Ley de Memoria Histórica
ARMHEx presenta alegaciones al BIC de la Cruz de Cáceres

“Confiamos en que los funcionarios de la Junta de Extremadura encargados de valorar las alegaciones se guíen por criterios objetivos técnicos y no políticos”.

Estas declaraciones han sido realizadas por miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx) tras presentar mediante registro electrónico las alegaciones al expediente iniciado por la administración autonómica para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los caídos de Cáceres, un monumento ya catalogado como vestigio franquista por la Secretaría General de Memoria Democrática, que instó en su día al Ayuntamiento de Cáceres para su retirada. Cumplido el plazo y tras la maniobra realizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, patente en la publicación el pasado 18 de agosto de una resolución dictada por el consejero de Cultura Laureano León Rodríguez para que se incoase expediente como BIC, este símbolo del franquismo sigue incólume, sin que la Secretaría de Estado haya iniciado acciones de ningún tipo al respecto.

El escrito presentado por la ARMHEx solicita el archivo del expediente al considerar “que la propuesta no acredita los requisitos de singularidad, excepcionalidad y relevancia patrimonial exigidos por la legislación extremeña de patrimonio histórico y cultural”. Esta asociación señala además la contradicción en que incurre la pretendida protección del monumento con los principios de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y con la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ya incluyó la Cruz de los caídos de Cáceres en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Fallos técnicos y jurídicos en la declaración como BIC

Las alegaciones presentadas llaman la atención sobre importantes debilidades técnicas y jurídicas que se desprenden del expediente administrativo, al que la asociación ha tenido acceso. Entre ellos cabe destacar “la inexistencia de valores artísticos, arquitectónicos o culturales excepcionales que justifiquen la máxima figura de protección patrimonial, la limitada relevancia histórico-patrimonial del monumento, cuyo interés reside fundamentalmente en el contexto histórico de su construcción y en la memoria social asociada al mismo, circunstancia que por sí sola no justificaría una declaración BIC”.

La ARMHEx señala también las contradicciones que se desprenden del expediente, dado que en el mismo se reconoce la vinculación del monumento con la simbología y la arquitectura de exaltación del régimen, a la vez que se sostiene simultáneamente que habría adquirido un significado diferente tras las modificaciones realizadas en 1984.

Su conservación en el espacio público de la Plaza de las Américas, recuerda la asociación memorialista, continúa siendo objeto de controversias y de reivindicaciones enfrentadas, lo cual es señal de la persistencia social y memorial en torno a un supuesto monumento que, en caso de que se declarara BIC, supondría una revictimización de las víctimas de la dictadura y de sus familiares, “al otorgar la máxima protección patrimonial a un símbolo asociado históricamente a la exaltación de la sublevación militar y del franquismo”.

Entre las alegaciones presentadas, la ARMHEx recuerda también que el Ayuntamiento de Cáceres ya acordó en un pleno de 2004 el traslado de la cruz al cementerio municipal, sin que dicho acuerdo llegará jamás a ejecutarse, circunstancia que ha sido denunciada por las asociaciones memorialistas ante la oficina del Defensor del Pueblo.

La Junta de Extremadura incurre en un posible uso falsario de los nombres de historiadores

La publicación el pasado 8 de agosto de la resolución del Consejero de Cultura motivó que dos destacados historiadores -César Rina, de la Universidad de Extremadura y Miguel Ángel del Arco, de la Universidad de Granada- denunciaran un uso espurio y torticero de sus nombres como aval para la protección del vestigio en su lugar actual, tergiversando sus estudios de forma interesada. La Junta de Extremadura, lejos de pedir disculpas y dar explicaciones adecuadas, negó tal uso y les invitó a que presentaran alegaciones contra un expediente que, en parte, se fundamentaba de modo ilegítimo y falsario en sus conclusiones.

“La Junta de Extremadura, lejos de pedir disculpas y dar explicaciones adecuadas, negó tal uso y les invitó a que presentaran alegaciones contra un expediente que, en parte, se fundamentaba de modo ilegítimo y falsario en sus conclusiones”

El expediente, que obra ya en manos de las asociaciones memorialistas y particulares que han querido acceder a él, consta con el respectivo informe de un profesor  y de una profesora de la Universidad de Extremadura, que avalan la permanencia de la Cruz de los caídos en su lugar actual. Uno de ellos, además, intervino como ponente experto en la defensa de la Ley de Concordia aprobada por el Gobierno de María Guardiola a instancia de Vox, una ley autonómica cuyo articulado en parte ha sido paralizado por el Tribunal Constitucional. Entre los artículos paralizados se encuentra el referente a la derogación de la anterior Ley de Memoria Democrática de Extremadura.

