Gobierno de coalición
Sánchez resucita el decreto ómnibus con más ayudas a los propietarios

Después de una semana de globos sonda, acusaciones cruzadas y negociaciones, el Gobierno ha cerrado un acuerdo con Junts para aprobar el decreto que revaloriza las pensiones y otras medidas del llamado ‘escudo social’.

En rueda de prensa, Pedro Sánchez anunciaba que el Consejo de Ministros había vuelto a aprobar “tras una larga negociación la práctica totalidad de las medidas” que incluía el decreto ómnibus original, que deberá volver a ser sometido a la validación del Congreso en un mes. Para contar con el apoyo de Junts y rearmar la mayoría parlamentaria que permitió al PSOE formar gobierno tras las elecciones del 23J, el ejecutivo ha tenido que hacer concesiones dentro y fuera del decreto ley 9/2024. 

Entre las 29 medidas incluidas en este “decreto social” Sánchez confirmó que se encuentran la actualización de las pensiones, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas al transporte y a los hogares, familias y ayuntamientos afectados por la dana, así como la moratoria de los desahucios de familias vulnerables, aunque esta última con modificaciones. Según confirmó Sánchez, el ‘escudo antidesahucios’ se verá complementado con más ayudas públicas a los propietarios.

Así lo confirmaba Junts en un comunicado hecho público minutos antes de que Sánchez comenzara la rueda de prensa: entre los acuerdos alcanzados se incluyen “medidas para combatir las ocupaciones delincuenciales”, así como otras medidas “para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los okupas o por los morosos en las viviendas”.

Según el acuerdo, el Estado avalará y cubrirá el impago y los desperfectos de los contratos vigentes que afectan a familias vulnerables. La actual moratoria ya incluía compensaciones a los propietarios que no pudieran efectuar un desalojo, pero hasta ahora apenas han sido reclamadas por los caseros.

Sin embargo, la principal contrapartida por apoyar este decreto es el compromiso para iniciar los trámites sobre una moción de confianza, una demanda de Junts con más de un mes de recorrido. De fondo, las denuncias de incumplimiento de los acuerdos derivados de la ley de amnistía.

La cuestión de confianza, a diferencia de la moción de censura, la presenta el propio Gobierno y se supera cuando recoge más votos a favor que en contra. En caso de no obtener la mayoría simple, el Gobierno deberá presentar su dimisión y convocar elecciones generales. De todas formas, los términos del acuerdo no garantizan que al final se llegue a esta situación.

Temor por la “inquiokupación”

El decreto ómnibus fue derogado el pasado 22 de enero con los votos contrarios de PP, Vox y Junts. Entre las razones que esgrimió Junts para no votar la ley destacaba su oposición a la forma en la que el Gobierno había presentado la votación y remarcó que aprobaría alguna de ellas si las presentaba de forma separada. La revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital, las ayudas de la dana y al transporte entraban entre las medidas que la formación de Carles Puigdemont se mostraba partidaria de apoyar. En cambio, en declaraciones realizadas por este partido el pasado 27 de enero, la moratoria de desahucios de familias vulnerables se había convertido en uno de los principales obstáculos para apoyar el megadecreto. 

Según defienden desde Junts, la moratoria no resolvía el “problema de las ocupaciones delincuenciales”, en palabras del portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius, razones similares a los esgrimidos por PP y Vox, que incluyeron un supuesto apoyo a la “inquiokupación” entre las excusas para tumbar el decreto ómnibus.

Un reciente informe del Observatorio Desca, indicaba que la moratoria derogada ha llegado a proteger a 24.659 hogares entre 2021 y 2023 en una decena de comunidades autónomas. Si esta cifra que se extrapola al conjunto de España y se extiende hasta el presente los desahucios suspendidos gracias a esta norma ascenderían a los 58.000, apenas un 25% de todos los lanzamientos de familias vulnerables practicados en este tiempo. 

Con este acuerdo, el Gobierno da más dinero público a los propietarios, pero consigue resolver, por ahora el rompecabezas de apoyos parlamentarios, ya que si caía la moratoria de los desahucios se comprometía el apoyo de Podemos y otros grupos de izquierda.