Iglesia católica
El Gaztetxe de Zestoa, en riesgo de desalojo por la ofensiva del Obispado de San Sebastián

El gaztetxe de Zestoa corre el peligro de ser desalojado. La Gazte Asanblada ha recibido la sentencia judicial que le insta a abandonar el edificio Elizondo el próximo 19 de junio, además de tener que pagar 6.500 euros por indemnizaciones. Este inmueble, perteneciente a la Diócesis de San Sebastián, fue ocupado en febrero del 2023 y ha provocado un cruce de reproches entre la Iglesia y el ayuntamiento liderado por EH Bildu. La Gazte Asanblada, que critica el inmovilismo del consistorio, ha llevado a cabo a principios de este año la mayor campaña de apostasía -renuncia de la fe en una religión- en Euskadi para presionar al Obispado. 

La Gazte Asanblada no piensa esperar inmóvil a que el gaztetxe sea desalojado y el pasado jueves sus miembros acudieron al pleno municipal de Zestoa para pedir soluciones al ayuntamiento. Los jóvenes echaron en cara al alcalde Mikel Arregi, de EH Bildu, no haber llevado “al extremo” la propuesta para comprar a la Iglesia el edificio Elizondo. “La diócesis nos ha comentado que no habéis avanzado con el contrato; fue el ayuntamiento el que nos animó a acceder al edificio y desde que hemos accedido a él no se han dado otros pasos”, espetaron.

La Gazte Asanblada no piensa esperar inmóvil a que el gaztetxe sea desalojado y el pasado jueves sus miembros acudieron al pleno municipal de Zestoa para pedir soluciones al ayuntamiento

Arregi, por el contrario, señaló que con los recursos del consistorio “no podemos comprar el edificio de una institución de carácter religioso privado”. Los del gaztetxe subrayaron que también están abiertos a “otras opciones”, siempre que el espacio “sea un edificio capaz de cubrir las necesidades de los jóvenes del pueblo”. 

Los zestoarras han comunicado que “seguirán trabajando” hasta el mismo día del desalojo. Y aseguran que, vista “la ilusión y los buenos resultados que el gaztetxe ha dado en el pueblo con la gente joven”, cuentan con un “comprimiso completo” para que el proyecto salga adelante y se paralice la operación. Por ello, llaman a la movilización: “A los jóvenes del pueblo os llamamos a reuniros frente al gaztetxe para defenderlo. Necesitamos la fuerza de todos ”.

Apostasía como medida de presión

Ante las amenzas de desalojo por parte de la Iglesia, la Gazte Asanblada Zestoarra inició en diciembre una campaña de apostasía para presionar a la Diócesis de San Sebastián. Un total de 723 personas rellenaron los formularios y, según la asamblea, es hasta la fecha la mayor apostasía colectiva en Euskadi.

Una decena de miembros de la Gazte Asanblada se reunieron a las puertas del edificio del seminario del Obispado de San Sebastián para denunciar las multas que los jóvenes podían recibir. Al término de la lectura del comunicado pretendieron entregar los formularios, pero la Ertzaintza cerró las puertas y, según explicaron los presentes, la iglesia “no quiso recoger las peticiones”. Una situación que denunciaron ante el Ararteko.

La Ertzaintza no permitió que se entregaran los formularios de apostasía y los zestoarras se quejaron ante el Ararteko

Tanto la Gazte Asanblada de Zestoa como otros actores políticos y juveniles fomentaron esta renuncia a la fe. Los diferentes agentes del Mugimendu Sozialista repartieron formularios en diferentes gaztetxes guipuzcoanos. Una vez completados los datos que se pedían en la ficha y con la entrega de una fotocopia del DNI, se presentaban a la Gazte Asanblada zestoarra para llevarlos a la diócesis.

Las reivindicaciones de la Gazte Asanblada para mantener el gaztetxe en el edificio Elizondo cobraron relevancia en los medios de comuniación de Euskadi cuando varios jóvenes de la localidad de Urola Kosta entraron a la parroquia vestidos con buzos y máscaras blancas. Allí, se colocaron frente al altar y desplegaron una pancarta en la que se podía leer “Eliza diruzale, espekulatzaile!”. De esta forma, cortaron la misa —sin ningún tipo de acto violento— y lanzaron billetes por toda la iglesia.

Enfrentamiento entre EH Bildu y el Obispado

El Ayuntamiento zestoarra condenaba hace ya unos meses “la apropiación por parte de la jerarquía eclesiástica, a lo largo de la historia y en las últimas décadas, de infraestructuras populares que deberían estar en manos del patrimonio público”. Así, abogaba por “ seguir dialogando con la Iglesia y a firmar un acuerdo global sobre las infraestructuras del pueblo y de los barrios para que se utilicen en beneficio de todos”.

Ante estas declaraciones la Diócesis reclamaba a la alcaldía y demás autoridades que “cumplan con su deber ante estos hechos y que, además de hacer respetar las propiedades de la comunidad cristiana, protejan a estos ciudadanos de Zestoa, que requieren la misma atención y protección que el resto de conciudadanos”. Además, el Obispado reiteraba “la defensa de esta comunidad manteniendo la demanda judicial en vigor, a la espera que se pueda recuperar la actividad en el edificio cuanto antes”.

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