Galicia
La Xunta incumplió el procedimiento de declaración como proyecto industrial estratégico de la mina de Touro

Los Ayuntamientos de Touro y O Pino aseguran no haber recibido toda la documentación y la solicitud del nuevo proyecto antes de ser declarado como PIE, como marca la Ley 1/2015 que regula el trámite.
touro terreos
Terrneos donde se sitúa la antigua mina que Cobre San Rafael quiere reabrir.

En el Consello de la Xunta del 24 de junio se acordó la declaración de proyecto industrial estratégico  (PIE) la reapertura de la mina de Touro. El acuerdo llegó justo una semana después de la filtración de documentación que demuestra que la Xunta conoce y oculta el proyecto desde enero.

La declaración como PIE requiere de un procedimiento administrativo recogido en el artículo 79 de la Ley 1/2015 que regula la política industrial gallega. Ese artículo, modificado en octubre de 2022, señala en su apartado 79.2 que, como paso preciso para su declaración, la Consellería de Industria tiene que remitir a los ayuntamientos “la solicitud presentada con la documentación que la acompaña” para que, en un plazo de 15 días, los ayuntamientos notifiquen su “conformidad o disconformidad” con el plan urbanístico en vigor.

Manuel Taboada (PP), alcalde de O Pino: “Yo sé lo que leí en la prensa y el resumen que hacen los lunes en el Consello de la Xunta (...) Oficialmente aquí no ha llegado nada”

Dos días después del acuerdo del Consello da Xunta que declaraba PIE el proyecto, se celebró un pleno en el Ayuntamiento de O Pino. Su alcalde, Manuel Taboada (PP), confirmó que, para entonces, no había llegado ninguna documentación “ni la solicitud como PIE ni todos los documentos que la empresa envió a la Xunta” y reconoció que se enteró del nuevo proyecto por la prensa: “Yo sé lo que leí en la prensa y el resumen que hacen los lunes en el Consello de la Xunta. Oficialmente aquí no ha llegado nada”. En respuesta a los grupos municipales BNG y PSdeG, el alcalde del PP confirmó que lo único que remitió a la empresa fueron “informes técnicos” en materia de urbanismo que ya se habían hecho “hace dos o tres años”.

Minería
Minería en Galicia La Xunta oculta desde enero la solicitud de un nuevo megaproyecto minero en Touro
Cobre San Rafael solicita además que sea considerado Proyecto Industrial Estratégico, según indican más de un ciento de colectivos en un comunicado conjunto, para “facilitar su tramitación exprés e impedir la participación pública”.

En el Ayuntamiento de Touro, el alcalde Roberto Castro (Movimiento Vecinal de Touro), explica que lo único que recibió el Ayuntamiento fue “una solicitud de informe de compatibilidad urbanística”. El mismo trámite que, por ejemplo, solicita una ciudadana cuando quiere poner un galpón en una finca. Ahonda el alcalde que este informe es “uno de muchos” de los que tanto la empresa como la Xunta han ido solicitando desde el año 2017, incluso después de la declaración de impacto ambiental (DIA) negativa al proyecto anterior.

Al preguntarle al alcalde de Touro por el artículo 79 de la ley 1/2015, repite cuál fue el único requerimiento de la Xunta: “Un informe de compatibilidad urbanística con un proyecto para conocer el ámbito geográfico que engloba y su actividad”. En ningún caso el Ayuntamiento notificó la conformidad o disconformidad, como marca la ley, ni fue entregada toda la documentación que acompaña la solicitud como PIE, que por la documentación a la que tuvo acceso El Salto, se componen de muchos más anexos, proyectos técnicos de infraestructuras del proyecto y otras solicitudes.

Roberto Castro (MVT), alcalde de Touro: “Lo único que ha recibido el Ayuntamiento es una solicitud de informe de compatibilidad urbanística”

El 27 de junio, esta redacción se puso en contacto con la Consellería de Industria para conocer la información que se le dio a la ciudadanía y preguntar por la documentación enviada a los ayuntamientos con anterioridad al acuerdo del Consello da Xunta. No ha obtenido respuesta a ninguna de las dos cuestiones. Lo cierto es que, siempre según la versión de los ayuntamientos, la Xunta no habría cumplido con el procedimiento.

