Laboral
Las empleadas domésticas avanzan en sus derechos con una herramienta de prevención de riesgos

Aunque Trabajo ha contado con su participación, algunas organizaciones se preguntan quién inspeccionará esta evaluación y cuándo estarán en el régimen general de trabajadores.
Trabajadoras Hogar Panorama 2
Una mujer en una manifestación de empleadas de hogar. Edu León

¿Esa escalera es apropiada para limpiar las ventanas? ¿Están en suficiente buen estado los electrodomésticos para cocinar? ¿Hay una ventilación adecuada de las habitaciones? Estas y muchas otras preguntas son las que se encuentran las empleadas del hogar a la hora de realizar su trabajo en domicilios particulares. Su trabajo, muchas veces aislado y con la dificultad de ser en un entorno privado -donde no es fácil que se pueda hacer una inspección laboral-, les deja al amparo de empleadores responsables. 

Además de la ratificación del Convenio 189, tener derecho a desempleo o la aplicación del salario mínimo, las empleadas domésticas siguen en su lucha de tener los mismos derechos que otros trabajadores que sí están incluidos en el régimen general. Algo que, con su régimen especial, les ha dejado sin amparo hasta ahora. La ley de 1995 de Riesgos Laborales tuvo que ser ampliada en 2022 para incluir que “en el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Pero su condición especial no ha sido desarrollada hasta 2024, con el Real Decreto 893/2024

De 348.000 mujeres afiliadas en trabajo doméstico, cerca de 38.000 de ellas lo hacen en régimen de internas

Precisamente de este Real Decreto se desprende la necesidad de hacer una herramienta eficaz para prevenir los riesgos: identificarlos, situar la solución, poner nombre al responsable de hacer este cambio, fijar una fecha para subsanarlo y contemplar el coste de esta modificación. Así funciona Prevencion10, una herramienta digital presentada por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en la que han participado tres organizaciones de empleadas del hogar junto a los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

Se trata de una herramienta que afecta a más de 348.000 mujeres afiliadas, cerca de 38.000 de ellas lo hacen en régimen de internas sin horarios. El salario medio es de 1014, según el Ministerio de Trabajo, el 80 % de ellas tiene más de 40 años y el 69 % tiene origen extranjero o doble nacionalidad. Así fue el retrato robot que hizo Díaz de las empleadas domésticas, un sector, recordó, que “más necesarios para sostener la vida” cuya precarización “no es compatible con una democracia avanzada”, aseguró. 

Una de las agrupaciones de empleadas del hogar que participaron en la elaboración de esta herramienta fue Territorio Doméstico. Para Rafaela Pimental se trata de un logro “abordar un tema que llevamos tiempo detrás de ello” y que estaba previsto cuando se aprobó el real decreto. Las profesionales han estado en reuniones y talleres con las técnicas y técnicos del INSST para conocer la mejor manera de hacer una evaluación de riesgos. “La presión que estamos haciendo desde la autoorganización es imposible que no nos escuchen, no pueden darse el lujo de voltear la mirada y no contar con nosotras para la toma de decisiones”, opina Pimentel. 

La herramienta digital está pensada para dos situaciones: empresas de hasta 25 empleados o autónomos con servicios de atención en el domicilio y empleadores/empleadas en el hogar familiar. Tanto empleador como empleada deben entrar en un cuestionario donde deben valorar el estado de distintos apartados, se jerarquiza el nivel de riesgo y se proponen mejoras. Ejemplos son si se permite al personal doméstico que haga reparaciones en sustitución de profesionales, que trabajen mucho tiempo levantando los brazos (en lugar de facilitarles escalones y escaleras de seguridad), también si se incluyen entre las tareas de las empleadas acciones fuera de las viviendas, si existen pausas para el descanso o las condiciones de la vivienda (ascensores, estado de los suelos, barandillas), por ejemplo. 

“Si hay familiares que le dicen a la trabajadora que haga esto o aquello para su familiar mayor, también pueden cubrir la prevención el sobrino, la nieta o el hijo", reclaman desde Territorio Doméstico

El sistema permite hacer una evaluación en todos los apartados, con nivel de riesgos alto, medio y bajo, además de fijar acciones para evitar el riesgo, un calendario de actuación, quién es la persona responsable para hacerlo y qué coste tendrá. La herramienta incluye anexos y vídeos que explican cada situación de riesgo que se propone. Los responsables tienen seis meses máximo para implementar las medidas de mejora, desde que se registra el documento, lo que permite un seguimiento de la evaluación, que en noviembre deberá estar completado el proceso. 

El carácter digital de esta herramienta hace que sea más rápido de gestionar pero un inconveniente por la brecha tecnológica que hay para algunos empleadores. Territorio Doméstico tiene claro que esta tarea “pueden hacerlo familiares de las personas cuidadas”. Rafaela Pimentel explica que “si hay familiares que le dicen a la trabajadora que haga esto o aquello, que les ponen tareas para su familiar mayor, también pueden cubrir la prevención el sobrino, la nieta o el hijo. Ahí tienen que poner en marcha su responsabilidad”. 

