I+D+i en Fotónica para desarrollar tecnologías de guerra, vigilancia y represión desde València

Alguien ha tomado la decisión de que València llegue a ser un polo tecnológico de armamento de guerra, vigilancia y represión. El eufemismo de la defensa deja de serlo cuando dichas tecnologías se emplean contra la población civil
F-35 en Gaza
fuente: UNICEF

Nodos UPV y UV de RUxP 

Un artículo recientemente publicado en “el Economista.es” titulado “La fotónica valenciana ya trabaja con Lockheed Martin, el mayor contratista militar del mundo” nos quiere descubrir lo bien que las universidades valencianas y el entorno empresarial e industrial están haciendo los deberes para convertir a València en un Silicon Valley de la industria militar. Un sueño de la emprendeduría local pretendidamente justificado por la coexistencia de un talento innato innovador, fomentado por eficaces planes de estudios universitarios de carácter científico-técnico, y avalado por el recorrido de investigadores e investigadoras que crearon empresas de tecnología disruptiva, muchas de estas participadas o compradas por fondos de inversión o grandes corporaciones.

Por el contrario, para muchas de nosotras, estas declaraciones demuestran cómo se está normalizando el discurso sobre el desarrollo de toda la tecnología militar (bélica, defensiva y represiva), y cómo se trata de ligar indisolublemente dicho desarrollo militar con el progreso científico y tecnológico de la electrónica y las comunicaciones (fotónica, chips electrónicos, tecnología móvil 6G), apalancado por el mito de la tecnología de uso dual (militar y civil). Así, igual que ocurrió con el ludismo a principios del siglo XIX, oponerse a dicho desarrollo militar parece ir en contra del sentido común, de lo razonable, del propio progreso finalmente. La lógica perversa se sustenta en el siguiente razonamiento: los circuitos fotónicos están llamados a sustituir a la electrónica basada en silicio en satélites, aviones y radares; el proyecto de fabricar aviones de guerra y misiles pasa por diseñar circuitos fotónicos; ergo es necesario fabricar aviones y misiles.

Los informes del Centre Delàs d’Estudis per la Pau nos advierten claramente que la Unión Europea avanza por el camino de la militarización, y que esta se presenta como necesaria e inevitable, como si no hubiera alternativa. Por supuesto, dicha política de rearme europeo repercute directamente en la investigación universitaria. La supuesta inevitabilidad de esta apuesta por la industria militar se ve corroborada por conclusiones ad hoc de un personal de investigación poco concienciado contra la militarización: «la cantidad de dinero destinada para aplicación militar en proyectos de investigación es tan grande, que no podemos dejar pasar la oportunidad».

El artículo de “el Economista.es” no tiene desperdicio. De él emergen tintes berlanguianos cuando un socio de Nazca (firma de capital privado) se refiere al desarrollo de la tecnología fotónica en València en estos términos: «se trata de una joyita que tenéis aquí en Valencia“. Un claro ejemplo de interés privado queriendo expoliar los resultados de proyectos financiados con fondos públicos. Se usa un lenguaje descarado y provocador, cuando en el contexto de “proyectos tangibles” (una crítica subliminal a todos aquellos proyectos y actividades universitarias que no se materializan en tecnología), se menciona con orgullo que una empresa valenciana del metal «produce percutores de obuses en L'Horta Nord». No hay uso dual, nos tememos.

Por último, cerrando el escenario de Escopeta Nacional, el coordinador de una recién creada red que trata de promover proyectos de rearme bélico en los institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT Defensa) nos deja joyitas del estilo de: «pueden surgir problemas, como la objeción de conciencia de los profesionales. Hay equipos que dicen que ellos no quieren trabajar para defensa». Todo un ejemplo de desprecio hacia la ética pacifista mayoritaria en la sociedad valenciana, la cual se ha plasmado históricamente en las protestas contra la guerra de Irak y, más recientemente, en la oposición al genocidio en Palestina. Conviene señalar que una de las compañías norteamericanas con las que se colabora en estos proyectos, Lockheed Martin, ha sido señalada en los informes de complicidad y responsabilidad con el genocidio en Palestina por la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese.