La catedrática en Derecho Administrativo Alba Nogueira de la USC, en consulta al Salto, confirma que la Xunta tenía que haber enviado esa documentación en el procedimiento previo a la declaración como PIE: “Esta ley ya retira competencias a las administraciones locales y hace que el posicionamiento del Ayuntamiento en materia urbanística no sea vinculante. Por si fuera poco le quitas también la opción de mostrar su disconformidad, estás vaciando totalmente su papel”.

Considera además que los efectos del PIE chocan directamente con la Ley 7/1985 de Régimen Local, que recoge que será la administración local quien “ejercerá en todo caso como competencias propias” entre otras, la materia de urbanismo: “Plan, gestión y ejecución y disciplina urbanística”. Además, recuerda Nogueira la importancia de que cada Ayuntamiento reciba toda la documentación del proyecto, y no sólo el ámbito geográfico y el tipo de actividad. Este incumplimiento, según Nogueira, podría rematar incluso con la nulidad de la declaración del proyecto como PIE. La Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino advierte de la “indefensión” de las vecinas, que “no debería ser tomada a la ligera por ningún representante público”.

Sobre el posicionamiento del Ayuntamiento de Touro en el nuevo proyecto, el alcalde Roberto Castro señala que, por lo de ahora, se está “en una fase de ruido porque no se sabe si el proyecto va a ir más allá”. Aunque el Gobierno municipal no va a hacer manifestaciones a favor o en contra hasta que el proyecto sea público, el alcalde señala que en los últimos años “ha habido un greenwashing y una batería de eufemismos según evolucionaba la respuesta social” y asegura que, en todo caso, “defenderá los intereses de la ciudadanía”.

El nuevo proyecto minero para Touro

El 23 de enero, la minera de Touro enviaba la documentación y la solicitud para la consideración como proyecto industrial estratégico del proyecto Cobre San Rafael. Tras la filtración de la documentación, 133 colectivos se posicionaron en contra y, justo una semana después, la Xunta acordaba declararlo estratégico tras casi medio año en el cajón.

En otro de los documentos a los que ha tenido acceso El Salto, Cobre San Rafael presenta la solicitud como una “pequeña” empresa, con tan sólo 16 empleados en el último ejercicio. Con todo, compromete una inversión de casi 200 millones de euros y la contratación, mientras dure la explotación minera, de 394 personas, tan sólo el 20% de ellas mujeres. El nuevo proyecto ocuparía más de 800 hectáreas, contaría con una balsa de residuos a pocos metros de Arinteiro y recoge también una línea de alta tensión “LAT 66 kV Portodemouros-Touro”, adjunta también en la solicitud como PIE, con su correspondiente documento ambiental y listado de propietarias expropiadas por su construcción.

En los planes de la empresa, las operaciones en la mina comenzarían en septiembre de 2027 y la construcción en el primer trimestre de 2025, aunque parece imposible realizar los trámites y estudios para esa fecha. Con todo, la Conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, coincidía con esos plazos: “En un año y pico debería estar funcionando”, declaraba el día antes del acuerdo del Consello da Xunta. Hace falta recordar que María Jesús Lorenzana, además de Conselleira, es la Presidenta de la sociedad público-privada de la Xunta, Abanca, Sogama y Reganosa que ideó e impulsó la celulosa de Altri en la Ulloa.

La plataforma vecinal de Touro exige una reunión para que la ciudadanía pueda informarse del proyecto. Invitan a las Consellerías, Direcciones Xerais y departamentos implicados en el proyecto “a realizar una visita guiada por la zona que se verá gravemente afectada si esto va para delante”. Y remata: “Sabemos que no podrán descartar esta invitación si realmente se deben al pueblo, ya que con la empresa sabemos que ya se han reunido, ahora le toca a los vecinos y vecinas”.

