Laboral
Trabajar para vivir, morir por trabajar

Sucedió el 25 de febrero de 2020 en La Rioja. Ese día Adriana se enteró por las redes sociales de que habían fallecido dos trabajadores en la empresa de fabricación y reparación de prensas en la cual trabajaba como operario su hermano Robert. “Lo primero que pienso como madre es que no sea mi hijo, pero acto seguido me vino a la mente que, si no, era el hijo de alguien”, declara Ana Corres, madre de Robert.

Tras ello, Ana, su marido y su hija fueron a la empresa directamente porque seguían sin decirles quién había fallecido. Estuvieron esperando en la puerta dos horas hasta que el médico forense les confirmó que Robert había fallecido. Nadie les explicó ni cómo ni por qué. Ana describe con detalle que la situación fue devastadora por lo ocurrido, por la falta de información y el poco respeto y cuidado que tuvieron con su familia.

Robert les había comentado con anterioridad la falta de seguridad que percibía en su trabajo, sobre todo a la hora de realizar el montaje y el desmontaje. “Sabíamos que su entorno laboral era de riesgo por los volúmenes con los que trabajaba. A pesar de ello, siempre he pensado que la seguridad en su entorno laboral estaría absolutamente garantizada”, recalca Ana.

Los cambios en el mercado laboral se reflejan en la siniestralidad en el trabajo

Laura L. Ruiz

2

Laboral

Laboral Los cambios en el mercado laboral se reflejan en la siniestralidad en el trabajo

Laura L. Ruiz

2

Pese a la bajada de contratos temporales, la rotación aumenta en los fijos discontinuos, donde aumentan los accidentes. Las mujeres tienen un 31% más de siniestros in itinere debido a los contratos a tiempo parcial y dedicarse a los cuidados.

Un niño de dos años y una niña de ocho se quedaban huérfanos con lo sucedido, por lo que una técnica de servicios psicosociales fue a su casa para que, según relata Ana, antes de que se fuera, les dijeran a los hijos de Robert que su padre había fallecido: “Fue algo que tuve que hacer yo. Ese día es todo un poco irreal. En eso estaremos de acuerdo todas las personas que hemos perdido un ser querido en el trabajo. Es una situación que nadie espera y para la que no estamos preparados ni podemos imaginar”.

A ello añade que nadie de la empresa durante todos estos años ha dado la cara para explicarles lo que le pasó a su hijo y a su compañero, motivo por el cual trataron de hablar con otros compañeros de trabajo. Lo único que recibieron fue algún testimonio por teléfono por el cual supieron que al compañero de su hijo se le había caído encima una prensa porque el apilador que lo contenía no era estable y se derrumbó sobre él. Robert fue a socorrerlo como una respuesta de ayuda y otra estructura cayó sobre él. Los dos murieron prácticamente en el acto.

Las cifras de la siniestralidad laboral

Robert integra una de las problemáticas más crudas del país, como es la siniestralidad laboral. Según el informe estadístico publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 796 trabajadores y trabajadoras perdieron la vida durante su jornada laboral o en el traslado a su puesto de trabajo en el año 2024. Esta cifra supone un aumento del 10,4% respecto a la estadística de la siniestralidad laboral del período anterior. Estas muertes se concentran, sobre todo, en los sectores del transporte, la construcción y la industria.

Miguel Fadrique, secretario general de la Confederación General del Trabajo, señala la extrema gravedad de los datos e indica que la valoración no puede ser otra que calificar como un fracaso tanto el sistema preventivo como la alarmante falta de recursos y de voluntad política para revertir una situación que se viene derivando de los años anteriores. “En los últimos treinta años han muerto más de 30.000 personas mientras estaban trabajando. La situación es lo suficientemente grave como para que por parte de los poderes públicos tengan respuestas urgentes y contundentes para frenarlo”, afirma.

Comisiones Obreras presentó recientemente un informe sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el que se concluía que el 36% de los accidentes tienen lugar en entornos laborales donde no se ha realizado una evaluación de riesgos a pesar de que esta es una obligación legal desde 1996.