El Ministerio de Trabajo hará llegar a todos los domicilios con trabajo doméstico una carta explicando qué es la herramienta y cómo aplicarla

Otro de los problemas es cómo llegar a todos los empleadores para que sepan que tienen que hacer la evaluación de riesgos laborales. El Ministerio de Trabajo hará llegar a todos los domicilios con trabajo doméstico una carta explicando qué es la herramienta y cómo aplicarla. Se trata de una medida que celebran desde Territorio Doméstico pero advierten que “como cualquier herramienta, hay que estar alerta para resolver cualquier problema, que no sean las trabajadoras las que tengan todas la responsabilidad de ver que funciona”. 

Para Servicio Doméstico Activo (Sedoac) también es una buena noticia esta herramienta. “Es útil, ayudará a la protección y seguridad en el trabajo, sobre todo también a romper con el imaginario colectivo de que la mujeres que trabaja en la casa no es ‘la que me ayuda, la chacha’ es una trabajadora y debe tener todos los derechos reconocidos”, indica Edith Espínola, miembro de Sedoac y directora del Centro de empoderamiento de trabajadoras del hogar y cuidados (Madrid). Su asociación también participó en los talleres de los técnicos del INSST, aunque señala elementos que no tiene el resultado final. 

Para Sedoac “se debe corregir la vigilancia a la Salud”, explican ya que para ellas debe ser anual y no cada tres años como se ha fijado. También, en caso de riesgos grave, “se debe contemplar el realojo de la trabajadora interna, pensando en que existen recursos para víctimas de violencia de género”. En este sentido explican que “las internas también pasan a quedar sin domicilio de residencia” además de sin trabajo. 

Preguntada por la posibilidad que desde Inspección de trabajo se entre en un domicilio privado a valorar riesgos laborales, Edith Espínola cree que “es casi imposible, a no ser que llegue con una orden judicial”

Otras de las preocupaciones de esta asociación es la huella digital que deja esta evaluación, en forma de fechas o modificaciones y quién controlará que se cumplan los cambios planificados. Preguntada por la posibilidad que desde Inspección de trabajo se entre en un domicilio privado a valorar riesgos laborales, Espínola cree que “es casi imposible, a no ser que llegue con una orden judicial”. Para Sedoac, el “aislamiento que se sufren las trabajadoras ni la repercusión en su salud física, psíquica y emocional” no están contemplados en Prevención10. 

Más críticas con esta medida de Trabajo son la Asociación Intercultural de Profesionales de Hogar y Cuidados (Aiphyc). “El real decreto deja a la decisión de la parte empleadora que sea quién analice cuales puedan ser los riesgos laborales en cada hogar, entonces sigue siendo una perspectiva de quién tiene el poder”, explica Marcela Bahamón, de la asociación valenciana, que admite que no han podido entrar en profundidad la herramienta ya que ellas siguen ayudando y gestionando la situación de muchas trabajadoras domésticas afectadas por la dana, tanto al quedarse sin trabajo como por la regularización de su situación administrativa. 

“El real decreto deja a la decisión de la parte empleadora que sea quién analice cuales puedan ser los riesgos laborales en cada hogar, entonces sigue siendo una perspectiva de quién tiene el poder”, critican desde Aiphyc

“Tenemos una compañera que trabajaba para una médica de cabecera y sus familiares y la propia empleadora ponía en duda los problemas de salud de nuestra compañera. La arbitrariedad que se comete es tremenda, estamos cansadas y sentimos que toda nueva normativa forma parte de un lavado de cara”, explica Marcela Bahamón, que cree que si querían cambiar las cosas de verdad deberían haber sido incluidas en el Régimen General de Trabajo, en lugar de uno especial o las prestaciones a las que podían tener acceso. “Para este sector todo son tiritas”, denuncian desde Aiphyc. 

Territorio Doméstico: “No vamos a parar hasta que estemos en iguales condiciones como cuidadoras y trabajadoras del hogar que cualquier otro trabajador y trabajadora”

Para Territorio Doméstico aunque celebran cada nuevo avance, recuerdan que su meta queda lejos aún: “No vamos a parar hasta que estemos en iguales condiciones como cuidadoras y trabajadoras del hogar que cualquier otro trabajador y trabajadora”. Como el derecho a la prestación por desempleo, que no han logrado que sea retroactivo pero en los tribunales se están ganando batallas en ese sentido al ser una discriminación por género. Y el acoso sexual o laboral, que actualmente se está creando un protocolo contando, de nuevo, con las asociaciones de empleadas domésticas. 

Pimentel recuerda que cada vez que hay un subida del salario mínimo ellas tienen la posibilidad de hablar de quién cumple y quién no las normas. “Tenemos claro que tiene que haber políticas públicas de cuidados para las familias que no pueden permitirse, pero actualmente hay muchas familias de La Moraleja que no pagan el salario mínimo y que no van a dejar de contratar, lo harán con personas sin papeles”. “Nosotras politizamos los cuidados”, explican y van a seguir haciéndolo.

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