de la Juventud Socialista, una de las organizaciones convocantes, recopiló testimonios gráficos de las dos cargas de la UIP de la Policía Nacional: la de la mañana, en María Pita, y la de la tarde, frente a la Subdelegación del Gobierno. El caso más grave es el de una mujer que recibió el impacto de una bala de goma en el ojo derecho.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, defendió esa intervención y achacó los incidentes a un grupo reducido de “radicales y antisistema”. Según la versión gubernamental, la policía actuó cuando ya se había marchado la comitiva de Vox y porque algunos manifestantes lanzaron piedras, mesas y sillas. Blanco calificó la actuación como la que “tenía que ser” y matizó que se trató más de “disolver” que de cargar, para evitar una “batalla campal”.

Cobertura para las sanciones

Los colectivos que se concentraron en la plaza —entre ellos Xesta, el Sindicato de Vivienda de A Coruña, CGT, CNT, la CMS, Galiza Nova y la Asamblea Antiimperialista de A Coruña— sostienen lo contrario. Dicen que la respuesta de algunos manifestantes llegó después de la carga y denuncian que la policía disparó pelotas de goma a corta distancia y dirigidas a la cabeza y al cuerpo.

La PAC sitúa su creación en ese contexto y subraya dos elementos: la campaña de señalamiento mediático contra los sectores antifascistas y las declaraciones del delegado del Gobierno, que, según la plataforma, valoró positivamente la actuación de la UIP y anunció nuevas detenciones. También critican el papel de los grandes medios en la difusión de discursos que, dicen, criminalizan el antifascismo y las organizaciones políticas y sociales.

La prioridad inmediata es dar cobertura a los procedimientos sancionadores que puedan notificarse en las próximas semanas, acompañar a las personas encausadas y ayudar a asumir los costes derivados de la represión. Pero la plataforma dice que no quiere quedarse en los hechos del 21O y que aspira a consolidarse como espacio de solidaridad, autoorganización y unidad política de la clase trabajadora.

Desde la PAC interpretan lo ocurrido como un avance de las prácticas represivas del Estado y de un modelo policial orientado al control social y a la desmovilización política. Advierten de un “giro autoritario” que, dicen, se concreta en la Ley mordaza y en el endurecimiento del Código Penal, y de actuaciones policiales, judiciales y económicas dirigidas contra quien se moviliza.

La plataforma reconoce que el trabajo exigirá continuidad y organización, y propone una respuesta social y política amplia en torno al antifascismo y la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Su lema resume el propósito: “Defender a quien lucha es defender los derechos de todas”.