Entre sus principales causas: externalización de servicios, falta de prevención, el retraso en la edad de jubilación, la precariedad laboral y la carencia de representación sindical

Mar Lucea, técnica superior de prevención de riesgos laborales, se refiere a cómo “el conflicto capital-trabajo se manifiesta en su forma más evidente con las altísimas cifras de accidentes laborales mortales”, los cuales se acumulan mayoritariamente en los niveles más bajos de las cadenas de subcontratación y repercuten sobre los trabajadores y trabajadoras más vulnerables.

Entre sus principales causas se encuentran, según cita, la cada vez más tendente externalización de servicios, la falta de integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas acompañada del escaso control ejercido sobre sus prácticas irregulares, el retraso en la edad de jubilación o la precariedad laboral unida al miedo a la pérdida de empleo y a la carencia de representación sindical, que pone de manifiesto la máxima vulnerabilidad laboral.

Fadrique vincula este último aspecto con la no derogación de la reforma laboral, ya que considera que permite la precariedad, sobre todo en los sectores más feminizados, como las trabajadoras de hogar y los cuidados, las camareras de pisos o los servicios de atención de atención a domicilio, “donde no tienen recogidas esas enfermedades y lesiones de origen laboral, pero sí que las están sufriendo continuamente”.

“Es responsabilidad de las empresas garantizar la seguridad de su personal trabajador durante los desplazamientos al trabajo”, explica Mar Lucea

Si se desgranan los datos del informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se puede observar que se ha producido también un aumento significativo de los accidentes laborales in itinere, es decir, en el desplazamiento desde o hacia el puesto de trabajo, con 1.030 considerados como graves (83 más que en 2023) y 150 mortales (10 más).

Entre sus causas principales Lucea identifica las prisas, el cansancio tras las largas jornadas laborales y el estrés laboral, ante lo que “es responsabilidad de las empresas garantizar la seguridad de su personal trabajador durante los desplazamientos al trabajo”. Para ello se hace imprescindible un mayor control de las horas trabajadas impidiendo el abuso que se ejerce sobre las horas extraordinarias y garantizando el cumplimiento de las doce horas de descanso entre jornadas. Otras medidas posibles a tomar serían el fomento de la flexibilidad en la entrada y salida al trabajo, así como la impartición de formación en seguridad vial.

Por otra parte, se ha producido un 0,5% más de accidentes laborales con baja que en el año anterior, pero menos sin baja, con un descenso de un 3%. Para Fadrique, “detrás de todos esos accidentes que no acaban en baja hay mucha trampa”, con empresas que obligan a los trabajadores y trabajadoras a acudir al puesto de trabajo o, por lo menos, a ir presencialmente estando lesionados para que no computen las bajas por los bonus que reciben las empresas o con derivaciones a la Seguridad Social de lesiones producidas en el trabajo para que se hagan cargo ahí y eximir así sus responsabilidades.

Los trabajadores de la construcción piden la jubilación anticipada por la alta siniestralidad

Redacción El Salto

Laboral

Laboral Los trabajadores de la construcción piden la jubilación anticipada por la alta siniestralidad

Redacción El Salto

CCOO y UGT piden a la Seguridad Social que les apliquen los coeficientes reductores como ya se ha hecho en otros sectores como los bomberos o los mineros. La patronal lo rechaza.

“Las mutuas son empresas y como tales tienen que facturar. Ningún trabajador o trabajadora puede pensar que están para su beneficio”, ya que Fadrique estima que, cuantas menos bajas y accidentes laborales haya, es mejor para las mutuas, que van a hacer lo posible para derivar la responsabilidad de la propia mutua y la empresa para la que trabaja. Por lo tanto, desde CGT exigen que sea la Seguridad Social quien gestione todo lo relacionado con el control de los accidentes laborales y las enfermedades en el trabajo, ya que “si no, estamos en manos de una empresa que gestiona nuestra salud y nuestra vida”.

Un proceso judicial interminable y el dolor del silencio

Al impacto por la pérdida de su hijo en el trabajo se une lo que vendría posteriormente para la familia de Ana. Después de un año del suceso, llegó el exhaustivo informe de inspección laboral en el que se detallaban varios incumplimientos en materia de prevención de riesgos por parte de la empresa. “Confirmó que no se cumplían las medidas de seguridad, que no había la formación necesaria y que faltaban procedimientos laborales adecuados para trabajos altamente peligrosos. La consecuencia de ello es que se desplomase la estructura sobre dos trabajadores”, declara Corres.

Supuso un oasis tras un año de absoluta incertidumbre. En los primeros momentos Ana pensó que su hijo había cometido algún error porque, “cuando trabajamos ocho horas en tareas repetitivas, es humano cometer un error”. Sin embargo, expresa que el informe detalló que ellos no cometieron ningún error, sino que se les cayó encima la estructura porque no había las medidas de seguridad para que esto no ocurriese.

Después de la luz que arrojó el informe, “la lucha todavía está más clara”, pero cinco años y dos meses después del accidente, continúan sin tener una fecha de juicio, cuya instrucción judicial del proceso penal finalizó en diciembre de 2024. Ahora se tiene que continuar con la calificación del caso, donde esperan que la justicia “deje de mirar para otro lado, como suele ocurrir con los procesos de siniestralidad laboral”, declara.

“Lo primero es hacer justicia, para poder cerrar el proceso y empezar a pensar en luchar de otra manera para cambiar las cosas", reclama Ana Corres, hermana de un trabajador fallecido

En relación con el proceso judicial, Corres detalla cómo se convierte en tiempo que se alarga o en la desaparición de los testigos si es que los hay, lo cual conlleva que, si los juicios penales ordinarios comprenden de uno a tres años, los juicios penales por siniestralidad laboral llegan a dilatarse hasta los cinco o siete años. “Lo primero es hacer justicia, ya que es lo que nos deja cerrar el proceso y empezar a pensar en luchar de otra manera para cambiar las cosas, pero con estos procesos, que son eternos, es muy difícil”, argumenta.

Por otro lado, en el procedimiento civil, la inspección laboral propuso una sanción a la empresa y un recargo de prestaciones, dado que hay cinco huérfanos (dos en el caso de Robert y tres de su compañero). Esto fue recurrido por la empresa hasta el Tribunal Supremo, que lo inadmitió, pero sigue sin hacerse efectivo el recargo de prestaciones debido a las sucesivas reclamaciones de la empresa.

“Todas las víctimas coincidimos en que te quedas atrapada en ese día. Es algo que hay que evitar porque impide que pases de ese momento y proceses todo lo ocurrido”, relata Corres, a quien lo que más le dolió fue el comportamiento de los compañeros de Robert, ya que no entiende cómo, después de ver esas dos muertes y la causa que fue, no les hayan ayudado y arropado durante este tiempo.

Cada aniversario Ana y su familia han ido a la empresa con flores y pancartas pidiendo justicia y, como mucho, les han pitado a la salida y han levantado la mano, pero ninguno de los compañeros ha salido fuera de la empresa con ellos. Cuando ocurrió el accidente, llamaron por teléfono para intentar recabar opiniones y argumentos de los testigos. Solamente una persona les habló de todo lo que había pasado. A pesar de ello, les dijo que no contaran con él para declarar.

Por eso siente que, salvo el entorno más cercano, el abandono es total. “Al cabo de un año, la gente te deja de preguntar”. Para ella, las víctimas laborales son víctimas de segunda categoría por la falta de apoyo psicológico o asesoramiento legal a nivel institucional y el silencio a nivel social que perpetúa que esto siga ocurriendo. “La estructura de la impunidad de los delitos laborales se sostiene por el silencio”, afirma.

Medidas necesarias

Ante todo ello, cabe preguntarse qué hace falta para abordar en profundidad la gravedad de la siniestralidad laboral. Lucea tiene claro que la rentabilidad empresarial no puede prevalecer sobre el derecho constitucional a la seguridad y salud en el trabajo. Debido a la escasa cultura preventiva y las carencias de representación sindical, sostiene que resulta necesaria la introducción de la figura del delegado o delegada de prevención en las empresas de menos de cincuenta personas, ya que aquellas que cuentan con esta figura tienen menores tasas de siniestralidad laboral.

De este modo, reivindica que las patronales deben integrar la prevención de riesgos en toda la estructura de la empresa y que esta tiene que convertirse en prioridad y dejar su papel de elemento secundario. “La problemática principal se centra en que las empresas tienden a considerar la prevención como un mero trámite con la única finalidad de evitar sanciones, por lo que se hace evidente la inoperatividad de los sistemas de gestión preventiva que sostienen estas praxis”. Como resultado, se acaba perdiendo el foco de su verdadero propósito: garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.

