Pensiones
PP, Junts y Vox añaden los “inquiokupas” a las excusas para no apoyar la ley ómnibus

La batalla entre el Gobierno y el PP por situarse ante los diez millones de pensionistas como el partido que defiende sus intereses escala intensidad. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado al Gobierno a que vuelva a aprobar “si puede ser” en el Consejo de Ministros de este martes el mismo decreto ómnibus que el PP, Vox y Junts tumbaron el pasado 22 de enero. 

En los Desayunos Informativos de Europa Press, la líder de Sumar expresó sus dudas de que el PP se atreva a votar esta vez en contra porque “le va a salir caro”. Según afirmó, el decreto 9/2024 se debe llevar “tal como está” ya que “la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos”. El Gobierno comparte la idea de mantener intacto el decreto, aunque considera “poco previsible” que se pueda aprobar en este Consejo de Ministros.

Feijóo justificó el voto contrario al decreto ómnibus por la moratoria de los desahucios, una norma que, según afirma, “impide a los propietarios recuperar su casa” y alienta la “inquiokupación”

La tramitación de este nuevo decreto ley sería igual que la anterior: estaría vigente durante un mes, pero tendría que ser revalidado en el Congreso en 30 días, donde volvería a encontrarse con los votos de la derecha parlamentaria, tal como han afirmado desde PP y Junts. El mismo día que decaía la ley ómnibus, el PP lanzaba su propia iniciativa legislativa para revalorizar las pensiones en un 2,8%, alegando que un asunto que afecta a casi diez millones de personas precisa “una votación independiente y separada” de otras medidas “que ni tienen nada que ver ni cuentan con el consenso que hay en torno a la revalorización de las pensiones”.

En el decreto ómnibus derogado por el Congreso se incluía una batería de ayudas para los hogares afectados por la dana de València y la prórroga de muchas de las medidas del llamado ‘escudo social’ por la pandemia y la guerra de Ucrania: la moratoria del corte de suministros y de los desahucios para familias vulnerables que cumplan una serie de condiciones; las ayudas al transporte o el descuento ampliado para familias vulnerables del bono social eléctrico.

La formación de Puigdemont ha defendido que solo aprobarán algunas de las medidas sociales del decreto sin son presentadas una a una. En concreto, estarían dispuestos a apoyar la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital, las ayudas al transporte y las de la dana. En cambio, piden que se quede fuera la moratoria de los desahucios de familias vulnerables ya que no resolvía el problema de las “ocupaciones delincuenciales”, según Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts.

En declaraciones realizadas el pasado 25 de enero, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, justificó el voto contrario al decreto ómnibus por la prórroga a la moratoria de los desahucios, una norma que, según afirma, “impide a los propietarios recuperar su casa” y alienta la “inquiokupación”. Similar postura a la defendida por el portavoz de Vox, José María Figaredo, que sostuvo que la aprobación del decreto blindaría a los “inquiokupas”. 

Según un reciente informe del Observatorio Desca, la moratoria derogada ha llegado a proteger a 24.659 hogares entre 2021 y 2023 en una decena de comunidades autónomas, una cifra que si se extrapola al conjunto de España y se extiende hasta el presente crecería hasta llegar a los 58.000 desahucios parados, apenas un 25% de todos los lanzamientos de familias vulnerables practicados en este tiempo.

“Si bien esta moratoria era limitada para detener la situación en la emergencia social que sufrimos, lo cierto es que estaba funcionando”, decían desde el Observatorio. Esta entidad expresaba su contrariedad con la actuación de Junts, que “dice defender los intereses de los catalanes”, pero ha votado contra una medida que ha evitado que casi 10.000 familias catalanas se quedaran en la calle. “A partir de ahora y si no se enmienda legalmente, se podría solicitar al Juzgado la ejecución de los miles desahucios suspendidos”, advertían y señalaban ya hace una semana una vía de solución: “Aprobar de nuevo y de forma inmediata la medida a través de un Consejo de Ministros por vía de urgencia”.

La moratoria del ‘escudo social’ no ha servido para impedir tres de cada cuatro desahucios

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

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Un redactado poco claro, que deja libertad a los jueces para saltarse la moratoria, limita su alcance. A pocas semanas de su fin, organizaciones de vivienda piden que sea mejorada, ampliada y convertida en permanente.

Además, señalaban, para blindar estas medidas, el Gobierno debería aprobar por separado cada una de estas medidas “para evitar que los tacticismos políticos pongan en riesgo la protección de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda”.

Nos encontramos en la sede de @JuntsXCat, partido claramente de derechas que sumado al @ppopular han tumbado medidas que provocarán daños irreparables para miles y miles de familias, gobiernan por y para sus intereses...vergüenza es poco.
📍Passatge de Bofill, 11#Eixample pic.twitter.com/2CzDqhPJ03

— PAH Barcelona (@PAH_BCN) January 23, 2025

Esta organización, junto con la PAH y otros colectivos del movimiento de vivienda catalán, se concentraron frente a la sede de Junts el pasado 23 de enero tras la “patada en el culo” del partido de Carles Puigdemont a la ciudadanía. Desde la PAH también culpan al Gobierno central de la situación: “Esto se podría haber evitado si el Gobierno hubiera incluido en la ley de vivienda el alquiler social obligatorio previo al desahucio, que desde la PAH le reclamamos; o las medidas del escudo social hubieran sido estructurales, como llevamos exigiendo hace años”.

El movimiento pensionista pide incluir la revalorización de las pensiones en la Constitución, de forma que la actualización de los ingresos de las personas jubiladas deje de ser un premio que se disputan los principales partidos 

Desde la coordinadora de pensionistas Coespe señalaban también a la responsabilidad del Gobierno de coalición que hasta ahora no ha respondido a las demandas de estas plataformas de incluir la revalorización de las pensiones en la Constitución española, de forma que la actualización de los ingresos de las personas jubiladas deje de ser un premio que se disputan los principales partidos políticos.

El Gobierno y el PP sacan adelante la reforma de las pensiones para incentivar el trabajo hasta los 72 años

Martín Cúneo

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Con apoyo de la patronal, los grandes sindicatos y el partido de Feijóo, el Gobierno aprobó la reforma que permitirá retrasar de forma voluntaria la jubilación.

Desde la Coespe también se han mostrado “desconcertados” y “encolerizados” por el resultado de la votación realizada el mismo día en el que coincidieron PSOE, PP, Sumar y ERC para aumentar los incentivos para seguir trabajando hasta los 72 años, una iniciativa que entronca con la demanda europea, a la que califican de “neoliberal”, de aumentar la edad media de jubilación. La norma aprobada también es tildada de discriminatoria, ya que, según defienden, los trabajadores de menos recursos o aquellos que no han podido comenzar a cotizar en la juventud serán los que tendrán más razones para seguir trabajando hasta hasta los 72 años cobrando un plus por retrasar la edad de jubilación.