Justicia
Qué implica y qué no la participación de España en el juicio que conduce Sudáfrica contra Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha presentado este jueves 6 de junio en rueda de prensa convocada de urgencia la que parece ser una nueva iniciativa de presión diplomática iniciada por el Estado español en defensa de Palestina: “España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza”. 

La cuestión planteada es ¿hasta qué punto eso influirá en el proceso y qué significa la adhesión? El estatuto del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU plantea distintas posibilidades. La primera, por la que han optado el Estado de Palestina, es acogiéndose al artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Palestina ha podido hacerlo gracias a una reciente resolución de la Asamblea General de la ONU para otorgar a Palestina nuevos derechos, mientras obtiene su admisión formal como Estado Miembro de Naciones Unidas.

El artículo 62 del Estatuto permite la entrada en el proceso “si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir". El Estado que comparta la preocupación del demandante original sobre el genocidio y considere que tiene un interés legal podría solicitar intervenir para apoyar la posición del demandante. En ese supuesto ha entrado Nicaragua y Colombia y lo hará Palestina.

En el caso del artículo 63, se trata de intervenir cuando “se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio”, bajo este supuesto han entrado México o Libia. Se trata de un supuesto en el que el Estado que lo solicita podrá presentar sus argumentos y perspectivas sobre la interpretación del tratado en cuestión, pero que no implica aceptar el marco de genocidio planteado por Sudáfrica.

Otros países como Maldivas, Egipto, Turquía, Irlanda y Bélgica han anunciado que también han anunciado que intervendrán, pero no han especificado cómo lo harán. Chile se sumará al grupo formado por Nicaragua y Colombia, aunque su escrito aun no ha sido remitido a La Haya.

Albares ha señalado que la medida no implica apoyar a ninguna de las partes en la causa, sino que consiste en asistir al tribunal a la hora de dictar sentencia. El ministro de Asuntos Exteriores ha evitado especificar si considera que las matanzas de civiles en Gaza constituyen un delito de genocidio, lo que indica que la posición de España se acoplará al supuesto establecido en el artículo 63 —y no el 62—. Exteriores ha comunicado que todavía está elaborando la solicitud, que se basa en esa intención de ayudar “a los jueces a la hora de tomar una decisión”. 

Desde Podemos se considera que el proceso de incorporación bajo el artículo 63 muestra la posición “tibia” del Gobierno. En El Tablero, de Canal Red, la secretaría general Ione Belarra, ha manifestado que se debe seguir ejerciendo presión, pero que esta medida no sirve para aislar a Israel, sino que “se dice que nos sumamos a una denuncia y en realidad no es así”.