Minería
A Xunta incumpriu o procedemento de declaración como proxecto industrial estratéxico da mina de Touro

Os Concellos de Touro e O Pino aseguran non ter recibido toda a documentación e a solicitude do novo proxecto antes de ser declarado como PIE, como marca a Lei 1/2015 que regula o trámite.
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Terreos onde se sitúa a antigua mina que Cobre San Rafael quere reabrir.

No Consello da Xunta do 24 de xuño acordouse a declaración de proxecto industrial estratéxico  (PIE) a reapertura da mina de Touro. O acordo chegou xusto unha semana despois da filtración de documentación que demostra que a Xunta coñece e oculta o proxecto desde xaneiro.

A declaración como PIE require dun procedemento administrativo recollido no artigo 79 da Lei 1/2015 que regula a política industrial galega. Ese artigo, modificado en outubro de 2022, sinala no seu apartado 79.2 que, como paso preciso para a súa declaración, a Consellería de Industria ten que remitir aos concellos “a solicitude presentada coa documentación que a acompaña” para que, nun prazo de 15 días, os concellos notifiquen a súa “conformidade ou disconformidade” co plan urbanístico en vigor.

Manuel Taboada, alcalde do Pino: “Eu sei o que lin na prensa e o resumo que fan os luns no Consello da Xunta (…) Oficialmente aquí non chegou nada”

Dous días despois do acordo do Consello da Xunta que declaraba PIE o proxecto, celebrouse un pleno no Concello do Pino. O seu alcalde, Manuel Taboada (PP), confirmou que, para entón, non chegara ningunha documentación —nin a solicitude como PIE, nin todos os documentos que a empresa enviou á Xunta— e recoñeceu que se enterou do novo proxecto pola prensa: “Eu sei o que lin na prensa e o resumo que fan os luns no Consello da Xunta. Oficialmente aquí non chegou nada”. En resposta aos grupos municipais BNG e PSdeG, o alcalde do PP confirmou que o único que remitiu á empresa foron “informes técnicos” en materia de urbanismo que xa se fixeran “hai dous ou tres anos”.

Minería
Mina de Touro A Xunta oculta desde xaneiro a solicitude dun novo megaproxecto mineiro en Touro
Cobre San Rafael solicita ademais que sexa considerado Proxecto Industrial Estratéxico para “facilitar a súa tramitación exprés e impedir a participación pública”, segundo indican máis dun cento de colectivos nun comunicado conxunto.

No Concello de Touro, o alcalde Roberto Castro (Movemento Veciñal de Touro), explica que o único que recibiu o Concello foi “unha solicitude de informe de compatibilidade urbanística”. O mesmo trámite que, por exemplo, solicita unha cidadá cando quere poñer un galpón nunha finca. Afonda o alcalde que este informe é “un de moitos” dos que tanto a empresa como a Xunta veñen solicitando desde o ano 2017, mesmo despois da declaración de impacto ambiental (DIA) negativa ao proxecto anterior.

Ao preguntarlle ao alcalde de Touro polo artigo 79 da lei 1/2015, repite cal foi o único requirimento da Xunta: “Un informe de compatibilidade urbanística cun proxecto para coñecer o ámbito xeográfico que engloba e a súa actividade”. En ningún caso o concello notificou a conformidade ou disconformidade, como marca a lei, nin foi entregada toda a documentación que acompaña a solicitude como PIE, que pola documentación á que tivo acceso O Salto, componse de moitos máis anexos, proxectos técnicos de infraestruturas do proxecto e outras solicitudes.

Roberto Castro (MVT), alcalde de Touro: “O único que recibiu o Concello foi unha solicitude de informe de compatibilidade urbanística”

O 27 de xuño, esta redacción púxose en contacto coa Consellería de Industria para coñecer a información que se lle deu á veciñanza e preguntar pola documentación enviada aos concellos con anterioridade ao acordo do Consello da Xunta. Non obtivo resposta a ningunha das dúas cuestións. O certo é que, sempre segundo a versión dos concellos, a Xunta non tería cumprido co procedemento.

A catedrática en Dereito Administrativo Alba Nogueira, en consulta ao Salto, confirma que a Xunta tiña que ter enviado esa documentación no procedemento previo á declaración como PIE: “Esta lei xa retira competencias ás administracións locais e fai que o posicionamento do Concello en materia urbanística non sexa vinculante. Se aínda por riba lle quitas tamén a opción de amosar a súa disconformidade, estás baleirando totalmente o seu papel”.

Considera ademais que os efectos do PIE chocan directamente coa Lei 7/1985 de Réxime Local, que recolle que será a administración local quen “exercerá en todo caso como competencias propias” entre outras, a materia de urbanismo: “plan, xestión e execución e disciplina urbanística”. Ademais, lembra Nogueira a importancia de que cada Concello reciba toda a documentación do proxecto, e non só o ámbito xeográfico e o tipo de actividade. Este incumprimento, segundo Nogueira, podería rematar mesmo coa nulidade da declaración do proxecto como PIE. A Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino advirte da “indefensión” das veciñas, que “non debería ser tomada á lixeira por ningún representante público”.

Sobre o posicionamento do Concello de Touro no novo proxecto, o alcalde Roberto Castro sinala que, polo de agora, “estase nunha fase de ruído porque non se sabe se o proxecto vai ir máis alá”. Aínda que o Goberno municipal non vai facer manifestacións a favor ou en contra ata que o proxecto sexa público, o alcalde sinala que nos últimos anos “houbo un greenwashing e unha batería de eufemismos segundo evolucionaba a resposta social” e asegura que, en todo caso, “defenderá os intereses da cidadanía”.

O novo proxecto mineiro para Touro

O 23 de xaneiro, a mineira de Touro enviaba a documentación e a solicitude para a consideración como proxecto industrial estratéxico do proxecto Cobre San Rafael. Tras a filtración da documentación, 133 colectivos posicionáronse en contra e, xusto unha semana despois, a Xunta acordaba declaralo estratéxico tras case medio ano no caixón.

Noutro dos documentos aos que tivo acceso ao Salto, Cobre San Rafael presenta a solicitude como unha “pequena” empresa, con tan só 16 empregados no último exercicio. Con todo, compromete un investimento de case 200 millóns de euros e a contratación, mentres dure a explotación mineira, de 394 persoas, tan só o 20% delas mulleres. O novo proxecto ocuparía máis de 800 hectáreas, contaría cunha balsa de residuos a poucos metros de Arinteiro e recolle tamén unha liña de alta tensión “LAT 66 kV Portodemouros – Touro”, adxunta tamén na solicitude como PIE, co seu correspondente documento ambiental e listaxe de propietarias expropiadas pola súa construcción.

Nos plans da empresa, as operacións na mina comezarían en setembro de 2027 e a construción no primeiro trimestre de 2025, aínda que semella imposible realizar os trámites e estudos para esa data. Con todo, a Conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, coincidía con eses prazos: “Nun ano e pico debería estar funcionando”, declaraba o día antes do acordo do Consello da Xunta. Cómpre lembrar que María Jesús Lorenzana, ademais de Conselleira, é a Presidenta da sociedade público-privada da Xunta, Abanca, Sogama e Reganosa que ideou e impulsou a celulosa de Altri na Ulloa.

A plataforma veciñal de Touro esixe unha reunión para que a veciñanza poida informarse do proxecto. Convidan ás Consellerías, Direccións Xerais e departamentos implicados no proxecto “a realizar unha visita guiada pola zona que se verá gravemente afectada se isto vai para diante”. E remata: "Sabemos que non poderán descartar esta invitación se realmente se deben ao pobo, xa que coa empresa sabemos que xa se reuniron, agora tócanos aos veciños e veciñas.”

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