Ganadería
De Yecla a Bernardos: el clamor contra las macrogranjas se agudiza ante el aumento de licencias

Domingo, 11 de julio, 12 de la mañana. Ola de calor, 35 grados a la sombra. Yecla (Región de Murcia), con 35.000 habitantes, registra una marea humana a la que se ha sumado casi un tercio de la ciudad: entre 10.000 y 12.000 personas, según la Policía Local. Los colectivos organizadores hablan de 14.000. Entre las pancartas, se pueden ver organizaciones de la vecina Castilla-La Mancha.

Un día antes en Bernardos (Segovia), 465 habitantes. Unas 300 personas se plantan en la plaza mayor del pueblo. El cartel que llamaba a concentrarse a los vecinos de las localidades que integran la campiña segoviana se cierra con dos frases: “Lucha por lo que dejaron tus abuelos, cuidan tus padres y puedas disfrutar con tus hijos. No dejes que tu pueblo muera”.

Dos puntos muy diferentes de la península, similares porcentajes de asistencia a la protesta por población y un mismo problema: las macrogranjas porcinas. 

El Pozo vs Yecla y Montealegre

En el caso de Yecla, los vecinos intentan frenar un proyecto de Cefusa, la ganadera del Grupo Fuertes-El Pozo, por el que se construirían dos explotaciones industriales porcinas en el entorno del Monte Arabí y Cerro de Santos, zona declarada Monumento Natural, que alberga además yacimientos arqueológicos prehistóricos, algunos de ellos con pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El proyecto del holding empresarial de El Pozo implica 10 hectáreas dedicadas a las instalaciones, incluyendo ocho balsas de decantación y secadero de purines. Estos son uno de los grandes temores de los vecinos de las zonas afectadas: el estiércol que queda entre la mezcla de las heces y orinas de miles de cerdos, mezclado con aguas de lavados y restos de piensos, puede llegar no solo a las tierras —de cultivo en el caso yeclano—, también a los cursos fluviales y los acuíferos, contaminados gravemente el área afectada. 

Paloma Rodríguez, Pueblos Vivos Cuenca: “Lo que pedimos es que se evalúen los impactos ambientales de todas estas granjas sumadas una a una, no que le den un permiso a una y a tres kilómetros el trámite de otra empiece de cero”

La Plataforma Salvemos el Monte Arabí y Comarca, nacida para parar el proyecto cárnico, denuncia que “la empresa está faltando a la palabra que dio hace cuatro años cuando renunció públicamente a su proyecto ante los medios de comunicación tras la contundente movilización y rechazo social”. La protesta a la que se refiere obtuvo cifras similares de asistencia y aquel conflicto finalizó con la empresa retirando el proyecto por “falta de consenso social”.

Cefusa desistía entonces de la licencia de obras y actividad solicitada al ayuntamiento albaceteño de Montealegre del Castillo, colindante con Yecla y lugar donde se levantarían las explotaciones. Sin embargo, en el último año la cárnica no solo ha retomado el proyecto, sino que cuenta con el permiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tan solo está pendiente el de la Confederación Hidrográfica del Segura. La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, ha pedido a la Confederación que mantenga su dictamen negativo.

Desde el vecino Montealegre del Castillo, el Ayuntamiento se posiciona en contra y recientemente ha aprobado una declaración institucional en esa línea. Sin embargo, como denunciaba el concejal de Medio Ambiente en la prensa local, Antonio Julián López, Cefusa-El Pozo amenaza con demandas que podrían acabar en “indemnizaciones millonarias”, recordando que la explotación recibió tanto el visto bueno como del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha como del Tribunal Supremo, que rechazaron varios recursos contra las explotaciones. Ante las decisiones judiciales, desde las plataformas antimacrogranjas señalan que poco puede hacer el Ayuntamiento para denegar la licencia.

Una persona, ocho cerdos

En tierras de la Castilla vieja, en Bernardos, la problemática es la misma. El proyecto de la promotora Tabladillo Selección, a apenas un kilómetro del núcleo urbano, plantea unas instalaciones de 50.000 m² y más de 2.000 cerdas, la mayoría madres reproductoras. 

Pero aquí la protesta vivida el sábado no tiene como fin poner el foco en una única explotación ganadera. Como denuncian desde la plataforma Futuro Limpio Campiña Segoviana, “la provincia de Segovia, en la que vivimos 153.000 personas, soporta ya la cría de 1.220.000 cerdos”. La cifra implica que en la provincia hay ocho cerdos por persona. No solo eso, la empresa Innoporc, con más de una veintena de explotaciones por toda la provincia, “quiere abrir aún más plantas en Los Arenales —denuncian—, una región segoviana declarada Zona Vulnerable en 2013 por el Ministerio de Agricultura”.

En un país con el 46% de las masas de agua subterránea contaminadas o en riesgo de contaminarse por nitratos, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador a España

El catálogo de Zonas Vulnerables a contaminación por nitratos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfrico, con cifras de junio de 2021, contabiliza hoy un total de 494 puntos diferentes. En Castilla y León, suponen el 15% del territorio.

