Ley de Vivienda
Sumar plantea bloquear fondos a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda

Sumar ha presentado sus condiciones para negociar con PSOE la aprobación de los presupuestos de 2025. El documento fue presentado por la ministra de trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acompañada por los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Mónica García y Sira Rego.

El derecho a la vivienda y la necesidad de reducir el precio del alquiler y de las hipotecas ocupa un lugar privilegiado en las reivindicaciones de la formación. “Hoy el principal problema de la ciudadanía es la vivienda. Está rompiendo nuestra sociedad. Nuestros jóvenes no pueden alquilar y vivir a la vez. Por eso nosotros lo tenemos claro y será una de las principales propuestas de negociación: queremos casas para vivir y no para especular. Proponemos prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas con fines especulativos”, dijo Díaz en la presentación.

La propuesta estrella para estos presupuestos está encaminada a burlar el bloqueo que la mayoría de las comunidades autónomas han levantado alrededor de la Ley de Vivienda, especialmente sobre los topes al alquiler que incluye la norma que entró en vigor en mayo de 2023. Desde entonces, solo Catalunya ha comenzado a aplicarlos, mientras que Navarra y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE en alianza con partidos de izquierda, están estudiando su aplicación. 

García-Page se escuda en los ayuntamientos del PP para no aplicar la Ley de Vivienda en Castilla-La Mancha

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

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La regulación del precio del alquiler no está ni se la espera en las zonas tensionadas de Castilla-La Mancha. El presidente regional Emiliano García Page (PSOE) aduce que los ayuntamiento del PP y Vox no se lo han pedido.

Por su parte, las 11 comunidades en manos del PP y Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE con mayoría absoluta, han mostrado su oposición radical a la regulación de los precios de los alquileres, a pesar de contener casi todas ellas áreas que podrían ser consideradas tensionadas según los parámetros de la Ley de Vivienda.

Ante la “inacción” de estas comunidades en materia de vivienda, Sumar propone “condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las Comunidades Autónomas” a la aplicación de los topes al alquiler en estas zonas tensionadas. 

Además de bloquear estas ayudas para las comunidades autónomas que no apliquen la regulación del alquiler, el documento de 36 páginas presentado apunta a mejorar la Ley de Vivienda estableciendo un régimen sancionador “para asegurar su cumplimiento” o topar el precio de las viviendas en alquiler en zonas tensionadas al 30% de la renta de los hogares inquilinos. Las propuestas de Sumar también incluyen una prohibición temporal en zonas tensionadas de la compra de vivienda con “cualquier uso diferente a la vivienda habitual o el alquiler asequible”.

Las 11 comunidades en manos del PP y Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE con mayoría absoluta, han mostrado su oposición radical a la regulación de los precios de los alquileres

Además, la ruta de negociación con el PSOE a la interna del Gobierno incluye demandas ya presentadas y desoídas por el socio mayoritario, como acabar con los alquileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas, establecer la portabilidad obligatoria para las hipotecas entre entidades bancarias o destinar el 1% del PIB anual a la inversión al parque de vivienda pública de “alquiler asequible y no descalificable”. 

Para acercar el parque público a ratios europeos —la media europea es del 9,3% mientras que en España las viviendas públicas apenas llegan al 3%— proponen desplegar un fondo de 40.000 millones de euros para que las comunidades y los ayuntamiento amplíen el patrimonio público de viviendas. Estas ayudas estarían condicionadas a la movilización de la vivienda vacía en zonas tensionadas, a la utilización del tanteo y retracto —para que las administraciones tengan prioridad de compra en operaciones inmobiliarias en las que participan fondos de inversión o grandes bancos—, el aumento progresivo de la fiscalidad a las viviendas vacías o la ampliación al 40% del mínimo de vivienda protegida que los promotores deben asegurar en determinadas operaciones. Todas estas posibilidades están amparadas en la Ley de Vivienda pero las administraciones, tanto del PSOE como del PP, no las están utilizando.

Las propuestas de Sumar también incluyen una reforma fiscal “para que pague más quién más tiene”, con medidas como el aumento de la tributación a las grandes empresas, la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias, la reducción de los beneficios fiscales de las socimis y la sicav y la eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica.