Ley de Memoria Histórica
La Memoria Histórica de Extremadura exige que se retire la “Cruz de los caídos” de Cáceres

Con agosticidad y alevosía. Así califican miembros de las asociaciones memorialistas de Extremadura el anuncio por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura el inicio de expediente para declarar Bien de Interés Cultural la “Cruz de los caídos” de Cáceres, mediante la publicación en el DOE, el pasado martes 18 de agosto, de la resolución firmada por el titular de esta consejería, Laureano León Rodríguez, una maniobra, a juicio de estas asociaciones, para eludir el cumplimiento de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y perpetuar símbolos franquistas en el espacio urbano de Cáceres, en sintonía con una agenda marcada al Gobierno extremeño por organizaciones adscritas a la ultraderecha, como Hazte Oír y el partido político Vox.

En respuesta a este anuncio, que pretende utilizar la figura jurídica del Bien de Interés Cultural con fines ideológicos y partidistas, varias decenas de asociaciones memorialistas extremeñas iniciaron el pasado jueves 20 de agosto una recogida de firmas en la plataforma Change.org, bajo el lema “Firma por la retirada de la Cruz de los caídos de Cáceres. ¡Cumplimiento de la Ley ya!”, que solo en 12 horas llevaba ya recogidas más de 1000 firmas, dirigidas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres.

Según comunicado de prensa emitido por las asociaciones, la acción del Gobierno extremeño intenta bloquear la resolución del Gobierno de España que ya ordenó la eliminación de la Cruz e inclusión en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática. Del mismo modo, ya figuraba dentro del Catálogo de vestigios franquistas de la Diputación de Cáceres desde 2018. Además, existe un acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Cáceres de fecha 16 de diciembre de 2004, aprobado por unanimidad, para la retirada de dicha cruz y su traslado al cementerio municipal.

Entre las peticiones de la campaña iniciada en change.org, están las de la anulación del expediente BIC, el cumplimiento de la Ley 20/2022 en su artículo 35, junto a la resolución de la Secretaría de Estado para proceder a la retirada de la Cruz y el ejercicio de la transparencia informativa, dado que la Consejería de Cultura no ha publicado de modo íntegro los informes técnicos en los que se fundamenta para la incoación de expediente, ni la procedencia o autoría de los mismos.

Las asociaciones, que se personarán en el proceso del expediente incoado, inician con esta recogida de firmas una campaña que incluye la presentación de alegaciones y la información a la ciudadanía de los métodos de la Junta de Extremadura para eludir el cumplimiento de la Ley.  

Las asociaciones extremeñas de Memoria Histórica de Extremadura ya han demostrado en anteriores ocasiones su fuerza y alto nivel de implantación en Extremadura, como durante el proceso de derogación de la anterior Ley de Memoria por parte del Gobierno extremeño y PP y la aprobación de la llamada Ley de Concordia, una ley recurrida por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, porque reduce la protección y los derechos fundamentales de las víctimas de la dictadura, cuya dignidad vulnera.

Miembros de estas asociaciones han transmitido su preocupación no solo por la acción del Gobierno de Extremadura en cuanto a la protección de símbolos franquistas, sino por el uso arbitrario que dicho Gobierno hace, en su propio interés ideológico, de las instituciones y figuras jurídicas, como es la de intentar de modo torticero declarar Bien de Interés Cultural una construcción que no tiene ni valor artístico ni patrimonial, y que fue edificada como símbolo de la represión franquista en Cáceres, donde fueron asesinadas, después de la toma de la ciudad más de 600 personas, muchas de ellas aún desaparecidas.