24.000 cerdos en el pueblo

“De las pequeñas explotaciones familiares que daban sustento a nuestra provincia, hemos pasado a una situación dantesca, en la que solo en Castilla y León se habían abierto, según datos de 2020, 156 plantas en los últimos cinco años y había 85 proyectos en estudio”, continúan desde Futuro Limpio Campiña Segoviana. 

Es un problema que afecta a amplias zonas de la geografía y que cuenta con una creciente oposición vecinal. En Jumilla, también en la Región de Murcia, nacía el verano pasado la plataforma Salvemos nuestra tierra, tras conocerse que los trámites para la ampliación de una granja porcina: de tener espacio para 12.000 lechones pasaría a 24.000. Desde su creación, ya han organizado varias caravanas de coches y manifestaciones junto a las instalaciones, en la zona jumillense de La Celia.

Cuenca ha pasado de albergar a 106.977 cerdos en 2009 a 553.848 en 2020

Una zona especialmente castigada es Castilla-La Mancha. En marzo, la plataforma Pueblos Vivos Cuenca, formada por movimientos vecinales de más de una veintena de localidades de la provincia, alertaba de que desde el inicio de 2021 “las solicitudes para instalar macrogranjas de cerdos se han disparado en la provincia de Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha continúa dando autorizaciones ambientales integradas, incluso a proyectos que carecen de la concesión de aguas correspondiente o que no disponen de un plan de gestión de purines ni tierras para esparcirlos”.

Paloma Rodríguez, integrante de Pueblos Vivos Cuenca, afirma que el incremento de solicitudes de licencias, lejos de frenar, continúa. Y no solo en Castilla-La Mancha: “Se están dando en Castilla La Mancha, Aragón, Murcia, Segovia...”

Moratoria y estudio de impactos

En una provincia —Cuenca— ha pasado de albergar a 106.977 cerdos en 2009 a 553.848 en 2020, según datos de la Consejería de Desarrollo Sostenible castellanomanchega, la organización para frenar este tipo de explotaciones y la contaminación que generan es clave. Y las acciones de protesta, tras pasar lo peor de la pandemia, han vuelto a la carga. 

“La moratoria es la solución hasta que esto se ponga en orden”, indica la integrante de Pueblos Vivos Cuenca. Como expone, “lo que estamos pidiendo es que se evalúen los impactos ambientales de todas estas granjas sumadas una a una, no que le den un permiso a una y a tres kilómetros el trámite de otra empiece de cero: hay que sumar los impactos ambientales”.

“En Quintanar del Rey se paralizó una y ahora han dado permiso a otra que está a cuatro kilómetros. Consumen y contaminan el agua de los mismos acuíferos”, prosigue.

Desde Podemos Castilla-La Mancha anunciaban en junio que buscarían “vías complementarias” para elevar no solo al Congreso, sino a los estamentos de la Unión Europea, la problemática de las macrogranjas en la comunidad, denunciando “la pasividad manifiesta de las Cortes en debatir la iniciativa para aplicar una moratoria”.

La secretaria de Mundo Rural, Estrategia contra la Despoblación y Transición Energética de Podemos C-LM, Asunción Mateos Gámez, planteaba la necesidad de “defender un modelo rural vivo sostenible y en contraposición a la economía de los residuos que se está favoreciendo desde el gobierno de García-Page”, afirmando que el modelo actual “ahonda la brecha rural y el drama de la despoblación”.

46% de aguas contaminadas

La integrante de Pueblos Vivos, por su parte, recuerda las amenazas de sanciones desde Europa. En un país con el 46% de las masas de agua subterránea contaminadas o en riesgo de contaminarse por nitratos llegados de la actividad ganadera y agrícola, según datos de la Comisión Europea, esta abrió un expediente sancionador a España que podrían incurrir en una multa millonaria.

Pero a nivel autonómico y local se pueden poner claros frenos. “El PSOE tiene ahora mayoría absoluta [en Castilla-La Mancha]. Podrían hacer lo que quisieran. Incluso el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, de su propio partido, lo ha pedido”, indica Rodríguez.

El Gobierno castellanomanchego, sin embargo, no tuerce el brazo e incluso ironiza con el excesivo consumo de carne, algo de lo que alertan instituciones como la ONU o la FAO. Su presidente, Emiliano García-Page, señalaba este fin de semana ante la propuesta lanzada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de rebajar el consumo de carne: “Se está inventando su cargo todos los días y ahora no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne”. Y continuaba: “No tiene nada que hacer y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados en esta provincia al sector cárnico, mañana irán con el vino, pasado con el queso”.

Mientras tanto, las solicitudes de licencia prosiguen, y prosperan, como en Priego (Cuenca), donde una nueva macrogranja de las dos proyectadas (ya tenían una) ha pasado un trámite más. O en Gasqueña, donde “está aprobada una instalación de transición para el cebo de 6.000 cerdos, aunque el Ayuntamiento ya ha confirmado que se está estudiando la instalación de otras dos más”, denuncian desde la Asociación Gacueña y Tinajas contra las macrogranjas. La moratoria, aunque se la espera, no parece llegar.