Industria armamentística
Una demanda en La Haya exige responsabilidades penales a España por la venta de armas a Arabia Saudí

Las críticas por la venta de armas españolas al Gobierno de Arabia Saudí, que participa en la guerra de Yemen desde 2015, fueron zanjadas con pragmatismo por el presidente español en funciones, Pedro Sánchez: “Si me piden dónde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos”.

Ahora, tras la iniciativa de seis organizaciones de derechos humanos que han presentado una demanda en La Haya, la complicidad de las empresas y los gobiernos europeos en “la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo”, según palabras de la ONU, puede derivarse en “responsabilidades penales y criminales”. 

Así lo cuenta a El Salto Jordi Calvo, integrante del Centre Delàs d’Estudis Per la Pau, una de las organizaciones que han interpuesto en el Tribunal Penal Internacional esta demanda de más de 800 páginas contra las empresas, los funcionarios y los cargos públicos europeos que autorizaron la venta de armamento o de material utilizado por Arabia Saudí en la guerra en Yemen.

En el caso español, explica Calvo, tanto los cazas Eurofighters —fabricados en parte en la fábrica de Airbus en Illescas, Toledo— como los aviones cisterna A-330, utilizados para el reabastecimiento en vuelo —fabricados íntegramente en Getafe, Madrid— han sido utilizados por Arabia Saudí en la guerra de Yemen. Según documenta la demanda presentada y confirma Calvo, los aviones A-330 han recibido mantenimiento en Barajas, así como repuestos por parte de Iberia Mantenimiento en todos estos años de conflicto y denuncias de violaciones de los derechos humanos.

Para Jordi Calvo, la responsabilidad de las empresas y el Gobierno español es clara, al haber permitido que estos aviones fueran transferidos a partir de 2015, “cuando todo el mundo estaba al corriente de las violaciones de derechos humanos” en el contexto del conflicto armado en la península arábiga.

La demanda, que ahora espera la decisión de la Fiscalía de la Haya sobre su admisión a trámite, pretende demostrar que los gobiernos y las empresas que autorizaron y siguieron vendiendo armas a Arabia Saudí “pese a toda la evidencia de que esto no debería hacerse, estaban animando y legitimando la acción de Arabia Saudí para continuar con su plan bélico en Yemen”. Unas acciones que, continúa Calvo, deberían tener responsabilidades penales.

La importancia de esta demanda para este integrante del Centre Delàs es que sirva de “precedente” para que las nuevas ventas o transferencias de operaciones acordadas en años anteriores “sean miradas con mucha más atención por la posibilidad que se derive de esto una responsabilidad criminal”.

Este sería el caso de las cinco corbetas actualmente en construcción en los astilleros de Cádiz que Navantia vendió a Arabia Saudí. El argumento de que estas corbetas no serán utilizadas en la guerra no se sostiene, defiende Calvo, ya que el bloqueo naval —destino previsible de estas embarcaciones— juega un “papel fundamental en la estrategia general de la guerra”.

El apoyo español a Arabia Saudí

El beneplácito del Gobierno español a la venta de armas a Arabia Saudí se explica, según afirma este investigador antimilitarista, por la “más que intensa relación entre ambos países con intereses económicos y de todo tipo, que hacen que España hoy en día sea el Gobierno de nuestro entorno que ha tenido una posición más tibia en cuanto a parar la venta de armas a Arabia Saudí”.

Los ataques a civiles —como los reportados por Amnistía Internacional en 2018, en los que murieron 141 civiles en ocho ataques aéreos—, el conteo de decenas de miles víctimas mortales y la situación de 22 millones de yemeníes que necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir no han sido argumentos suficientes para dejarse llevar por los “ideales”, según palabras de Pedro Sánchez en su comparecencia frente al Congreso en octubre de este año. Tampoco el hecho, reconocido por el propio presidente español, de que Arabia Saudí sea un régimen absolutista, implicado en el reciente escándalo por la tortura, asesinato por degollamiento y desmembramiento con una motosierra del disidente Jamal Kashoggi en el consulado saudí en Turquía.

La decisión del Gobierno de seguir adelante con la venta de armas a Arabia Saudí no solo ignora las medidas tomadas por otros gobiernos de la eurozona, como Alemania, que ha suspendido las operaciones de envío de armamentos a este país de Oriente Medio, sino que viola la legislación internacional, que prohíbe la venta de armas a países en conflicto o que violen los derechos humanos. También incumple la propia legislación española, que obliga a que sus exportaciones de armamento sean “coherentes con los compromisos vigentes de conformidad con el Derecho Internacional, de manera que se garantice que dichas exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos, no aviven los conflictos armados ni contribuyan de forma significativa a la pobreza”.

Poco ha servido que el propio Parlamento Europeo pacté una resolución que pide un embargo a toda la Unión Europea en la venta de armas de la dictadura saudí. El pasado octubre, Sánchez anunciaba que continuaría con las operaciones iniciadas de envío de armamento, eso sí, con el compromiso saudí de que el material bélico enviado no será utilizado en la guerra en la que está inmerso desde hace cinco años.

Según explica Jordi Calvo, este argumento y la aplicación de un certificado de uso final del material vendido a Arabia Saudí se queda en el papel. El caso presentado en La Haya, continúa, “intenta demostrar que tanto los A-330 como los Eurofighters han sido utilizados para bombardear hospitales y escuelas”, entre otros objetivos civiles.

El respaldo del Gobierno español al régimen saudí no se limita al suministro de armas. Preguntado por la celebración de la Supercopa española en Arabia Saudí en enero de 2020, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se limitó a afirmar que él era “más de baloncesto” y que no tenía una opinión al respecto.

La decisión —que en última instancia depende de la Federación Española de Fútbol, que recibe subvenciones y ayudas del sector público y que está controlada parcialmente por el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno— es una muestra más de la complicidad del Gobierno español con un régimen que viola los derechos humanos de forma sistemática, según Amnistía Internacional.

Si prospera la demanda ante el Tribunal Penal Internacional, los funcionarios públicos y los empresarios responsables tendrán que responder por ello.