La prohibición de mantener cualquier colaboración desde terceros estados con los actos de ocupación, apartheid y genocidio de Israel ha sido dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (opinión consultiva del 19 de julio de 2024), así como Naciones Unidas (Position Paper of the United Nations Independent International Commission, 18 de octubre de 2025). Esta prohibición incluye, por supuesto, la complicidad con toda clase de compañías de desarrollo de tecnología militar de acreditada complicidad, pero también a las complicidades mantenidas por el desarrollo de tecnologías duales o del propio sector de la I+D+i que participe en entrenamientos conjuntos y maniobras militares con Israel. El caso de Lockheed Martin es rotundo en su complicidad. La compañía estadounidense es la directora del programa del avión de combate F-35. Albanese señala en su informe que “tras octubre de 2023, los F-35 y los F-16 [de Lockheed Martin] han sido fundamentales para dotar a Israel de un poderío aéreo sin precedentes que le permite lanzar unas 85.000 toneladas de bombas, gran parte de ellas no guiadas, para matar y herir a más de 179.411 palestinos y arrasar Gaza”.

El artículo de El Economista sigue señalando aspectos muy críticos insertados en este contexto de rearme europeo: Reconocen que «las compañías que quieran entrar en el sector tendrán que ser conscientes que exige cambiar la forma de gestionar y controlar la información, con ”reuniones en que nadie puede entrar con un móvil", tener que seguir los requisitos del CNI porque puedes ser espiado o también en la contratación de personal». Unas declaraciones sobre cómo de trasparentes deben ser las relaciones laborales y sociales en este ecosistema. 

Todas estas señales muestran claramente lo alejada que actualmente está la universidad española en general, y las universidades valencianas en particular, de los problemas que realmente afectan a la sociedad, al conjunto de las personas de a pie: el acceso a la vivienda, la creciente desigualdad económica, el colapso medioambiental y el aumento de la intensificación de las DANAs, el deterioro de la educación pública y de la cultura democrática y cívica. Estos problemas locales están íntimamente relacionados con los globales: genocidios, bloqueos y asedios económicos, desprecio a los derechos humanos e imposición de la ley del más fuerte, nueva colonización, agotamiento de los recursos, etc. La llamada cuarta misión de la universidad (misión cívica) parece ausente en este contexto. ¿Cómo de integrada está la academia en la sociedad?, ¿participa en los problemas de las ciudades?, ¿qué aporta a las organizaciones sociales?, ¿utiliza sus investigadores e investigadoras para resolver problemas locales?, ¿contribuye a la cultura de la paz y a la cohesión social?, ¿qué impacto tiene en barrios o colectivos vulnerables?

De lo que no hay duda es que alguien ha tomado la decisión de que València llegue a ser un polo tecnológico de armamento de guerra, vigilancia y represión. El eufemismo de la defensa deja de serlo cuando dichas tecnologías se emplean contra la población civil, aquí o en cualquier lugar. Frente a ello hacemos un llamamiento a las personas que trabajan en las universidades públicas valencianas para que primero, tomen conciencia de la misión cívica de la universidad y de cómo los intereses de la industria armamentística están impidiendo su desarrollo mediante el control de los recursos y de la agenda científica y educativa. Segundo, que mantengan una visión crítica permanente y denuncien públicamente cualquier complicidad con la industria militar, pues impide la promoción de la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos. La comunidad universitaria, científica e investigadora ha de mostrar y mantener un firme compromiso para no participar en el desarrollo de tecnología de doble uso o que facilite cualquiera de sus dimensiones bélicas que atentan contra esa paz con justicia que sostiene la convivencia de todos nuestros mundos.

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