Más de una decena de expertos y expertas fundamentan las alegaciones para la retirada de la Cruz de los caídos

La ARMHEx ha fundamentado sus alegaciones en informes presentados por un conjunto de 13 expertos y expertas en la materia, de ámbito regional, nacional e internacional. Los informes incorporados coinciden en señalar que la Cruz de los caídos de Cáceres carece de singularidad patrimonial suficiente para ser declarada BIC y que “su valor principal radica en la memoria histórica asociada a su origen como monumento de exaltación de los vencedores de la Guerra Civil y de la dictadura franquista”.

Los informes que se adjuntan sostienen que “la preservación documental, el estudio histórico y la contextualización crítica, así como el acuerdo del Ayuntamiento de Cáceres en 2004 para su traslado al cementerio, constituyen alternativas más adecuadas que otorgar la máxima protección patrimonial prevista si fuera declarado como BIC en su actual emplazamiento”.

Según la nota de prensa enviada por la ARMHEX, el amplio elenco de expertos y expertas que acompañan con sus fundamentados informes las alegaciones, y a quienes esta asociación memorialista agradece su colaboración desinteresada a la hora de aportar sus estudios, está compuesto por:

 Julián Chaves Palacios, catedrático de la Universidad de Extremadura, doctor en Historia y especialista en Historia Contemporánea.

Ángel Olmedo Alonso, historiador extremeño, director de los campos de trabajo de memoria histórica y Premio “Arturo Barea” de Investigación Histórica.

Grupo de Investigación “Determinantes Sociales y Culturales de la Salud” de la Universidad Complutense de Madrid, integrado por: Elena Ayllón Alonso, doctora y profesora del Departamento de Psicología Social; Miguel Ángel Estévez Paz, doctor y profesor del Departamento de Psicología Social; Juan Hermoso Durán, doctor y profesor del Departamento de Psicología Social; Antonio Jesús Molina Fernández, doctor y profesor del Departamento de Psicología Social; Florentino Moreno Martín, doctor y profesor del Departamento de Psicología Social.

Marisa González de Oleaga, catedrática de Historia Social de la UNED y especialista en memoria e historia social.

Daniel Palacios González, doctor en Historia del Arte por la Universität zu Köln (Colonia-Alemania) y la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en patrimonio, memoria e historia del arte.

Sagrario Aznar Almazán, catedrática de Historia del Arte de la UNED, especialista en arte contemporáneo, monumentos y memoria histórica.

Miguel Anxo Rodríguez González, profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Historia del Arte y especialista en arte contemporáneo.

Camila Opazo Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura, especialista en patrimonio y memoria e investigadora vinculada al Consejo Internacional de Museos (ICOM-España).

Sanja Horvatinčić, doctora en Historia del Arte, investigadora del Instituto de Historia del Arte de Zagreb (Croacia) y profesora asociada de Durham University (Inglaterra), especialista en patrimonio conmemorativo y estudios críticos de la memoria.

La ARMHEx reclama objetividad en el trabajo de los funcionarios

Por último, a través de su comunicado de prensa, la ARMHEx reclama a la Administración autonómica y “confía en el trabajo de sus funcionarios para una valoración objetiva de las alegaciones y de los informes técnicos aportados antes de adoptar una decisión definitiva sobre el expediente”.

Según declaraciones de algunos de sus miembros, en definitiva de lo que se trata es de que se valoren y estudien adecuadamente las alegaciones presentadas por esta y otras asociaciones, ya sean memorialistas o no, según los criterios técnicos y con carácter objetivo, sin que influyan los criterios políticos que se desprenden de algunas organizaciones a la hora de mantener vestigios franquistas de este tipo.  

La ARMHEx recuerda que aún se siguen recogiendo firmas para la retirada de este símbolo franquista, en colaboración con otras asociaciones. A fecha de publicación de este artículo se alcanzan ya casi las 5000 firmas.