Laboral
Los bomberos de Bizkaia denuncian un protocolo que les obliga a reutilizar equipos contaminados

La protesta de los bomberos y bomberas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Foral de Bizkaia continúa abierta. Semanas después de denunciar públicamente que el protocolo de descontaminación diseñado por la institución les obliga a reutilizar equipos contaminados tras las intervenciones, la plantilla asegura que la situación permanece prácticamente inalterada y ya prepara una nueva fase de movilizaciones para septiembre.

La última acción tuvo lugar el 23 de junio frente a la Diputación. Además de la habitual concentración, los trabajadores representaron de forma simbólica el procedimiento que, según denuncian, pretende implantar la administración para descontaminar los equipos tras un incendio. “Representamos el procedimiento de descontaminación actual, que implica que nos tengamos que desnudar, ponernos en calzoncillos, literalmente, en la calle para cambiarnos, quitarnos la ropa contaminada, ponernos un buzo, entrar a los camiones y, de vuelta al parque, si vuelve a haber otro incendio, abrir esas bolsas de basura, coger esa ropa que está manchada por hollín, que es contaminación, y volvértela a poner para acudir a la intervención”, explica a El Salto Gorka Manso, delegado de CNT en el servicio.

La escena buscaba mostrar de forma gráfica lo que, según el comité de movilizaciones, supone el protocolo propuesto por la Diputación: cambiarse en plena vía pública, almacenar los equipos de protección individual contaminados en bolsas de basura y volver a utilizarlos si surge una nueva emergencia antes de regresar al parque.

La plantilla considera que el procedimiento vulnera su intimidad y, sobre todo, incrementa la exposición a sustancias tóxicas. Recuerdan que la exposición ocupacional de los bomberos a agentes cancerígenos está reconocida por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica esta actividad profesional como cancerígena. El cáncer constituye además la principal causa de muerte del colectivo a nivel internacional.

Por ese motivo, los trabajadores reclaman protocolos de descontaminación “serios, realistas, profesionales y automatizados”, acompañados de la inversión necesaria para que puedan aplicarse de forma efectiva. También exigen revisiones médicas anuales, mejoras en el mantenimiento de los vehículos y materiales, así como la renovación de aquellos camiones cuya antigüedad consideran incompatible con un servicio de emergencias moderno.

Tras las protestas, desde el Comité de Seguridad y Salud de la Diputación se ha abierto un periodo de alegaciones al procedimiento de descontaminación que permanecerá abierto hasta mediados de julio. Sin embargo, entre la representación sindical predomina el escepticismo: “Desde el Comité de Seguridad y Salud se ha abierto un plazo que acaba a mediados de julio para presentar alegaciones al proceso de descontaminación para que avance algo”. Manso asegura que no tienen “muchas esperanzas” y piensan que “es el trámite burocrático que tienen que hacer y que eso no va a avanzar en un sentido del todo adecuado."

Los sindicatos también habían solicitado la creación de una mesa específica para abordar exclusivamente los problemas del SPEIS, pero la propuesta ha sido rechazada por la Diputación. “Sí que se intentó desde los sindicatos de la junta de personal pedir que se constituya una mesa de negociación específica de nuestro servicio de bomberos y bomberas, y han dicho que no merece la pena, que va a seguir tratándose como un tema más de la mesa general de negociación, donde se abordan todos los problemas de los más de 3.000 empleados y empleadas de la Diputación”, señala el delegado de CNT.

A juicio de la plantilla, esta decisión dificulta que puedan abordarse con la atención necesaria cuestiones técnicas y específicas del servicio de emergencias.

Un conflicto que va más allá del protocolo

Las movilizaciones, respaldadas por LAB, UGT, CCOO y CNT desde la asamblea celebrada el pasado noviembre, no se limitan al protocolo de descontaminación. El personal reclama una actualización de la valoración de los puestos de trabajo, congelada desde 2001; una carrera profesional que reconozca la experiencia adquirida dentro del servicio para acceder a puestos de mando; la implantación de la carrera horizontal y del coeficiente regulador de las horas nocturnas.

En materia de seguridad también denuncian retrasos en la reparación de vehículos y materiales, así como la falta de inversión para renovar parte de la flota, que consideran envejecida. Los sindicatos insisten en que todas estas reivindicaciones persiguen un doble objetivo: proteger la salud de los trabajadores y mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.

Lejos de dar el conflicto por cerrado, la plantilla ya anuncia nuevas movilizaciones una vez finalice el periodo estival. “En septiembre volveremos, cuando acabe el periodo de vacaciones. Empezaremos otra vez a movilizarnos”, concluye Manso. La representación sindical asegura que mantendrá la presión hasta que la Diputación adopte medidas que garanticen procedimientos de descontaminación eficaces y atienda el conjunto de reivindicaciones laborales y de seguridad planteadas por el colectivo.