Por último, estima que las instituciones juegan un papel fundamental en varios aspectos: la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a los constantes cambios del mercado de trabajo y de los medios de producción, la dotación de más medios a la inspección de trabajo para actuar con contundencia ante las prácticas irregulares y la promoción de la prevención de riesgos laborales con el fin de entender que nos encontramos ante “una problemática que nos atañe a todas las personas”.

CGT va a realizar una acción reivindicativa, con una concentración de delegados y delegadas del sindicato frente al Congreso de los Diputados

En diciembre de 2021 la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó el Plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo. Sobre sus efectos y otras cuestiones quisimos hablar desde El Salto con el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez, pero desde su equipo no respondieron al cierre de este reportaje a las preguntas planteadas al respecto.

Fadrique cree que el citado plan de choque no ha surgido efecto, ya que, para él, una cosa es el anuncio y otra realizarlo y que eso tenga unas consecuencias. “No se están haciendo bien las cosas porque se puede hacer muchísimo más”. Ante ello, este 28 de abril, fecha en la que la Organización Internacional del Trabajo conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, desde CGT van a realizar una acción reivindicativa, la cual forma parte de una campaña permanente desde 2023, con una concentración de delegados y delegadas del sindicato frente al Congreso de los Diputados y con el registro de una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios, excepto a Vox, con el objetivo de reclamar una batería de medidas en un día tan simbólico.

Entre las propuestas a nivel estatal, autonómico y local se encuentran la obligación del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la revisión y ampliación del cuadro de enfermedades profesionales asegurando el reconocimiento de los sectores precarizados, la aplicación real y efectiva del Real Decreto relativo al establecimiento de coeficientes reductores y la anticipación de la edad de jubilación en trabajos peligrosos, el impulso a las políticas de protección integral o la derogación de normas que faciliten la precariedad como la subcontratación y cualquier forma de explotación laboral que perjudique la salud mental y física de los trabajadores y trabajadoras. “Nunca se puede hablar de accidentes cero, pero con ello bajarían mucho las cifras dramáticas y peligrosas que se están produciendo en el país en los últimos años”, razona Fadrique.

Corres señala la importancia de visibilizar la siniestralidad laboral, de cómo en La Rioja los únicos que lo hacían eran las personas de la Hermandad Obrera de Acción Católica con las concentraciones para cada accidente de trabajo y que, a raíz del contacto con otras víctimas, formaron la Plataforma 28 de abril Stop Accidentes Laborales. Tras ello, se pusieron en contacto con otras asociaciones de España para coordinar su trabajo y crearon la Federación de Asociaciones de Víctimas, Accidentes y Enfermedades Laborales, cuya labor es dar apoyo, información, asesoramiento y voz a las víctimas de la siniestralidad laboral.

Hace un año se reunieron con el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social y recientemente han estado también en Madrid con diputados del Partido Socialista y Sumar para trasladarles sus propuestas. Algunas de ellas son la atención a las víctimas con asesoramiento burocrático y judicial y apoyo psicológico, un mayor número de inspecciones y que estas sean reales, las exigencias en lugar de recomendaciones cuando hay incumplimientos,el seguimiento de las empresas que tienen elevados índices de siniestralidad laboral, las sanciones ejemplarizantes, el acortamiento de los plazos en los juicios o el establecimiento de la siniestralidad laboral como prioridad política y sindical.

En definitiva, Corres considera que la legislación es adecuada, pero que no se cumple ni se aplica, sino que se va a peor, tal como reflejan las cifras. Es algo que en su opinión hay que atajar, como la mercantilización de la prevención. Finalmente, Corres remarca que ella trata de no personalizar su caso, sino de hablar en nombre de todas las víctimas reclamando verdad y justicia para todos los trabajadores y trabajadoras que han sufrido “un mal llamado accidente laboral, ya que la mayor parte son evitables”. Ante ello, reclama que, por supuesto, las cosas se pueden mejorar. Para que se produzca ese cambio, se debe entender que “la vida humana es lo primero por encima de la productividad”.